A casi un año de la asunción del gobierno presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum y a unos días de la rendición de su primer informe de labores, el balance sobre lo que ha sido su gestión es materia obligada.
La costumbre, hasta ahora imperecedera, del balance que hace el propio gobierno es mostrar banderas desplegadas y lucir grandes logros, con clara elusión a las partes críticas y a las insuficiencias; se trata de que el 1 de septiembre de cada año sea destinado a encomiar y ensalzar la labor del gobierno. De esa manera, sigue siendo una jornada dedicada al culto del presidencialismo.
El largo debate que se escenificó sobre el informe fue resuelto por el lado menos creativo; se optó por reducir al extremo su carga parlamentaria, al grado que su presentación y lectura cambió de escenario, ya no fue la Cámara de Diputados en sesión del congreso general el espacio destinado para el efecto; en los hechos fue sustituido por un evento organizado por el propio titular del poder ejecutivo con los invitados que decide convocar y congregar. Así, el 1 de septiembre, como día de la presidencia, subsiste bajo modalidades distintas. El Congreso recibe el texto del informe y se posicionan los distintos grupos parlamentarios sobre el tema para que en sesiones posteriores ambas cámaras del Congreso realicen la glosa de su contenido.
Resulta evidente que la evolución del formato del informe de gobierno hacia un proceso de dialogo directo entre poderes, en el cual insistía la oposición de antes de la primera alternancia del partido en el gobierno ocurrida en el año 2000, quedó fuera de foco y ahora prima la costumbre de festinar resultados en un foro extra-muros del Congreso; se privilegia el acto comunicacional, celebrativo, de autoelogio, en donde se plasma una especie de transmutación que abandona su sentido político y se acerca más a lo social, muy lejos del proceso de rendición de cuentas en el que alguna vez se pensó.
En la cita del primer informe se habla con insistencia del respaldo histórico alcanzando por la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuanto a su índice de aceptación entre la población abierta; también del éxito alcanzado por los programas de apoyo social y de transferencias a distintos grupos de la población y que tienen reflejo en la medición de la pobreza y de la pobreza extrema en una tendencia a su disminución.
Respecto del primer tópico cabe señalar que los populismos, en efecto, tienen entre sus características los elevados índices de popularidad que logran, en especial durante sus primeros años, pues de eso se trata; su vocación es mostrar una amplia aceptación sustentada en el uso de medios de comunicación, de la primacía del discurso del gobierno y de un sentido monopólico de la representación del pueblo, en donde se excluye de éste a los grupos que ostentan una opinión distinta, ya que los primeros constituyen al pueblo auténtico, mientras los segundos son denostados por ser parte de la oligarquía, del conservadurismo, de los corruptos, etc. Se pretende una simbiosis entre gobierno, nación y pueblo y, consecuentemente, una descalificación de la otra parte
En lo que corresponde a la reducción de la pobreza existen varios comentarios, el primero es que como lo reconoce la propia medición del INEGI, el principal componente de tal abatimiento es la elevación del salario y éste, debe recordarse, fue uno de los elementos que marcaron la negociación del T-MEC desde 2018, junto con el reclamo de libre sindicalización, que después sería plasmado en una reforma laboral. En síntesis, debe decirse que en el marco de la firma del tratado se impulsó un proceso de elevación de los salarios laborales.
Por otra parte, nuevamente el propio INEGI declara que los programas de apoyo social y de transferencias monetarias tuvieron una participación marginal en la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, se advierte del sentido negativo, en términos de costo social, que genera el deterioro mostrado por la política de salud, la reducción del acceso a los servicios públicos y del abasto de medicamentos, que ha tenido como efecto la elevación del gasto de los hogares con menores ingresos destinado a la atención médica. Si bien los ingresos laborales son el factor más importante en la reducción de la pobreza, buena parte de los empleos que se reportan tienen el carácter de informales, ante lo cual se evidencia el costo de la carencia de seguridad social.
Conforme a los rubros que caracterizan a los populismos, en términos de operar el respaldo más amplio a los gobiernos a partir de una interlocución constante y dominio del espacio público para impulsar el culto a la imagen de quien gobierna, así como de actos de publicidad y propaganda, como también de la operación de ayudas directas a grupos sociales específicos, cumple el gobierno de Claudia Sheinbaum un papel destacado.
El hallazgo del INEGI en el sentido que la reducción de la pobreza obedece mucho más a la elevación de los ingresos salariales que a las transferencias económicas o a los programas de ayuda a distintos grupos, desliza la importancia correlativa que éstos tienen en la construcción y mantenimiento de clientelas, mientras, como ya se dijo, se sufre un deterioro importante de los servicios de salud. Así su justificación parece correr más por el imperativo populista que por sentido social o, en el mejor de los casos, la explicación se encuentra en una mezcla entre ambas y muestra por qué el gobierno detenta el control central de los programas sociales y de ayudas, evadiendo su canalización a través de los estados y municipios como correspondería a nuestra condición federalista.
Ni duda cabe, el gobierno cumple sobradamente con la tarea de alcanzar popularidad y aceptación social; no obstante, los niveles de inseguridad que se tienen y los índices de violencia que se sufren, en populismo la calificación es de 10.
La parte crítica de la gestión gubernativa se encuentra en el rubro del republicanismo, en tanto implica el control del poder, la capacidad de moderarlo, de defender las libertades, los derechos humanos, alentar la pluralidad política, la división de poderes, fortalecer el Estado de derecho, alentar los consensos y procesar los disensos. En este renglón existe una clara reprobación, como lo demuestra la extinción de distintos órganos constitucionalmente autónomos que tendían a generar equilibrios y contrapesos al ejercicio del poder; desde luego el papel estelar lo tiene una reforma del poder judicial que de manera fraudulenta renovó a ministros, magistrados y jueces por medio de una elección pírrica y plena de vicios que arroja un cuerpo de juzgadores alineados al gobierno y sujetos a un mecanismo de disciplina que asegura su sometimiento y falta de autonomía, so pena de sufrir sanciones y de ser removidos.
El gobierno pretende exhibir avances en materia de la reducción de los asesinatos dolosos, pero los momios que presenta se encuentran todavía en el casillero de alto riesgo, al tiempo que las desapariciones forzadas escalan de manera incontenible y aumentan.
El gobierno llega a su primer informe con notas laudatorias en materia de populismo y con extrema reprobación en cuanto a los temas que miden el régimen republicano. Se presenta un horizonte que habla de un franco autoritarismo que fractura al régimen democrático, tal y como lo ensayaron con efímero éxito los regímenes fascistas. Es en ese contexto que los reiterados llamados de Alejandro Moreno por atender lo que él advierte como reproducción en México del modelo que vive Venezuela. Por lo pronto ya está en la agenda el tema de una reforma electoral que modificará las reglas de la competencia política y del pluralismo en México.
El cambio de régimen que anuncia el gobierno es una vuelta en “U” para retornar a lo más añejo y retardatario del pasado populista, sustentado en el hiperpresidencialismo y en el sistema de partido hegemónico; pero en populismo el gobierno tiene 10 de calificación y sobre esa base de apoyo desliza su proyecto.