Mucho se ha debatido sobre aquella conversación privada ilegalmente espiada en 2015 entre Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo Molina, a la sazón, funcionarios del INE. Efectivamente, en un tono sarcástico y en plan de mofa, el primero imitó a sus interlocutores de origen indígena, en el marco de una reunión que había tenido lugar días antes en las oficinas del instituto.

A pesar de que el propio Córdova admitió el mal uso del lenguaje y expresó en su momento su arrepentimiento y ofreció una disculpa pública, AMLO, la presidente Sheinbaum y sus funcionarios han intentado hacer del caso un escándalo nacional con el propósito de denostar al exfuncionario y de utilizar su figura públicamente para fines políticos; para tildarle a él y al resto de la oposición con sus descalificativos favoritos: clasistas y racistas.

El escarnio público alcanzó tales niveles que la SEP, y en particular, Marx Arriaga, el responsable del contenido de los materiales educativos, buscaron incluir su nombre en un texto de primaria de los libros oficiales. Se trataba, a todas luces, de un venganza desproporcionada en contra de un ciudadano cuya conversación telefónica fue filtrada y expuesta ilegalmente.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte, presidida por el ministro Javier Láynez, y con los esperados votos en contra de Yasmín Esquivel y Lenia Batres, decidió ayer amparar a Córdova para que su nombre no fuese incluido en el texto y que su reputación no se viese irremediablemente mancillada.

La presidente Sheinbaum, en un circo al estilo obradorista lejano de estar a la altura de una jefa de Estado, reprodujo –por centésima vez- los audios del 2015, como si el hecho protagonizado por el expresidente del INE debiera vivir por siempre en el imaginario de los mexicanos, y como si no existiesen problemáticas de primer orden que exigieran su atención.

La decisión de la Corte ha tenido un sabor agridulce. Por un lado, se celebra que la justicia haya hecho lo debido en el caso Córdova, pero por el otro, se lamenta ver el escenario de patrañas, despropósitos, diatribas y acciones desproporcionadas que el Estado lleva a cabo contra ciudadanos por burdos fines políticos.