Así como en su momento se dijo que Salinas de Gortari encarceló a la Quina para justificar el fraude electoral del 88 o que Felipe Calderón inventó la guerra contra el narco, para supuestamente afianzarse en el poder, Andrés Manuel López Obrador construyó su narrativa denunciando privilegios, cacicazgos y nepotismo que, desde su perspectiva, caracterizaron durante décadas al PRI y al PAN.
Inventó que en la Cuarta Transformación no habría espacio para apellidos, familias o élites que heredaban posiciones y concentraban el poder.
Sin embargo, la historia es exactamente la contraria.
Mientras condenaba los viejos grupos fue construyendo los propios mediante la ocupación simultánea de espacios estratégicos dentro del gobierno, el partido y las instituciones encargadas de elaborar, interpretar y aplicar las leyes.
Y, si alguna familia representa fielmente esa nueva concentración de poder son los Alcalde Luján: una red de influencia que ha acompañado el nacimiento, consolidación y expansión del obradorismo, cuyos integrantes han ocupado posiciones estratégicas en el gobierno federal, en Morena y en la elaboración de las leyes y la procuración de justicia.
Decisiones fundamentales
Arturo Alcalde Justiniani ha sido durante décadas uno de los abogados laboralistas más cercanos a López Obrador. Sin ocupar una secretaría de Estado, se convirtió en uno de los principales operadores e impulsores de la política sindical de la 4T.
Su relación con el dirigente del Sindicato de Telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y con la Unión Nacional de Trabajadores se remonta a los años noventa y esa cercanía, sirvió durante el gobierno de López Obrador, particularmente para la reforma laboral de 2019, cuando la entonces secretaria del Trabajo era su hija, Luisa María Alcalde.
El Sindicato de Telefonistas también respaldó el paquete de reformas que derivó en la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), una de las instituciones autónomas eliminadas durante el proceso de reorganización del Estado impulsado por Morena.
Bertha Luján Uranga, esposa de Arturo Alcalde, también forma parte de esa historia política. Fue contralora del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de López Obrador y, posteriormente, presidenta del Consejo Nacional de Morena, el órgano político más importante del partido.
Después apareció la segunda generación.
Luisa María Alcalde ha ocupado la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación, la dirigencia nacional de Morena y actualmente la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Desde esas posiciones ha participado en la elaboración, defensa e instrumentación de algunas de las reformas más importantes del obradorismo: la reforma judicial, las modificaciones electorales y la nueva legislación en materia de telecomunicaciones y derechos de las audiencias.
Mientras su hermana, Bertha María Alcalde Luján, despacha como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, una de las instituciones de procuración de justicia con mayor peso, donde se investigan muchos de los asuntos políticos de mayor relevancia nacional.
Formalmente cada cargo pertenece a instituciones autónomas entre sí, pero, políticamente, forman parte del mismo proyecto de gobierno.
La situación adquiere una dimensión más delicada cuando se observa la estructura de Morena hasta hace poco: Luisa María Alcalde encabezó la dirigencia del partido acompañada por Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Dos apellidos y dos familias controlando simultáneamente el partido político en el poder.
Nepotismo obradorista
Aunque Morena promovió reformas para combatir el nepotismo electoral y limitar la sucesión de familiares en cargos de elección popular, el verdadero poder continúa concentrándose en un reducido grupo de familias que controlan áreas fundamentales del Estado.
Porque el nepotismo guinda ya no consiste únicamente en heredar una gubernatura o una alcaldía. Consiste en que una familia participe en la elaboración de las leyes; otra dirija el partido gobernante; otra conserve el liderazgo político del movimiento; otra administre la procuración de justicia y todas pertenezcan al mismo círculo de poder.
El caso de los Alcalde Luján no es el único, están también los Monreal, los Salgado, los Batres, los Tadei, los López Hernández, los Villarreal y los Sansores, entre otras, que ocupan posiciones fundamentales del proyecto político de Morena.
López Obrador habló de combatir a “la mafia del poder”, pero hoy, las decisiones más importantes pasan por un reducido grupo de apellidos, una nueva “mafia del poder” o una dinastía autoritaria que se hizo del país.
X: @diaz_manuel