La desaparición o debilitamiento del programa de estancias infantiles durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido señalada por múltiples analistas, organizaciones civiles y familias afectadas como una medida regresiva que impacta de manera desproporcionada a las mujeres. Esta decisión puede interpretarse como parte de un patrón más amplio de políticas que, aunque justificadas en términos de austeridad o combate a la corrupción, terminan trasladando cargas adicionales a las madres trabajadoras, sobre todo a las más pobres.

Las estancias infantiles funcionaban como espacios de cuidado para niñas y niños mientras sus madres, en su mayoría jefas de familia, trabajaban, estudiaban o buscaban empleo.

Su importancia radicaba en tres dimensiones:

​1. ​Autonomía económica: permitían a las mujeres insertarse en el mercado laboral o continuar en él.

​2. ​Reducción de la carga de cuidados: el programa era una herramienta de corresponsabilidad que no recaía solo en las familias.

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​3. ​Cuidado temprano seguro: ofrecían servicios profesionales que sustituían arreglos informales y, en muchos casos, inseguros.

La cancelación del programa: argumentos del gobierno vs efectos reales

El gobierno argumentó presuntas irregularidades y falta de transparencia en el manejo de recursos. Sin embargo, la estrategia de “entregar dinero directo a las familias” tuvo efectos colaterales:

• El monto otorgado no alcanzaba para cubrir el costo real de una estancia formal.

• Muchas estancias cerraron ante la falta de financiamiento estable.

• Las madres tuvieron que recurrir a cuidados improvisados, familiares o dejar el empleo.

En la práctica, una política que buscaba “evitar la corrupción” terminó afectando la infraestructura de cuidados que sostenía la participación laboral femenina.

Un impacto de género: ¿por qué se interpreta como un ataque a las mujeres?

La medida puede analizarse en el marco de los sesgos estructurales de género:

Reforzamiento de roles tradicionales. Al eliminar un apoyo clave, se empuja a las mujeres de vuelta al hogar, reforzando la idea de que su rol “natural” es el cuidado.

Invisibilización del trabajo de cuidados. La política de austeridad del gobierno ha demostrado poca comprensión del valor económico de este trabajo, que en México recae desproporcionadamente en las mujeres.

Desigualdad socioeconómica agravada. Las mujeres de bajos ingresos son las más afectadas: no pueden pagar cuidado privado ni renunciar al trabajo.

El patrón más amplio: políticas que afectan de manera diferenciada a las mujeres

La cancelación de estancias infantiles se ha señalado como parte de un conjunto de decisiones donde:

​• ​Se reducen recursos a refugios para mujeres víctimas de violencia.

​•​ Se desmantelan instituciones dedicadas a la igualdad de género.

​• ​Se centralizan programas sociales sin perspectiva de género.

Las estancias infantiles permitían a cientos de miles de madres trabajadoras sostener un empleo formal o informal. Con su desaparición, muchas mujeres no encontraron alternativas: algunas tuvieron que reducir su jornada laboral, otras abandonar el trabajo y muchas quedaron atrapadas nuevamente en roles domésticos que limitaron su desarrollo económico.

La burla de AMLO no se hizo esperar para justificar su mala política, tras recortar los fondos del programa, el gobierno decidió entregar un subsidio directo de 1,600 pesos cada dos meses por niño a los padres, en lugar de financiar directamente las estancias infantiles y aseguró que no era su intención ofender, sino reconocer que “los abuelitos y abuelitas ayudan” en la crianza, especialmente en el caso de madres solteras apoyadas por sus propias madres u otras familiares.

Organismos nacionales e internacionales documentaron que el cambio impactó sobre todo a mujeres de bajos ingresos, jefas de familia y trabajadoras sin acceso a guarderías del IMSS o ISSSTE. La transferencia de dinero directo, insuficiente para pagar servicios privados, no suplió un programa integral que ofrecía espacios, personal calificado y supervisión profesional.

Pero mientras el Estado desmantelaba este sistema, López Obrador fortaleció políticamente al Partido del Trabajo de Alberto Anaya. El PT recibió control y expansión de sus propias “estancias educativas” y “centros infantiles” ligados históricamente a su estructura. Este modelo, distinto al federal y sin la misma regulación pública, se convirtió en una plataforma política y económica para el partido aliado.

En otras palabras, mientras se cerraban miles de estancias bajo el argumento de corrupción, se abrían espacios operados por un partido político aliado, sin que se aplicaran los mismos criterios de vigilancia que se usaron para justificar la eliminación del programa original.

El resultado fue doble: retroceso para las mujeres y premio político para el PT. Una decisión que, a largo plazo, profundizó desigualdades y dejó sin apoyo a quienes más lo necesitaban.

Lo peor es que esa mala política que atenta contra la dignidad de las mujeres, con la educación de los niños, se sigue profundizando en la actual administración y se mantiene el mismo criterio que AMLO dispuso.