En días recientes, alrededor de 35,000 ciudadanos fueron incluidos en listas vinculadas al terrorismo, con efectos inmediatos como congelamiento de cuentas, restricciones de viaje y limitaciones para hacer negocios en el extranjero. Muchos de ellos no son capos ni criminales, sino empresarios, comerciantes, transportistas o profesionales que, en algún punto de su actividad, fueron asociados, justa o injustamente, con operaciones financieras relacionadas con los cárteles.

En México se repite un patrón de omisión que tarde o temprano costará caro, y es que, aunque tenemos catalogado al terrorismo a través de leyes y códigos, el país no reconoce en su legislación el financiamiento al terrorismo como un ilícito relacionado con los cárteles; esto, a pesar de que Estados Unidos ya hace que cualquier actividad de proveer recursos, con conocimiento o sin él, por la buena o por la mala, los integre como parte de organizaciones terroristas de facto. Esta brecha jurídica ha dejado a miles de mexicanos en una situación de vulnerabilidad frente a sanciones internacionales.

El gobierno guarda silencio. No ha querido reconocer que seis cárteles (el de Sinaloa, CJNG, del Golfo, de Juárez, los Beltrán Leyva y los Zetas) cumplen con los criterios internacionales para ser tratados como grupos terroristas. Mientras tanto, Washington aplica su ley y sanciona sin contemplaciones. El resultado: un sistema financiero mexicano cada vez más vulnerable, aislado y presionado por corresponsales extranjeros que ya ven a México como un riesgo.

Las consecuencias apenas empiezan. En el corto plazo veremos más cuentas congeladas, más bloqueos y más bancos internacionales reacios a mantener relaciones con instituciones mexicanas. En el mediano plazo, Estados Unidos podría incluso condicionar acuerdos comerciales o imponer sanciones secundarias si México no actualiza su marco jurídico. El costo no se limitará a los criminales: caerá sobre ciudadanos, empresas y sectores enteros como el transporte, la logística y las exportaciones.

El verdadero problema es de soberanía. Al no legislar, México renuncia a tener un marco propio para enfrentar un fenómeno global y deja en manos de otro país la definición de quién es o no “terrorista” en su territorio. Se trata de un vacío que no sólo genera inseguridad jurídica, sino que debilita nuestra posición internacional.

La realidad es incómoda pero inevitable: los cárteles mexicanos ya no son únicamente bandas criminales dedicadas al narcotráfico; son estructuras con alcance transnacional, capacidad de control territorial y vínculos con flujos financieros globales. Es hora de llamarlos por su nombre y adaptar la ley a esa realidad. Lo contrario significará que más mexicanos, lo mismo inocentes que culpables, seguirán pagando el costo de una omisión que el gobierno, o al menos uno de sus poderes, hoy se niega siquiera a discutir.