“La protección que ofrecen los gobiernos, según este criterio, suele equivaler a extorsión”.
Charles Tilly
Morena barrió la casa,
guardó el polvo en un cajón;
si revientan las carpetas,
¡mare!, vuela el caserón.
¡Bomba!
Morena sabe encarar los escándalos en singular. Uno se enfrenta con una mañanera; otro, con un comunicado; al tercero se le organiza una comisión partidista y al cuarto se le divorcia. El problema empieza cuando aparecen al mismo tiempo.
Queridos lectores, voy a hablarles muy claro. La sanción estadounidense a Carlos Torres Torres no me interesa tanto por el exmarido de una gobernadora como por lo que anuncia: la posibilidad de una detonación en cadena que Morena —al menos no una parte del movimiento— no podrá administrar por episodios.
Ese es el trascendido que importa. Se habla de 15 nombres más de morenistas de altísimo rango —gobernadores en funciones, aspirantes a gubernaturas y actuales secretarios de Estado— bajo escrutinio en Estados Unidos; de distintas investigaciones que avanzan a velocidades diferentes, y de medidas que podrían ir desde sanciones financieras hasta imputaciones penales.
No hablo de una orden de extradición contra cada personaje. Estoy diciendo algo más inquietante para el poder: las piezas que parecían escándalos aislados comienzan a formar un mismo paisaje. Y si varias se hacen públicas juntas, el truco de la 4T de señalar cada árbol para negar el bosque dejará de funcionar.
El mapa no es una sola conspiración con membrete y organigrama. Hay una trama sinaloense de protección al narco, una red de presunto financiamiento electoral ligada al huachicol, un aparato policial que creció junto con La Barredora, el contrabando en aduanas bajo control de la Marina, un circuito de empresarios favorecidos por su cercanía con los hijos del expresidente y la familia misma de Andrés Manuel. Son historias distintas; por eso mismo inquieta que tantas terminen tocando oficinas, campañas y grupos del mismo movimiento político. Las conexiones deben probarse una por una. La dimensión política del conjunto ya no necesita permiso para ser discutida.
Empecemos por el método de Mexicali, no por la noticia que el lector ya conoce. Según el Tesoro, el cártel pagaba para controlar a la policía; un exjefe policial habría canalizado dinero a Torres; su hermano lo habría movido por empresas y campañas. El documento estadounidense describe la conversión de la protección criminal en influencia pública. Marina del Pilar Ávila no fue sancionada y no le atribuyo esos actos. Pero el deslinde de que ella y Torres están divorciados es una respuesta admirable a una pregunta que nadie hizo. La pregunta es qué acceso tuvo él al gobierno mientras eran pareja y quién vigiló los negocios que crecían a su alrededor. El Registro Civil todavía no emite certificados de inocencia institucional. Después de todo, a ella también le cancelaron la visa y, según los registros consultados por El País, figuraba en Vida Orgánica Tijuana antes de una actualización registral del mes pasado; hoy esa compañía está sancionada. ¿De veras alguien cree que Washington dio por cerrado el capítulo de la gobernadora al publicar el nombre de su exmarido? Yo no. Van tras ella. Torres parece la primera ficha, no el cortafuegos.
Ahora miremos hacia Tamaulipas. Las investigaciones periodísticas sobre Sergio Carmona, el Rey del Huachicol, colocan bajo escrutinio el presunto dinero de campañas y mencionan a Mario Delgado, Américo Villarreal, Humberto Villarreal Santiago y José Ramón Gómez Leal. Otras ramificaciones señalan a Erasmo González Robledo, Eduardo Gattás Báez, Carlos Peña Ortiz y Ricardo Peralta Saucedo; la información publicada también toca a Saúl Monreal y Catalino Zavala. No son personas acusadas en bloque por un tribunal estadounidense. Son nombres en reportes de peso desigual que Morena debería esclarecer antes de que el gobierno estadounidense dé a conocer los expedientes que ya tiene abiertos. ¿Quién aportó, quién cobró y qué recibió el aportante después de la elección? Esa sería una auditoría más útil, incluso para el propio Morena —o para la parte del partido y del gobierno que quiera salir ilesa—, que cualquier encuesta de popularidad.
