Hay noches en las que un país se reconoce a sí mismo. La del 15 de septiembre es una de ellas. Las plazas, las banderas, los niños vestidos con los colores nacionales, la música que conocemos desde siempre; regresan los nombres de quienes iniciaron una lucha hace 216 años, suena la campana y millones de voces, dentro y fuera de México, vuelven a encontrarse en dos palabras: ¡Viva México!

Hay algo profundamente hermoso en ese instante. Pero las fiestas patrias también pueden servir para hacernos una pregunta menos habitual: ¿qué significa hoy darle patria a alguien? Para responderla quizá debamos recordar primero qué clase de patria construimos.

La patria es plural. Y me parece justo reconocer que Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, tuvo el acierto de expresarlo simbólicamente en su primer Grito de Independencia. Junto a Hidalgo, Morelos, Allende y Guerrero, nombró a Josefa Ortiz Téllez-Girón, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y Manuela Molina, “La Capitana”; añadió a las heroínas anónimas y a las mujeres indígenas. Era la primera mujer en encabezar la ceremonia y utilizó ese lugar para ensanchar nuestra memoria colectiva. No se trata de reescribir la historia para acomodarla al presente, sino de contarla con mayor equilibrio: las mujeres estuvieron ahí; también los pueblos indígenas, los mestizos, los afrodescendientes y los criollos. Algunos dejaron nombres que atravesaron dos siglos y miles permanecieron anónimos. Reconocerlos no fragmenta la historia de México: la completa.

Esa pluralidad está en nuestro origen. Mucho antes de que existiera México como nación, este territorio estaba habitado por pueblos originarios diversos, con sus propias lenguas, conocimientos, culturas y formas de organización. Después llegaron los españoles. La conquista alteró violentamente aquel universo y abrió otro proceso histórico: nacieron aquí generaciones de descendientes de españoles —los criollos—, se produjeron encuentros, imposiciones y mestizajes, crecieron poblaciones mestizas y la presencia africana y afrodescendiente pasó también a formar parte de aquello que, con el tiempo, sería México.

El Virreinato trató de ordenar esa diversidad mediante jerarquías y castas, pero contenía además una contradicción política que se volvería cada vez más difícil de sostener. La autoridad última pertenecía a un monarca que gobernaba desde otro continente, mientras generaciones de descendientes de españoles habían nacido ya en América. Los criollos podían ocupar posiciones relevantes en la economía, la Iglesia, el Ejército, los cabildos, las profesiones y la vida cultural, pero el nacimiento americano podía convertirse en una desventaja frente a los peninsulares para acceder a los principales espacios del gobierno imperial. Durante el siglo XVIII, especialmente con las reformas borbónicas, la Corona reforzó el control peninsular sobre los principales cargos del gobierno, profundizando entre los criollos la distancia entre pertenecer a esta tierra y poder gobernarla.

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No fue, desde luego, la única causa de la Independencia. Ningún proceso de tal magnitud admite una explicación única: había profundas desigualdades, pobreza, explotación y agravios contra los pueblos indígenas; intereses económicos y comerciales; tensiones entre distintos sectores sociales; las ideas de la Ilustración y grandes transformaciones en el mundo atlántico. Pero tampoco debemos olvidar aquel germen político: ¿quién tenía derecho a gobernar la tierra en la que había nacido?

No es casual que una parte central del núcleo que puso en marcha la insurgencia proviniera precisamente de aquel mundo criollo. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) identifica a Miguel Hidalgo como representante del criollo ilustrado y sitúa a Ignacio Allende entre el grupo de criollos que compartió el liderazgo inicial; sus estudios documentan también la condición criolla de figuras como Josefa Ortiz y Gertrudis Bocanegra. Eran hombres y mujeres nacidos en estas tierras que habían comenzado a considerarlas su patria y cuestionaban un orden cuyas decisiones superiores seguían dependiendo de un poder situado al otro lado del océano. En el caso de Allende, el propio INEHRM recuerda expresamente que el grupo criollo permanecía relegado de los puestos de gobierno y el creciente malestar que aquello le producía.

