Tiene lugar en esta etapa de cierre del año un episodio cumbre en el proceso autoritario que ha tenido lugar en la fase morenista de gobierno, que iniciara en 2018 y que continúa dentro de un tránsito que se desplaza en un segundo nivel o piso respecto de su inicio o detonación.
Se suceden, sin descanso, impulsos encaminados a desmantelar instituciones, equilibrios, contrapesos, límites y posiciones que contrasten al ejercicio del poder, de modo de evitar todo freno posible a la marcha que imprime la presidencia. En un principio se trató de frenar una obra pública en proceso para la construcción de lo que se pretendía fuera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, para realizar la obra en cuestión en el estado de Hidalgo, previa denuncia mediática de actos de corrupción que nunca fueron llevados al plano legal.
El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se ejecutó de forma atropellada y al margen de los estudios indispensables, de modo que inició con un nivel de operación sumamente precario (por decir lo menos), situación que se intentó matizar con la decisión de trasladar la carga aeroportuaria a esa sede, migrando del Aeropuerto Internacional las operaciones correspondientes hacia esa nuevas instalaciones; como se sabe, tal determinación ha sido objeto de inconformidad por parte de los Estados Unidos por los efectos negativos que tiene la medida para sus empresas aeronáuticas y de carga en términos logísticos y de costos, lo que está siendo objeto de negociación y aclaración tras la búsqueda de solventar el diferendo.
La dotación de medicamentos tiene 7 años en reconfiguración ante el juicio sobre la existencia de una gran corrupción, pero esta no ha sido develada mientras, en cambio, se han impulsado diversas medidas para pretender garantizar su abasto, sin que hasta la fecha haya sido posible lograrlo, generando graves repercusiones sociales en términos del tratamiento de enfermos y de muertes que se pudieron evitar.
El lance autoritario continuó su camino con la consulta para juzgar a los expresidentes, mismo que no alcanzó la participación necesaria para hacerlo vinculante, a partir de un cuestionamiento casi incomprensible para salvar la inconsistencia legal de una consulta sobre un tema que no precisaba ser consultado; en similar dirección caminó el proceso sobre una supuesta revocación de mandato que fue motivada por un móvil opuesto, pues lo que pretendía era la ratificación del mandato presidencial. En fin, consultas que erosionaron el presupuesto público, que fueron innecesarias e incomprensibles y que se realizaron con una baja participación.
Pronto ocurrió la renuncia anticipada del presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que abrió un espacio sujeto a la propuesta presidencial para completar la integración de la Corte, evidenciándose, al mismo tiempo, el vínculo con el gobierno del ministro en cuestión, al ser incorporado dentro del equipo de campaña de la entonces candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum.
Pero el desplante autoritario morenista tuvo su acometida más decidida cuando después de las elecciones federales de 2024 logró convertir una votación donde alcanzó el 54% de los votos, en una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados de más del 73% de sus integrantes; contario al espíritu de las reglas que fueron establecidas en el sentido de proteger a las minorías y limitar a la mayoría; sucedió lo contrario, se limitó a las minorías y se protegió a la mayoría con su coalición de partidos. En el Senado de la República la mayoría calificada fue alcanzada por el grupo parlamentario del partido en el gobierno con el uso de métodos inconfesables de corte gansteril. El nuevo capítulo de esta trama autoritaria se despliega ahora en el episodio de renuncia a su cargo del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, de forma inopinada y en medio de una bitácora de tiempos que evidenció una dura negociación del gobierno y de presiones evidentes para lograr la presentación del oficio de separación correspondiente. Más que evidente ha sido la voluntad del gobierno por remover a quien fuera su fiscal y de proceder a un nombramiento que le sea dúctil y funcional.
Todo ello tiene lugar en un marco de desaparición de órganos autónomos para incorporar sus funciones en la estructura central de la administración pública, lo que plantea un discurso de extrema concentración de funciones, procesos y tareas bajo el mando directo de las atribuciones presidenciales, así como de lo que implica la subordinación dentro de la jerarquía existente, y de la posibilidad de remoción cuando el desempeño de los responsables no resulte satisfactorio.
Parte del espectáculo deplorable se proyecta con el componente de actos magnos de corrupción como ocurre con el huachicol fiscal, las actividades solapadas de la famosa barredora, el caso de Segalmex y de las derivaciones que estas acciones han propiciado a lo largo y ancho del país con la componenda y participación de funcionarios del gobierno morenista.
El festín autoritario que comenzó en 2018 se ha profundizado en esta fase del segundo piso diseñado por este gobierno, respecto de las acciones emprendidas por su antecesor. El rostro del cambio de régimen que se proclama por el oficialismo no da lugar a duda, es del tipo despótico autoritario, de simiente populista y raíz fascista.