En Tabasco, la pólvora tiene otro nombre: Hernán Bermúdez Requena. Adán Augusto López lo puso al frente de la seguridad estatal; ahora su antiguo funcionario enfrenta procesos por delitos relacionados con La Barredora. Adán niega vínculos con el grupo. Pero cada día cobra más fuerza el rumor de que el expediente apunta bastante más arriba del escritorio de Bermúdez: la DEA y otra agencia estadounidense ya habrían turnado al gobierno federal de su país información sobre Adán. Eso no equivale a presentar cargos. Equivale, eso sí, a que la pregunta dejó de ser solo qué hacía el jefe policial y pasó a ser quién lo nombró, quién lo sostuvo y a dónde fue a parar el dinero. Adán puede alegar que no sabía. La firma con que lo designó sabe leer. Por cierto, Andrea Chávez no quedó implicada penalmente por pertenecer a su círculo político; pero una campaña amarrada al padrino terminó siendo un salvavidas atado a un ancla.
La Marina de AMLO tampoco era una isla fuera del régimen: tenía puertos, aduanas, combustible y mandos. Los procesos contra los hermanos Farías Laguna han dejado a Rafael Ojeda, secretario del ramo durante el sexenio de López Obrador y tío político de ambos, ante una pregunta elemental sobre lo que sabía y cuándo lo supo. Ha sido llamado a declarar como testigo; el gobierno mexicano sostiene que no está investigado. Que se esclarezca. Lo insostenible es que una estructura de contrabando pueda crecer en las áreas más sensibles del Estado y que la única autoridad libre de preguntas sea siempre la que estaba arriba. Y si alguien cree que, por tratarse de la Marina, Estados Unidos jamás pediría la extradición del almirante, confunde el uniforme con un chaleco antibalas judicial. Washington retiró los cargos contra Salvador Cienfuegos para devolverlo a México; aquí la Fiscalía terminó sin ejercer acción penal. A mi juicio, fue un error que difícilmente los gringos repetirán. Si las pesquisas estadounidenses alcanzan a Ojeda, no apostaría un peso a que Washington lo devuelva como devolvió al militar.
La última mecha llega a la casa de los López Beltrán. The New York Times informó que dos agencias estadounidenses examinan señalamientos sobre Andy relacionados con el crimen organizado y el contrabando de combustible; el reportaje precisa que aún no existe una investigación formal. Al mismo tiempo, las grabaciones de Jorge Amílcar Olán han puesto bajo discusión contratos, balasto y el nombre de Gonzalo López Beltrán. El empresario apareció en Suiza y Ernestina Godoy dice que no hay orden de captura en su contra…
De acuerdo. La pregunta que sigue viva no está en Lugano, sino en México: ¿quién entregó contratos, permisos y acceso mientras la amistad con la familia presidencial funcionaba como tarjeta de presentación?
Por eso me parece casi entrañable el llamado “filtro” con que Morena dice haber seleccionado candidaturas. Sobre Clara Luz Flores, elegida en Nuevo León, la dirigencia se apresuró a explicar que su participación en grupos de NXIVM no significaba que hubiera intervenido en los abusos de Keith Raniere. La precisión es válida. Pero si el partido dedica esa energía a separar matices, ¿por qué no aplica el mismo empeño en rastrear financiamiento, contratistas y redes de protección? Lo de Raniere puede resultar pecata minuta electoral frente a una investigación financiera sólida de la DEA. El filtro de Morena parece diseñado para revisar la fotografía del aspirante y dejar pasar su estado de cuenta.
La ciencia política ha sido demasiado indulgente con nuestra costumbre de estudiar a los actores por separado. Diego Gambetta explicó la mafia como un negocio de protección. En México, esa protección puede comprar uniforme, licencia, obra pública y candidatura. El empresario necesita el contrato o la ruta; el político, dinero y control territorial; el criminal, impunidad. Ninguno completa el negocio por sí solo. Aislar al funcionario del financista y al financista del grupo armado no es prudencia analítica: es desarmar el mecanismo justo cuando empezaba a verse.
