Cuando el Estado se apropia del lenguaje de la emancipación, rara vez lo hace para liberar a las mayorías; casi siempre busca sofisticar sus métodos de dominación.
En el México contemporáneo, la institucionalización de la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG) se ha vendido como una conquista democrática civilizatoria. Sin embargo, al contrastar esta arquitectura burocrática con el pensamiento crítico y materialista de Angela Davis, el velo cae por completo: lo que se presenta como justicia no es más que un dispositivo administrativo de disciplinamiento, censura y preservación del poder de clase.
El feminismo liberal y tecnocrático construyó su épica alrededor del “techo de cristal”, esa barrera invisible que impedía a las mujeres de las élites acceder a las cúpulas corporativas y partidistas. En México, esa demanda derivó en una obsesión por la paridad descriptiva y el reparto de cuotas en las cúpulas del Estado.
Davis advirtió con lucidez en Mujeres, raza y clase que el género jamás puede analizarse al margen de las estructuras económicas y de poder: una mujer sentada en una curul, en un ministerio o en una gubernatura no deja de pertenecer a la clase gobernante ni deja de administrar la violencia estructural inherente al aparato estatal. La paridad en la cima no democratiza el poder; simplemente diversifica la demografía de la oligarquía política.
El verdadero peligro de esta deriva radica en su vocación carcelaria y punitiva. Para proteger a las figuras públicas encumbradas, la burocracia política mexicana tradujo el conflicto democrático en derecho administrativo sancionador. En lugar de resolver la precarización que ahoga a las mujeres trabajadoras, indígenas y periféricas, el Estado creó tribunales especializados, medidas cautelares sumarias y registros de inhabilitación que operan como un cepo judicial. La indignación legítima frente a la opresión machista fue cooptada y reconvertida en un instrumento de lawfare: cualquier fiscalización severa, crítica periodística o cuestionamiento político a la gestión de una funcionaria corre el riesgo de ser tipificado como un agravio de género.
Se ha consolidado así una especie de patriarcado burocrático de relevo, donde las viejas prácticas de silenciamiento a la disidencia ahora se ejercen bajo una retórica de protección y derechos humanos. La libertad de expresión y el debate público —trincheras indispensables de las clases subalternas para disputar la hegemonía— quedan subordinados a la susceptibilidad procesal de una élite blindada.
La emancipación genuina nunca provendrá de las sentencias del Tribunal Electoral ni de las sanciones de un árbitro burocrático. Como sostenía Angela Davis, la justicia no consiste en integrarse a las instituciones de dominación ni en usar el aparato sancionador del Estado para acallar a los adversarios, sino en desmantelar las bases materiales que sostienen la opresión. Mientras la figura de la violencia política de género siga operando como un salvoconducto para la clase gobernante, no habrá liberación posible, sino apenas una cúpula de cristal blindada desde el poder.