Javier Milei viajó a Brasil, subió al estrado de un acto partidista, intervino abiertamente en la competencia política interna de ese país y volvió a insultar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo llamó ladrón, delincuente y presidiario; atacó también a un integrante de la Suprema Corte y actuó como si la diplomacia fuera una extensión de sus mítines, sus redes sociales y sus furias personales. Brasil respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires y exigiendo explicaciones al representante argentino en Brasilia. La crisis estaba servida.

No se trata de defender a Lula ni de impedir que se cuestionen su gobierno, su trayectoria, sus decisiones o sus alianzas. Todo gobernante puede y debe ser criticado. Tampoco se trata de negar a Milei el derecho a expresar diferencias ideológicas profundas con la izquierda latinoamericana. El problema es otro: un presidente no es un comentarista de televisión, un provocador profesional ni un militante cualquiera. Cuando habla fuera de su país no representa solamente sus emociones, resentimientos o simpatías partidistas, sino a una nación entera.

Cuando un jefe de Estado insulta a otro no compromete únicamente su prestigio personal. Compromete relaciones diplomáticas, intereses económicos, acuerdos comerciales, inversiones, empleos y vínculos construidos durante generaciones. Milei parece no comprender —o no querer comprender— esa diferencia elemental. Gobernar no es vociferar, representar a un país no consiste en decir todo lo que pasa por la cabeza y la franqueza no debe confundirse con la vulgaridad.

La diplomacia admite desacuerdos severos. Los gobiernos pueden retirar embajadores, presentar protestas, imponer sanciones, denunciar incumplimientos, romper negociaciones y hasta suspender relaciones. Pero todos esos mecanismos existen precisamente para evitar que los conflictos entre Estados se reduzcan a una pelea callejera entre mandatarios. La política exterior requiere inteligencia, prudencia y sentido de Estado, no porque deba ser cobarde, sino porque sus consecuencias superan siempre a las personas que ocupan temporalmente el poder.

Argentina y Brasil no son dos países distantes unidos únicamente por una fotografía protocolaria. Comparten frontera, comercio, industria, turismo, energía, infraestructura, cadenas productivas y una larga historia de cooperación, rivalidad y reconciliación. Ambos son pilares del Mercosur y cualquier deterioro serio entre sus gobiernos repercute inevitablemente en millones de ciudadanos.

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Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Miles de empresas dependen del intercambio bilateral. La industria automotriz funciona mediante cadenas integradas entre ambos países. Hay trabajadores, estudiantes, turistas, transportistas, agricultores e inversionistas que necesitan reglas, estabilidad y cooperación. Nada de eso debería quedar expuesto al temperamento de dos presidentes.

El insulto puede entusiasmar a los fanáticos, dominar titulares y generar millones de reproducciones, pero no resuelve una frontera, no protege una exportación, no firma un tratado, no reduce un arancel ni garantiza un empleo. Los bravucones producen espectáculo; los estadistas producen resultados.

Milei no es el único. Forma parte de una nueva generación de gobernantes que ha descubierto que la agresión verbal suele ser más rentable que el argumento. Los algoritmos premian el escándalo, las bases radicalizadas celebran la humillación del adversario y los medios convierten cada provocación en una noticia mundial. Así se construye una política basada en el exceso permanente: cada insulto debe ser más fuerte que el anterior, cada adversario debe ser presentado como delincuente, traidor, monstruo o enemigo de la patria, cada desacuerdo se convierte en una batalla existencial y cada negociación comienza con una amenaza.

Donald Trump convirtió ese estilo en instrumento de poder global. Insulta a mandatarios, ridiculiza países, amenaza aliados y utiliza sanciones o aranceles como si fueran castigos personales. Nicolás Maduro descalificaba a sus adversarios como fascistas, mercenarios o apátridas. Bolsonaro hizo de la provocación una identidad política. Otros dirigentes, de izquierda y derecha, han aprendido que la estridencia moviliza seguidores y oculta con frecuencia la pobreza de los resultados.

