Septiembre primero, es la fecha.
El proyecto lo encabeza Hugo Aguilar Ortiz, un oaxaqueño cercano a López Obrador que apareció en los trámites que permitieron, arbitrariamente, los derechos de vía para la construcción del Tren Maya. La costosa mega obra que sigue dando la nota, y que cuando no se descarrila, va casi vacío con boletos subsidiados por el bolsillo de todos los mexicanos. Un tren que no cumple con normas básicas de seguridad y que fueron señaladas por la ONU-DH como carentes de estándares internacionales.
En fin, al futuro ministro presidente Aguilar, le debemos el haber allanado el camino para los presuntos negocios de los hijos de AMLO y facilitar un proyecto costoso, de dudosa funcionalidad y con gran impacto ambiental.
La tremenda corte
A su lado, llegan una serie improvisados que contaron con el favor presidencial y otros viejos conocidos:
Yasmín Esquivel, la ministra pirata, esposa de José María Riobóo, contratista predilecto de AMLO y beneficiario de las obras del AIFA y los segundos pisos de la CDMX. Yasmín, quien fue acusada de plagiar su tesis, en su momento fue clave para perdonar las irregularidades detectadas en las construcciones de su marido y eso sí, mantiene una altísimalealtad hacia el tabasqueño.
Lenia Batres, hermana de Martí Batres, director del ISSSTE. De su trayectoria se recuerdan sus años de activismo violento en la UNAM y… Ya. Como ministra se ha destacado por su nulo conocimiento del poder judicial, tropiezos y declaraciones insustanciales. La ministra del pueblo es una muestra del perfil de quienes hoy ocupan cargos estratégicos.
Pero, ¿qué pasará con los miles de asuntos pendientes?
Nadie en su sano juicio podrá creer que personal sin experiencia, sin trayectoria y sin equipos capacitados podrán sacar adelante procesos complejísimos.
Los casos más trascendentes —derechos humanos, procesos de injusticia, encarcelamientos indebidos, contratos, litigios empresariales y demandas de cobranza— quedarán en manos de improvisados que terminarán por actuar bajo presiones políticas o de otro tipo.
México corre el riesgo de no contar con un poder judicial funcional. Gravísimo.
Ya vemos señales, por ejemplo, el caso de Irma Hernández, maestra jubilada y taxista de 62 años, secuestrada en julio por un grupo armado en Álamo, Veracruz donde la gobernadora Rocío Nahle —operadora financiera de AMLO en 2018 y artífice de la caja chica conocida como refinería de Dos Bocas— no ha dado respuestas. Difícil esperar que alguien en la Corte o los juzgados federales haga algo: todos reciben órdenes de palacio.
Consecuencias inevitables
Inversión nacional y extranjera sin certeza jurídica; empresas sometidas a decisiones discrecionales de jueces que actuarán siguiendo instrucciones; algunas resoluciones rápidas, pero sin fundamento legal y otras empolvándose indefinidamente. La justicia dependerá de la voluntad presidencial, no de la ley.
Y hay más: las acciones para destruir el poder judicial abrieron la puerta a perfiles con antecedentes oscuros. Al menos 20 candidatos fueron señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado o delitos sexuales; entre ellos Silvia Delgado, ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy electa como jueza en Chihuahua.
Los medios documentaron al menos 13 aspirantes que llegaron con antecedentes cuestionables: vínculos con narcotráfico, corrupción y delitos graves. Organizaciones sociales denunciaron a cuatro candidatos ligados al crimen organizado y a varios más vinculados con la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín permanece encarcelado en EE. UU., sin embargo, cuenta con la cercanía de morenistas como Martí Batres, lo que revela hasta dónde llega la red de complicidades.
Lo que se avecina
No es justicia, son ocurrencias: jueces resolviendo “al ahí se va”, cediendo a presiones e intereses; no dando fundamentos jurídicos sólidos y probablemente con guiños de corrupción y autoritarismo.
México se hunde en la incertidumbre. La Corte, pierde el lugar de contrapeso para convertirse en el brazo obediente del ejecutivo.
No puede haber Estado de derecho con un sistema judicial domesticado que servirá para premiar aliados y castigar opositores.
La tragedia es mayor si consideramos la intencionalidad política. Al impulsar esta transformación judicial AMLO parece haber dejado una bomba de tiempo: un seguro de vida político para detonar en caso de que Claudia Sheinbaum no acate sus órdenes, diseñado para incendiar el país, reventar instituciones y condicionar el rumbo de la presidencia.
Esa bomba quedará instalada justo en la cúspide del poder judicial y podrá ser activada desde dentro, por los mismos que presumen pertenecer al movimiento, pero que lo han fracturado sin remedio.
El tic toc suena y nadie quiere responder lo esencial: ¿con qué dinero y de qué forma se liquidará a jueces, magistrados e incluso ministros? ¿Quien resolverá? ¿Cuánta gente se queda y se va o sabe que hacer?
Estábamos fatal con lo que teníamos y lo empeoraron.
Pobre país. Pobre país.
X: @diaz_manuel