La crisis de la monarquía española en 1808 convirtió esa inquietud en una pregunta sobre la soberanía. Dos años después comenzó la insurgencia y aquella inconformidad fue rápidamente desbordada por algo mucho mayor. Miles de indígenas, mestizos, afrodescendientes, campesinos, mineros, trabajadores y rancheros se incorporaron a la lucha; también los hubo en el bando realista. La Independencia fue una guerra larga, compleja y, en muchos sentidos, una guerra civil. Sus protagonistas no provenían de una sola condición social ni perseguían exactamente el mismo proyecto.

Dos figuras permiten comprender especialmente bien la expansión de aquella causa: José María Morelos y Vicente Guerrero.

Morelos llevó la insurgencia más allá de la pregunta sobre quién debía gobernar la Nueva España y formuló otra de mayor trascendencia: ¿de dónde proviene legítimamente el poder? En los Sentimientos de la Nación afirmó que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, propuso la división de poderes, sostuvo la superioridad de la buena ley y exigió que las leyes moderaran “la opulencia y la indigencia”. Proscribió, además, la esclavitud y la distinción de castas para que quedaran “todos iguales”. Una lucha que había tenido entre sus múltiples gérmenes la inconformidad de americanos frente al predominio peninsular se convertía así en un proyecto de soberanía popular, igualdad y justicia social.

Guerrero representa otro paso de esa transformación. Hombre del sur, de ascendencia afroamericana y dentro de una sociedad marcada también por raíces indígenas y europeas, mantuvo viva la insurgencia cuando parecía derrotada. Su trayectoria simboliza la ampliación social de una causa iniciada en buena medida por dirigentes del mundo criollo, pero asumida después por mestizos, indígenas, afrodescendientes y sectores populares.

Y las mujeres tampoco contemplaron la Independencia desde las ventanas: conspiraron, transmitieron información, financiaron, organizaron, abastecieron y combatieron; fueron perseguidas, encarceladas y algunas dieron la vida por ella. Que una mujer presidenta haya devuelto a varias de ellas al centro de la arenga nacional, junto con las heroínas anónimas y las mujeres indígenas, aporta un equilibrio histórico que merece reconocimiento. La propia mandataria Sheinbaum explicó después que rescatar esas figuras permite también que niñas y jóvenes puedan reconocerse en quienes construyeron al país.

Vista así, la Independencia deja una enseñanza especialmente poderosa para nuestro tiempo: México no procede de una sola sangre, una cultura única, una clase social ni una única manera de comprender el mundo. La pluralidad no debilita nuestra identidad; la constituye.

Morelos dejó, además, una idea que atravesó dos siglos de constitucionalismo mexicano. Si la soberanía pertenece al pueblo, el poder sólo puede justificarse por aquello que hace para ese pueblo. Nuestro artículo 39 lo expresa con una claridad difícil de superar: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Ahí comienza la pregunta de nuestro tiempo. Si el poder existe para beneficio del pueblo, ¿qué debe poder esperar una persona de las instituciones de su país?

El constitucionalismo ha construido durante siglos mecanismos para desconfiar prudentemente del poder: dividirlo, sujetarlo a la ley, vigilarlo, obligarlo a motivar sus decisiones, establecer jueces que revisen sus actos y crear pesos y contrapesos para impedir su concentración. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero quizá el siglo XXI nos exige añadir otra dimensión: no basta con limitar al poder; también necesitamos hacerlo confiable.

Esto no significa exigir confianza a los ciudadanos. Una democracia necesita crítica, oposición, vigilancia y libertad para desconfiar. La confianza pertenece a las personas; la confiabilidad pertenece a las instituciones. Por eso la diferencia es fundamental: la Constitución no puede ordenar confianza. Puede obligar al poder a merecerla.

¿Y cómo se merece? De maneras profundamente cotidianas: cuando una mujer denuncia una agresión y sabe que será escuchada y protegida; cuando alguien acude a un tribunal y puede esperar razonablemente que su asunto será decidido por el derecho y no por una llamada, una amistad o una presión política; cuando una familia llega a un hospital sin preguntarse primero a quién conoce; cuando un empresario invierte sabiendo que las reglas no cambiarán arbitrariamente; cuando una madre envía a sus hijos a la escuela confiando en que encontrarán condiciones reales para aprender; o cuando el Estado utiliza inteligencia artificial para adoptar decisiones que afectan derechos y existe siempre una persona identificable capaz de explicar, revisar, corregir y responder.

