La discusión sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos está entrando en un terreno inédito. Con el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca y la prioridad declarada de su administración de combatir al narcotráfico como una amenaza directa a la seguridad nacional, surge la pregunta inevitable: ¿puede el partido en el poder en México, Morena, ser designado formalmente como Foreign Terrorist Organization (FTO) por el Departamento de Estado de EUA?
La pregunta, aunque radical, no es meramente retórica. Responde a la combinación de tres factores: la captura institucional por parte de redes criminales, la similitud del modelo con otros narcopartidos latinoamericanos como el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y los parámetros legales que permiten dicha designación.
Según el marco legal aplicable en EUA, la designación de una organización extranjera como FTO se encuentra prevista en la Sección 219 de la Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. § 1189.
Según la legislación vigente, los criterios que debe cumplir una entidad son tres:
- Debe ser una organización extranjera.
- Debe involucrarse en “actividad terrorista” o “terrorismo”, según se define en las secciones 212(a)(3)(B) y 140(d)(2) de la INA. Esto incluye: uso de violencia o intimidación para coaccionar a gobiernos o poblaciones civiles. Amenazas contra ciudadanos de EUA en el extranjero. Colaboración material con redes criminales que utilizan tácticas terroristas.
- La actividad debe amenazar la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos, entendida en términos de defensa, relaciones exteriores o intereses económicos.
Bajo este marco, organizaciones criminales extranjeras que han demostrado nexos con terrorismo o violencia sistemática contra civiles podrían ser objeto de designación, incluso si operan bajo un disfraz político.
El precedente con el que se cuenta es el caso venezolano. El Cártel de los Soles y el PSUV demuestran que el partido en el poder puede convertirse en un andamiaje criminal. Altos funcionarios del PSUV y mandos militares integrados al llamado Cártel de los Soles han sido acusados en cortes federales estadounidenses por narcotráfico, conspiración y colaboración con grupos armados extranjeros. Este modelo de narcopartido cumple las condiciones para un tratamiento de facto como organización criminal con impacto terrorista. Veamos cómo: uso del aparato estatal para proteger y facilitar operaciones ilícitas; alianzas con grupos insurgentes extranjeros como las FARC, catalogadas en su momento como FTO; narrativa antiestadounidense como escudo ideológico de su captura criminal.
Personajes con cargos públicos o que militan en alianza con el partido en el poder, en este sentido, comparten rasgos preocupantes con el modelo venezolano: gobernadores, legisladores y cuadros intermedios investigados por nexos con cárteles; utilización de programas sociales para construir lealtades políticas bajo lógicas clientelares asociadas al crimen y una política exterior que se aproxima a narrativas antiestadounidenses en foros multilaterales.
Casos recientes que evidencian vínculos con actividades ilícitas y que se han hecho públicos encajan perfecto en las descripciones y, por tanto, son ilustrativos:
Rosarito, Baja California. En días recientes, el Departamento del Tesoro de EUA, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), congeló los bienes de 22 personas y empresas mexicanas vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas, la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown. La OFAC acusó a Brown de haber facilitado el control del gobierno municipal de Rosarito por parte del crimen organizado mediante su vínculo con Candelario Arcega y empresarios locales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana confirmó que aplicará el bloqueo administrativo como parte de la cooperación internacional contra el lavado de dinero y afirmó que esta acción es preventiva, sin implicar por sí misma responsabilidad penal.
La Barredora. Un grupo criminal que opera principalmente en el estado de Tabasco. Este mes y año, el líder de este grupo, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, fue detenido por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el huachicol fiscal. La detención de Bermúdez Requena ha puesto de manifiesto la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales y su posible vinculación con actores políticos de Morena.
Los hermanos Carmona. Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, fue un empresario tamaulipeco asesinado en noviembre de 2021. Según investigaciones, Carmona habría financiado campañas políticas de Morena, incluida la presidencial de 2018. Además, se ha señalado que utilizó su relación con miembros del gobierno federal para colocar a personas de su confianza en posiciones clave dentro del sistema aduanero, facilitando así el contrabando de hidrocarburos. Su hermano, Julio Carmona Angulo, también estuvo involucrado en estas actividades y fue designado responsable de la aduana de Reynosa, Tamaulipas.
Es así que aunque Morena es un partido político registrado en México, varios de sus comportamientos (o de sus integrantes) pueden ser interpretados bajo los criterios del INA. Organización extranjera: como partido constituido en México, cumple con la condición básica de ser una entidad no estadounidense. Actividad terrorista: los vínculos documentados de candidatos, gobernadores y operadores con cárteles que utilizan tácticas de terror (ejecuciones masivas, ataques contra fuerzas armadas, desplazamientos de comunidades) encuadran en la definición norteamericana de “actividad terrorista”. Este partido al integrar, proteger o encubrir a dichos actores dentro de sus estructuras políticas, incurre en lo que la legislación denomina “material support” o apoyo material. Amenaza a la seguridad de EUA: el narcotráfico hacia territorio estadounidense, protegido o facilitado por cuadros políticos de Morena, representa un riesgo directo para la salud, seguridad y estabilidad social en EUA.
En suma, no se requiere que un partido mexicano o de cualquier otra nacionalidad, como institución organice ataques armados; basta con que su estructura política funcione como escudo y facilitador de actores que sí lo hacen. Es así que, una eventual designación traería efectos inmediatos:
- Congelamiento de activos en Estados Unidos de líderes de Morena, gobernadores y operadores vinculados.
- Procesos judiciales en cortes federales por apoyo material al terrorismo contra políticos mexicanos con vínculos criminales.
- Inhabilitación de contactos diplomáticos formales, salvo los estrictamente necesarios para intereses de seguridad nacional.
- Golpe reputacional hemisférico, equiparando a Morena con estructuras como Hezbollah o las FARC en su momento.
Más allá de la política, esto significaría reconocer internacionalmente que México se encuentra en riesgo de consolidar un narco-Estado similar al venezolano, en la actualidad, o lo que se veía en el pasado, con Colombia.
Habrá que ver si este es un modelo o imagen que la presidenta y el mismo organismo quieran dar ante el mundo, pues Morena se presenta como un partido político democrático, pero su infiltración y dirección por redes criminales, su complicidad con cárteles y su discurso antiestadounidense lo convierten en un actor híbrido, a medio camino entre estructura política y organización criminal.
El marco legal estadounidense ofrece herramientas claras para considerar su designación como Foreign Terrorist Organization. El precedente venezolano muestra que partidos en el poder pueden degenerar en plataformas del narcoterrorismo y, este ejemplo ya exhibe múltiples rasgos de ese modelo.
La pregunta ya no es si es viable jurídicamente esa designación, sino si Estados Unidos decidirá aplicar el estándar que utilizó en Venezuela al caso mexicano.