Las desapariciones de miles de personas en todo el territorio mexicano provocó que el Estado sea visto a nivel mundial como violador de derechos humanos. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) decidió llevar la situación de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ONU ya evidenció.
El Comité de las Naciones Unidas informó a nivel nacional e internacional lo que sucede en México por parte de la autoridad y de los empleados de los gobiernos. Ningún funcionario o funcionaria está exento de violar derechos humanos. ¡El desconocimiento o ignorancia no exime!
“La desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado”, (Segob, 2016).
La metodología de investigación utilizada por expertos para determinar que en México prevalecen las desapariciones forzadas, con la muestra de estados de la República Mexicana como Coahuila, Nayarit y Veracruz, nos podría alejar de los hechos en todo el territorio mexicano.
En México existen autoridades municipales, estatales y federales, fiscalías, secretarías de seguridad, oficinas de derechos humanos. Sin generalizar: corrupción imperante, empleados incapaces con conocimientos escuetos, normalizadores de la violencia, violentadores de derechos, y por lo tanto la prevalencia de delitos como la trata de personas y crimen organizado, que utilizan la globalización para cometer sus fechorías conectadas con otros continentes.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es clara: este crimen no prescribe y obliga a los Estados a actuar. No importa quién o quiénes estén en el poder, deben responder; además, no basta con entregar palas y picos a las madres buscadoras.
La prevención de los delitos siempre será fundamental, confío en el corto plazo leer en los medios de comunicación, que los gobiernos trabajan de forma transversal con expertos multidisciplinarios para abordar la problemática que nos concierne a todas y todos, la sociedad no está exenta.
En mi columna: ¿En dónde están las y los desaparecidos? publicada en SDP Noticias, (15 de octubre de 2025), abordé que “la deshumanización por parte de muchos funcionarios y funcionarias dentro de las administraciones de los gobiernos es tan lamentable y vergonzosa porque dejan en el abandono las demandas de millones”.
“Fue el 18 de diciembre de 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Sí, hace casi 33 años, y aún las familias siguen sufriendo por las desapariciones de sus seres queridos”.
México es noticia por la ineficacia gubernamental.
20 de diciembre de 2006. La ONU dio a conocer el Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Artículo 34 menciona: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá, tras solicitar al Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre la situación, poner el asunto en conocimiento urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”, (ONU, 2006).
Seguimos en el retroceso del respeto a los derechos humanos de todas las personas, por ello, convoca la urgencia a nivel nacional, instruir a las y los empleados de los gobiernos. Solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo capacitar a las y los servidores públicos -de todo el país- para que trabajen y traten dignamente a las personas, sin violentar los derechos humanos con perspectiva de género.