La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, una iniciativa que supuestamente busca garantizar que los candidatos no tengan vínculos con grupos delictivos rumbo a las elecciones de 2027. Luisa María Alcalde, explicó los mecanismos para que los partidos “eviten” postular perfiles ligados al crimen organizado.
Pero la propuesta no es otra cosa que el reconocimiento de un problema que Morena ya no puede ocultar. Las acusaciones sobre narcopolíticos apuntan cada vez más hacia figuras del partido y el descrédito público aumenta conforme aparecen nuevas evidencias sobre vínculos entre políticos, funcionarios y grupos criminales.
Lo que ya no pueden ocultar
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó recientemente el desmantelamiento de una red de funcionarios y políticos de diversas filiaciones (incluyendo al PAN, PRI, PRD, PES y Morena) vinculados al crimen organizado en Morelos. El operativo, denominado Operación Enjambre, exhibió estructuras de protección política y financiamiento ilícito ligadas al Cártel de Sinaloa.
Todo un entramado criminal que se desarrolló bajo la administración de Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado federal por Morena que siendo gobernador fue exhibido en fotografías junto a personajes señalados como operadores criminales vinculados al CJNG y grupos regionales.
Guerrero, donde no pasa nada
La Operación Enjambre comenzó desde finales de 2024 en el Estado de México, donde fueron detenidos alcaldes y mandos policiales de municipios relacionados con la Familia Michoacana. El objetivo central era desmantelar estructuras criminales incrustadas dentro de gobiernos municipales.
Sin embargo, hasta hoy, en Guerrero, donde las evidencias son todavía más graves, no se ha desplegado un operativo similar.
Ahí existen videos, información de inteligencia, reportajes periodísticos y asesinatos de alcaldes que exhiben el nivel de penetración criminal en la política local. Incluso, a partir de la reciente crisis provocada por Los Ardillos, surgió información altamente comprometedora sobre la relación entre grupos criminales y figuras cercanas al obradorismo.
Celso Ortega, líder de Los Ardillos, declaró en Latinus que antes de encabezar ese grupo criminal formó parte de Los Zetas y aseguró que participaron en operaciones políticas y de financiamiento electoral desde la campaña presidencial de López Obrador en 2006. También afirmó que continuaron apoyando políticamente al obradorismo en Guerrero junto a Félix Salgado Macedonio.
A ello se suma la revelación de imágenes de reuniones entre López Obrador y Celso Ortega en 2017, presuntamente gestionadas por Salgado Macedonio, así como el escándalo de la reunión de la exalcaldesa de Chilpancingo con el propio líder criminal.
Y si eso no fuera suficiente, la gobernadora Evelyn Salgado contrajo matrimonio con el hijo de un personaje señalado durante años como operador financiero de los Beltrán Leyva.
Protección y simulación
Mientras Guerrero vive sometido por la violencia y un control criminal que desplaza a los pobladores de sus hogares, la respuesta del gobierno federal y estatal se ha limitado a visitas políticas y llamados absurdos a “firmar acuerdos de paz” con comunidades aterrorizadas.
Pero, ¿por qué en unos estados sí se despliegan operativos federales contundentes y en otros parece existir protección política?
Lo mismo ocurre en Sinaloa con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, donde el gobierno federal exige pruebas mientras cierra filas en su defensa.
Pruebas pide, aun cuando dos exfuncionarios relacionados con el caso ya se entregaron a autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quien trascendió, llegó con cajas y expedientes que entregará y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado como operador de los recursos que se entregaban a políticos cercanos al círculo de Morena.
El mensaje es claro: en Morena no se investiga al que tiene nexos con el crimen; se protege al que todavía resulta útil.
Ningún comité burocrático así lo llamen “Comisión de Integridad” puede resolver un problema que lleva años incrustado en un gobierno que usa el aparato del Estado como escudo protector para los suyos.
Cualquier discurso anticrimen no es más que propaganda destinada no a combatir la narcopolítica, sino a intentar limpiar la imagen del régimen y su partido, cada vez más contaminada por la violencia, el dinero ilícito y la sombra del narcopoder.
X: @diaz_manuel