No importa el signo ideológico. La bravuconería es una enfermedad del poder. Surge cuando un gobernante empieza a creer que toda moderación es debilidad, que escuchar equivale a rendirse y que reconocer la dignidad del adversario significa traicionar a los propios. Esa lógica puede ser eficaz durante una campaña electoral porque permite dividir, movilizar, simplificar y ofrecer culpables. Pero cuando se traslada al gobierno destruye los espacios indispensables para alcanzar acuerdos.

Un país no puede negociar seriamente si su presidente insulta por la mañana a la persona con la que sus ministros deberán sentarse por la tarde. No puede exigir respeto mientras degrada a los demás. No puede construir alianzas si convierte cada diferencia ideológica en una ofensa personal. La política exterior no puede depender de amistades entre presidentes, pero tampoco debería quedar secuestrada por sus enemistades.

Milei decidió viajar a Brasil no para dialogar con el gobierno legítimamente constituido, sino para apoyar a la fuerza política que pretende derrotarlo. No acudió como jefe de Estado interesado en fortalecer una relación bilateral, sino como militante de una corriente ideológica continental. Esa intervención resulta particularmente delicada.

Los presidentes pueden expresar afinidades políticas, reunirse con opositores y defender sus convicciones. Pero participar activamente en una campaña extranjera mientras se insulta al mandatario anfitrión rebasa la discrepancia y se aproxima a una injerencia irresponsable. ¿Qué ocurriría si Lula viajara a Buenos Aires para encabezar un mitin opositor, llamar delincuente a Milei y pedir abiertamente su derrota? La Casa Rosada hablaría de provocación, intervencionismo y afrenta a la soberanía argentina.

La regla elemental debería ser sencilla: no hacer en territorio ajeno aquello que se consideraría intolerable dentro del propio. Pero los bravucones suelen exigir respeto mientras reparten agravios. Se consideran valientes cuando insultan y víctimas cuando reciben respuesta.

Milei asegura representar una ruptura con las formas tradicionales de la política. Parte de su atractivo proviene precisamente de haber desafiado un lenguaje hipócrita, burocrático y distante. Muchos ciudadanos lo respaldaron porque estaban cansados de gobernantes que utilizaban palabras cuidadosas para ocultar corrupción, ineficacia y privilegios. Esa crítica contiene algo de verdad.

La diplomacia también puede convertirse en simulación. Existen discursos vacíos, comunicados evasivos y sonrisas protocolarias detrás de las cuales se esconden conflictos reales. Hablar con claridad no es un defecto y llamar a las cosas por su nombre puede ser una virtud. Pero la sinceridad no necesita insultos, la firmeza no requiere humillación y la autenticidad no consiste en perder toda educación.

Decir que un gobierno viola derechos humanos, incumple acuerdos o adopta decisiones equivocadas es una crítica política. Llamar basura a su presidente es una agresión personal. Cuestionar una sentencia judicial es legítimo; degradar al juez desde un mitin extranjero es otra cosa. La distinción no es decorativa: es la diferencia entre una política exterior seria y un arranque de cantina.

Los presidentes pasan. Las naciones permanecen. Lula dejará el poder, Milei también, y quienes los sucedan deberán recomponer aquello que ellos deterioren. Los diplomáticos volverán a sentarse, los empresarios continuarán comerciando, las familias seguirán cruzando las fronteras y los pueblos tendrán que convivir después de que los protagonistas del pleito hayan abandonado el escenario.

Por eso la diplomacia fue creada para proteger las relaciones entre los países de las pasiones momentáneas de quienes los gobiernan. No exige que los mandatarios se quieran. Exige que entiendan que sus naciones los trascienden.

El conflicto entre Milei y Lula también revela una fractura ideológica más amplia en América Latina. La región vuelve a dividirse entre bloques que buscan alinearse con Washington o Pekín, con las nuevas derechas o las izquierdas tradicionales, con Trump o con sus adversarios. Brasil profundiza sus vínculos con China mientras Argentina se acerca abiertamente a Estados Unidos y a las fuerzas conservadoras regionales.

Es legítimo que cada gobierno elija alianzas conforme a sus intereses, pero convertir esa disputa estratégica en una guerra personal entre presidentes empobrece el debate y debilita a toda la región. América Latina necesita defender sus intereses en un mundo cada vez más hostil y competitivo. Necesita negociar comercio, tecnología, energía, seguridad, migración e infraestructura con las grandes potencias. Para hacerlo requiere coordinación, seriedad y capacidad de construir posiciones comunes aun entre gobiernos ideológicamente distintos.