También se merece en algo todavía más elemental: poder habitar juntos el espacio público. En comunidades golpeadas por la violencia, celebrar una fiesta, caminar por una plaza o simplemente reunirse puede requerir primero la razonable certeza de regresar a casa. La libertad pública comienza también allí, porque un derecho puede existir en el papel y, sin embargo, no convertirse en una posibilidad real de vida.

Podemos tener derecho a la justicia y temer denunciar; derecho a la salud y no tener certeza de recibir atención; derecho a la propiedad y desconfiar de las reglas; libertad para utilizar el espacio público y sentirnos obligados a abandonarlo. El derecho continúa escrito, pero nuestra capacidad real de ejercerlo se debilita.

La confiabilidad institucional ya no es solo una aspiración filosófica. Hoy existen herramientas para estudiar qué hace que las personas confíen —o dejen de confiar— en sus instituciones. La OCDE analiza, entre otros factores, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la integridad, la apertura y el trato justo. Es decir, podemos observar no sólo cuánto se confía, sino también qué comportamientos institucionales construyen o destruyen esa confianza.

Eso es esperanzador. La confianza pública no es magia ni un acto de fe. Las instituciones pueden trabajar para merecerla: pueden ser más competentes, abiertas, imparciales y responsables; explicar mejor sus decisiones, reconocer sus errores, corregirlos y reparar la confianza cuando la han perdido.

Tal vez ésa sea una de las tareas patrióticas de nuestra generación. Hidalgo abrió el camino de la Independencia; Morelos convirtió la insurgencia en un proyecto de soberanía popular, igualdad y justicia; Guerrero mantuvo viva la lucha y encarnó la ampliación social de una nación que estaba naciendo. Mujeres conocidas y anónimas hicieron también posible esa historia.

A nosotros nos corresponde continuar la obra: conseguir que los derechos escritos en la Constitución se conviertan en posibilidades reales de vida para todos. Porque una patria plural necesita instituciones que pertenezcan a todos: a los pueblos originarios; a mestizos y afrodescendientes; a quienes descienden de las distintas migraciones que, a lo largo de nuestra historia, han hecho de México su hogar; a quien tiene mucho y a quien tiene poco; a quien gobierna y a quien se opone; a quien confía y también a quien exige razones antes de hacerlo.

Esta noche volveremos a escuchar los nombres de quienes nos dieron patria. Quizá escuchemos también nombres que durante demasiado tiempo quedaron fuera de la historia que aprendimos. Recordarlos importa, pero continuar su obra importa todavía más.

Hace más de dos siglos comenzó una pregunta sobre quién tenía derecho a gobernar estas tierras. Morelos ayudó a darle una respuesta que nuestra Constitución todavía conserva: el pueblo. El patriotismo constitucional del siglo XXI consiste ahora en conseguir que el poder verdaderamente sirva a quienes son sus titulares; no en exigir confianza ciega, sino en construir instituciones dignas de confianza y hacer posible que nadie tenga que pedir como favor aquello que la Constitución ya le reconoce como derecho.

Porque la patria es plural, la soberanía es de todos y el poder solo encuentra su razón de ser cuando sirve a las personas.

Hacer que ese poder sea digno de confianza también es independencia. También es hacer patria.

Fuentes consultadas

  • Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 39.
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). Ignacio Allende, el primer insurgente. Secretaría de Cultura.
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). Independencia. Secretaría de Cultura.
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). Josefa Ortiz Téllez Girón. Próceres de México. Secretaría de Cultura.
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s. f.). José María Morelos y Pavón. Cronología 1765–1815. Secretaría de Cultura.
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (2025). Historia de las mujeres en México: Panorámicas, abordajes y aproximaciones. Tomo I: Del México antiguo a la creación del Estado nación. Secretaría de Cultura.
  • Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (2025). Vicente Guerrero: Un hombre, una época y un país. Secretaría de Cultura.
  • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results. OECD Publishing.
  • Universidad Nacional Autónoma de México. (s. f.). Antecedentes de la Independencia de México. Portal Académico del Colegio de Ciencias y Humanidades.