Ahí reside la bomba. Una sanción contra Torres puede responderse con un divorcio. Una pesquisa sobre Carmona, con la muerte de Carmona. La Barredora, con la presunta ignorancia de Adán. El huachicol naval, con la jubilación de Ojeda. Amílcar, con la indignación contra Loret; Andy, con la denuncia de una ofensiva política. Pero no hay suficientes excusas distintas para todos los frentes a la vez. Y menos cuando los abrieron agencias y autoridades estadounidenses. Cuando se crucen dinero, comunicaciones, empresas, mandos y campañas, cada explicación individual deberá sobrevivir a las demás; aquí, en México, pero también allá, en Estados Unidos.
No afirmo que todas las pesquisas culminarán en cargos ni que Washington impartirá la justicia que México ha postergado. Ojalá lo hiciera, pero los estadounidenses también saben conservar expedientes como fichas de negociación. Justamente por eso la presidenta debería adelantarse con investigaciones propias que puedan examinarse públicamente.
Hasta ahora, la soberanía se invoca con más entusiasmo para responder al investigador extranjero que para investigar al poderoso de casa.
Y ello quizá porque todos los caminos de esta historia conducen, en el terreno de la responsabilidad política, a Andrés Manuel López Obrador. Él fundó el partido, impulsó a sus cuadros, militarizó funciones civiles, convirtió las aduanas en territorio estratégico y sostuvo que la honestidad personal de los suyos bastaba como sistema de control. No necesito atribuirle cada posible delito para preguntarle por el diseño que permitió la repetición. Si su gente hizo todo a sus espaldas, gobernó una maquinaria que no controlaba. Si conocía lo que ocurría, el problema deja de ser su ingenuidad.
Morena todavía confía en que cada nuevo nombre llegue solo, con suficiente tiempo entre uno y otro para fabricar un deslinde. Esa es su verdadera estrategia de defensa: que la verdad haga fila. Pero los escándalos no están obligados a respetar el calendario del partido. Si llegan en cadena, el tamaño de la explosión impedirá volver la cara.
La alfombra no taparía la bomba: saldría volando con ella.
Giro de la Perinola
Hay otra lectura, que no contradice la anterior: quizá Claudia Sheinbaum YA conoce bien el tamaño y el detalle de los expedientes, y deja que cada facción se abrace a su propia bomba.
Andrea Chávez ya perdió la selección en Chihuahua: el naufragio del proyecto de Adán Augusto no espera a ninguna imputación estadounidense. En Nuevo León, en cambio, Morena deja avanzar a Clara Luz Flores aun con el riesgo político de que surjan nuevas actuaciones en Estados Unidos. Y si los expedientes llegaran a alcanzar a secretarios de Estado que López Obrador le impuso a su sucesora, la presidenta podría desembarazarse de ellos sin anunciar una ruptura con su mentor.
¿No era precisamente eso lo que le exigíamos: que dejara de proteger a los impresentables? La diferencia es quién toma la iniciativa. Por ahora, la escoba parece tener domicilio en Washington.
Queda un frente todavía más delicado: la familia de Andrés Manuel. Si las pesquisas sobre Andy y las relaciones de los López Beltrán con Amílcar Olán avanzan, Sheinbaum podría tomar distancia también del círculo íntimo del expresidente, sin pronunciar jamás las palabras “rompí con AMLO”. Puede combatir el huachicol sin reconocer que el contrabando y el narco penetraron estructuras del Estado; puede dejar que otros exhiban a los secretarios heredados y a los hijos incómodos. Sería una maniobra eficaz para cambiar la correlación de fuerzas.
Pero si conoce esos expedientes y espera a que Estados Unidos haga el trabajo, habrá depurado la fotografía sin desmontar el negocio. Deshacerse de una facción es política. Investigar las redes que la sostuvieron sería gobernar.