Las teorías sobre el Estado difieren en cuanto al papel que le corresponde desarrollar, algunas van desde las liberales ortodoxas que planteaban al llamado Estado policía, en donde se enfatizaba un papel centrado en el cumplimiento de las leyes y de garantizar su cumplimiento, permitiendo que la distribución de los recursos se realizara a través del libre desarrollo del mercado y sin la intervención pública o de la participación directa en las actividades económicas por parte del gobierno o de sus programas políticos.
En contraparte con la anterior, esta la visión de hacer recaer en el Estado las actividades económicas por considerar que el mercado tiende a la concentración de los ingresos y se sustenta en la explotación del trabajo a partir del capital, de modo que es necesario combatir la propiedad privada como agente económico y, especialmente, eliminar la propiedad privada de los medios de producción.
Desde luego, otras posturas asumen una posición intermedia a partir de admitir la propiedad privada y de postular una cierta intervención del Estado; pero más allá de lo que plantean las distintas corrientes y de sus contradicciones, existe una coincidencia básica en el sentido que corresponde al Estado garantizar el orden, la estabilidad y la seguridad de la población; se puede decir que ahí está el papel primigenio del Estado en el sentido de ser la instancia que articula la vida social como un poder que sobrepone a los demás para garantizar la prevalencia del interés general.
Durante las últimas décadas, en México se ha venido discutiendo sobre las medidas y la capacidad del Estado para garantizar una convivencia regida por las normas a partir de las definiciones de la Constitución, en donde cobren plena garantía los derechos humanos, la vigencia del derecho y la capacidad de las instituciones públicas dentro de un régimen jurídico, democrático y de carácter social.
Pero tales aspiraciones se han enfrentado a una realidad que las descalifica, en tanto impera la violencia, la inestabilidad, la confrontación violenta, la pérdida de vidas humanas, el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, la incapacidad de las policías y la emergencia de graves problemas de seguridad en diversas regiones del país. El poder legítimo del Estado se enfrenta al poder arbitrario de los grupos criminales, pero lo peor es que se produce una conectividad y connivencia entre ambos.
El gobierno ha querido salir al frente en la narrativa de este grave problema, señalando que las tendencias que se viven en el país y que hablan de enfrentamientos están con una tendencia declinante; de forma especial el gobierno refiere la reducción de los homicidios dolosos como prueba de la capacidad que ha generado para combatir los ilícitos
A pesar de ello y de la controversia que generan las cifras oficiales respecto de las noticias que no cesan de mostrar brutales enfrentamientos, asesinatos y hechos de violencia a lo largo y ancho del país, el gobierno pretende acreditar eficiencia en el combate al delito, pero por otra parte suben de forma alarmante los índices y las cifras de los desaparecidos.
Se confrontan por sí mismos los datos: menos homicidios dolosos, pero mucho más desaparecidos. En ese contexto, se entregan presos delincuentes y criminales a los Estados Unidos como ofrenda de colaboración, al tiempo que somos implicados por nuestro vecino del norte como un narcogobierno, sin que se haya podido actuar de forma concluyente para descalificar ese señalamiento.
Siguen las confrontaciones en las calles de muchos municipios del país donde el crimen se regodea, al tiempo que el gobierno logra algunas detenciones y hasta realiza enfrentamientos que llevan a la muerte de delincuentes, como ahora ha sucedido con el famoso Mencho en Jalisco. Sin embargo, subsiste un enfoque que pretende concebir a la delincuencia organizada como grupos criminales inscritos en su propia lógica y suscritos al interior de sus organizaciones.
Se evita dimensionar el problema criminal extramuros de las propias instancias delictivas, de manera que se elude actuar contra los socios civiles y políticos que los protegen y animan, y sin los cuales es imposible dimensionar adecuadamente el problema y combatirlo como se debe. A través de distintas publicaciones y declaraciones ha sido posible advertir el involucramiento decisivo de autoridades del primer nivel de gobierno en las actividades criminales, ya sea en lo relativo a las aduanas, especialmente en cuanto al huachicol fiscal, en actos de corrupción respecto de las llamadas obras emblemáticas y, en general, en el desempeño de gobernadores y presidentes municipales del partido en el gobierno.
Gravitan comentarios, información suelta y diversos testimonios sobre la idea de que el narcotráfico ha estado presente en las elecciones de los últimos años, incluso mediante investigaciones de la autoridad electoral respecto de denuncias realizadas en esa dirección que, si bien no han sido probadas plenamente, han dejado testimonios sobre su incidencia. La pereza del gobierno para combatir los delitos, o su ineficacia, son motivo de sospecha, máxime cuando algunos de sus cuadros son exhibidos por su frivolidad, lujos, excentricidades y contradicciones para explicar su patrimonio y forma de vida.
Las grandes ventajas estratégicas del país para las inversiones son dilapidadas y anuladas por la inseguridad, la debilidad del Estado de derecho y la corrupción. Por otra parte, la brutal tendencia hacia el autoritarismo genera incertidumbre y manda la señal de que para triunfar en la relación con este gobierno hay que alinearse y someterse, y no todos están de acuerdo en hacerlo y pagar la factura de ello; en tanto los micro, pequeños y medianos negocios viven sometidos por la extorsión, el pago de derecho de piso y la constante intimidación.
Vivimos en la esfera de la ilegalidad, en el código que impone y en las prácticas que instrumenta con la complacencia o complicidad del gobierno.