En lugar de eso, demasiados mandatarios se dedican a intercambiar insultos, organizar bloques partidistas y trasladar sus batallas domésticas a los foros internacionales. Mientras se pelean por demostrar quién es más valiente, Estados Unidos, China, Rusia y Europa defienden sus intereses con pragmatismo. Las potencias no tienen amigos permanentes, sino objetivos. América Latina parece tener enemigos permanentes y muy pocos objetivos compartidos.

Lula también debe evitar responder desde la misma degradación. Algunos integrantes de su gobierno ya han utilizado expresiones ofensivas contra Milei. Si Brasil responde insulto por insulto, la crisis se convierte en una competencia de vulgaridades y ambos países pierden. La mesura no significa aceptar agravios.

Brasil tiene derecho a protestar, exigir respeto y utilizar los canales diplomáticos correspondientes. Puede incluso limitar contactos políticos mientras no existan condiciones mínimas de interlocución. Lo que no debería hacer es descender al mismo terreno. La mejor respuesta frente a un bravucón no es gritar más fuerte, sino demostrar mayor estatura.

También la sociedad y los medios tienen responsabilidad. Cada vez que premiamos la agresión con atención ilimitada, reforzamos la conducta. El político descubre que una propuesta seria recibe poca cobertura, mientras una ofensa garantiza titulares durante varios días. Así el debate público se degrada hasta convertirse en una secuencia de escándalos.

Ya no discutimos qué país administra mejor su economía, reduce la pobreza, mejora la educación o fortalece sus instituciones. Discutimos quién insultó a quién y cuál fue la respuesta más hiriente. La política deja de competir mediante resultados y empieza a competir mediante agravios. Eso favorece a quienes necesitan enemigos para ocultar fracasos.

Un presidente que no puede resolver los problemas internos siempre puede señalar a un adversario externo. Puede presentarse como defensor de la patria, acusar a los críticos de falta de lealtad y transformar cualquier cuestionamiento en una disputa nacionalista. La bravuconería no solamente degrada la diplomacia; también sirve como cortina de humo.

Los ciudadanos argentinos y brasileños deberían preguntarse qué beneficio concreto obtienen de esta confrontación. ¿Mejora sus salarios? ¿Aumenta las inversiones? ¿Reduce los precios? ¿Fortalece el Mercosur? ¿Protege las industrias? ¿Facilita el turismo? ¿Resuelve los problemas fronterizos? La respuesta es evidente.

El pleito satisface a los grupos políticos que viven de la polarización, pero no aporta nada a quienes trabajan, producen y comercian. Por eso el costo de la diplomacia de los bravucones siempre termina pagándolo la población: lo pagan los exportadores cuando aparece una barrera, los trabajadores cuando se frena una inversión, los turistas cuando se endurecen controles, los estudiantes cuando se suspenden programas y los ciudadanos cuando una relación estratégica queda subordinada al ego presidencial.

La diplomacia no exige sumisión ni silencio. Un mandatario debe defender a su país con firmeza, denunciar agravios y establecer límites. Pero debe hacerlo con argumentos, instrumentos legales, negociación y sentido de responsabilidad. Cualquiera puede insultar desde un micrófono; lo difícil es defender los intereses nacionales sin degradar la dignidad del Estado.

Milei puede seguir cosechando aplausos entre quienes disfrutan verlo desafiar a sus adversarios. Lula puede responder y satisfacer a los suyos. Ambos podrían convertir la confrontación en combustible electoral. Pero Argentina y Brasil merecen algo más que una pelea entre egos.

Merecen gobiernos capaces de disentir sin destruir, competir sin ofender y preservar una relación estratégica incluso cuando sus presidentes representan proyectos opuestos. La verdadera fortaleza no consiste en pronunciar el insulto más duro, sino en saber que se posee el poder para responder y, aun así, elegir la inteligencia.

Porque cuando los gobernantes se comportan como bravucones, no son ellos quienes terminan pagando la pelea. La pagan siempre sus pueblos.

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