El régimen político deja expuesto al país por la corrupción, la connivencia con criminales vinculados con el narcotráfico y la impunidad. La justicia del obradorismo es social —ajena a leyes y procesos—, no institucional. Parte de la tesis de que las causas del delito se deben a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes; no a los incentivos que resultan de un régimen de justicia que no sanciona a criminales. La retórica populista ahora se vuelve en contra, porque la impunidad es el sello de los tiempos. Criminalizar la pobreza y la desigualdad es infundado. El crimen no se presenta en la población más pobre; además, las causas sociales son históricas y estructurales. Resulta ridícula la pretensión de revertirlas con programas de becas para jóvenes.
EU se siente amenazado por la porosidad fronteriza para migrantes indocumentados y para el tráfico de drogas; las armas de allá vienen y, según la estrategia 2026 de EU, ello es de interés para el gobierno norteamericano. Las autoridades de México atendieron, con buenos resultados, el freno a la migración. El mayor logro de Donald Trump, según la opinión pública, se ha dado en seguridad fronteriza. El tema de las drogas es más complejo y difícil de resolver, especialmente en materia de fentanilo, una droga perniciosa, fácil de producir y transportar. Se ha documentado que quienes la introducen a EU lo hacen por vía terrestre y mediante “mulas”, en su mayoría ciudadanos norteamericanos.
En la acción norteamericana respecto a las drogas se entreveran la postura sostenida desde hace décadas por las agencias norteamericanas y la agresiva determinación del gobierno de Trump, a partir de una visión de hegemonía hemisférica, que se ha servido de la declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones extranjeras terroristas, lo que amplía los recursos y las atribuciones extraterritoriales para combatirlas. El marco legal para enfrentar el narcotráfico es diferente al del terrorismo, no solo por las atribuciones que se arrogan las autoridades norteamericanas, sino por el espectro de responsabilidad que resulta de la asociación política, logística o económica con dichas organizaciones.
Por esta consideración, la amenaza al país es mayúscula, producto de la destrucción de la justicia institucional o legal. Ningún delincuente de relieve ha sido juzgado en casi ocho años, no se diga de los políticos asociados. En este contexto de impunidad se emprenden investigaciones en EU, no solo respecto a la acción estrictamente delictiva, sino también a la asociación financiera o a la protección política. Trump afirma que lo que no hagan las autoridades mexicanas, ellos lo harán y el fiscal Todd Blache anuncia que vendrán más casos contra políticos narcos.
Para EU el cártel Sinaloa es una organización terrorista relevante en el envío de drogas a EU y a todo el mundo. La investigación policial y de inteligencia, así como los testimonios de jefes criminales, revelan la vinculación de políticos en momentos electorales, en un siniestro intercambio de interferencia y dinero para ganar elecciones a cambio del aparato gubernamental al servicio del grupo criminal. Las pruebas son abrumadoras y convincentes, además de la evidencia resultado de la actividad criminal documentada por periodistas locales de excelencia, a los que alude con acierto Ciro Gómez Leyva.
El gobierno de México ya perdió la batalla legal y política porque no actuó con oportunidad, especialmente en el ámbito judicial. Todavía peor: no se le considera incapaz o incompetente, sino coludido, y ahora se refugia en una acción de contención y de control de daños. Queda la idea de que no actúa porque es parte de la organización criminal. Esto vuelve extremadamente peligrosa la amenaza del gobierno norteamericano, especialmente si la respuesta para entregar criminales es elusiva o engañosa, como ha ocurrido con el gobernador Rubén Rocha y otros nueve implicados.
Sinaloa no es el único caso. La investigación norteamericana sobre el contrabando de combustible y las revelaciones asociadas a las actividades del empresario Sergio Carmona muestran que las campañas de Morena fueron financiadas con recursos de dicha actividad criminal. En 2021 tuvieron lugar, además de Sinaloa, otras 14 elecciones de gobernador; 12 fueron ganadas por Morena o por el PVEM.
La concurrencia de la investigación judicializada —que viene desde hace años— y la manera como el gobierno del presidente Trump ha resuelto combatir al crimen organizado significan que el país enfrenta la mayor amenaza de su historia. Como se advierte, el origen del problema es estrictamente doméstico. La impunidad a lo largo del régimen obradorista deja poco espacio para la prédica soberanista.