Conviene bajar el volumen y afinar el oído. No todo aplauso unánime es simulación ni toda reforma incompleta es una trampa deliberada. A veces es, simplemente, el reflejo de un país que avanza con cautela, midiendo cada paso para no desatar resistencias que terminen por bloquearlo todo. La aprobación del proyecto para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas merece una lectura más templada, sin perder la mirada crítica, pero entendiendo el momento político y económico en el que se inscribe.
La decisión de la Cámara de Diputados, respaldada por 469 legisladores presentes, no es menor. En un Congreso acostumbrado al choque y la estridencia, la unanimidad también puede leerse como una señal de que existe conciencia compartida sobre un problema de fondo: el exceso de horas de trabajo y el desgaste crónico de millones de personas. No es poca cosa que nadie se haya atrevido a votar en contra de una demanda largamente postergada.
La reforma, sin embargo, no es la panacea. Reduce la jornada semanal en el papel, pero mantiene un solo día de descanso por cada seis trabajados y amplía el margen de las horas extra. Ahí es donde surgen las dudas legítimas. ¿Es una transición responsable o una concesión excesiva al temor de afectar la actividad económica? Probablemente sea un poco de ambas cosas. Pensar que un cambio tan profundo podía aprobarse de golpe, sin fases ni amortiguadores, también sería ingenuo.
México llega a este debate con una carga pesada. Más de 2,226 horas de trabajo por persona al año lo colocan en el extremo menos amable del equilibrio entre vida laboral y personal, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y aun así, la productividad sigue siendo baja y los salarios, los más rezagados entre los países miembros. Esa combinación no se corrige con decretos inmediatos ni con fórmulas mágicas. Requiere ajustes graduales, políticas complementarias y, sobre todo, tiempo.
En ese contexto, es importante no cargarle toda la factura a la presidenta ni leer la reforma como un desdén hacia los trabajadores. El ejecutivo hereda un mercado laboral profundamente desigual, con más de la mitad de la fuerza de trabajo en la informalidad. Ahí, cualquier cambio legal enfrenta un límite estructural. No se puede exigir a una ley que resuelva de un plumazo lo que décadas de precariedad y abandono institucional construyeron.
La reducción de la jornada puede verse, entonces, como una señal política clara: el tema está en la agenda y ya no hay marcha atrás. Que la implementación se plantee de manera gradual no necesariamente implica falta de compromiso. También puede interpretarse como un intento de evitar efectos indeseados, como despidos, cierres de pequeñas empresas o una mayor simulación. Gobernar, al final, es equilibrar ideales con realidades.
Eso no significa renunciar a la exigencia. El riesgo de que las horas extra se conviertan en la puerta trasera para mantener el mismo nivel de desgaste existe y debe decirse. También es cierto que mantener un solo día de descanso perpetúa una lógica laboral rígida, poco compatible con la salud física y mental de los trabajadores. Señalar estas limitaciones no es golpear al gobierno, sino advertir sobre los pendientes que quedan sobre la mesa.
Hay otro punto que suele perderse en la discusión: la cultura del trabajo. En México se ha normalizado la idea de que estar más tiempo equivale a rendir más. Esa mentalidad no cambia con una reforma legal, sino con políticas públicas sostenidas, incentivos correctos y ejemplos desde el propio Estado. Si las dependencias públicas no respetan horarios, si el mensaje implícito sigue siendo “quédate un poco más”, la ley tendrá un alcance limitado.
También es justo reconocer que el momento económico global no es sencillo. Inflación, cadenas de suministro tensas y un entorno internacional incierto obligan a caminar con cuidado. En ese escenario, avanzar hacia las 40 horas, aunque sea con reservas, ya representa un giro respecto a la inercia histórica. Otros gobiernos ni siquiera se atrevieron a abrir la conversación.
La clave estará en lo que siga. Inspección laboral real, fortalecimiento de la formalidad, acompañamiento a pequeñas y medianas empresas y una evaluación constante del impacto de la reforma. Ahí es donde el gobierno, incluida la presidencia, tendrá que demostrar que esto no fue solo un gesto político, sino el inicio de una transformación más profunda.
Reducir la jornada laboral no debe verse como una dádiva ni como una amenaza. Es una inversión social. Un trabajador menos agotado es más productivo, más creativo y más estable. Ese es un argumento que, bien trabajado, puede alinear a empresarios, sindicatos y autoridades. La presidenta tiene la oportunidad de convertir esta reforma gradual en un proceso acumulativo, que año con año mejore las condiciones reales de trabajo.
Por ahora, conviene reconocer el paso dado sin dejar de señalar sus límites. La crítica no pierde fuerza por ser matizada; al contrario, gana credibilidad. México necesita avanzar hacia un modelo laboral más humano y eficiente. La reforma aprobada no es el destino final, pero sí puede ser un punto de partida razonable si se asume con honestidad y se corrige sobre la marcha.
En política, como en la vida, no todo se resuelve con golpes de timón. A veces el cambio verdadero se construye con avances imperfectos, siempre que exista voluntad de no quedarse ahí. Ese será el verdadero juicio sobre la jornada de 40 horas.
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