No estamos dimensionando la magnitud del conflicto entre la prensa norteamericana y Donald Trump.
El presidente estadunidense exhibió el lunes su nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros en la Casa Blanca, intentando restar importancia a una disputa que ya dejó de ser una pelea más entre un presidente y los medios de comunicación. Mientras Trump mostraba la obra, las principales cadenas de televisión decidieron suspender la cobertura conjunta de sus actos presidenciales, después de que la Casa Blanca vetara a CNN, MS NOW y Politico.
El detalle importa porque lejos de si CNN informa bien, mal, demasiado, poco o si sus periodistas le gustan o no al presidente, hay una transgresión que ya superó los ataques verbales tradicionales contra periodistas. Tampoco estamos discutiendo si Donald Trump tiene derecho a criticar a los medios, con todo y la asimetría de poder, pues en realidad, posiblemente tenga derecho a expresarse como cualquier otro ciudadano, pero no es cualquier otro ciudadano. Un presidente puede cuestionar una nota, denunciar una falsedad, responder a una acusación y hasta decir que un periodista está equivocado. Solamente que lo hecho por Trump cotidianamente es ofensivo y transgrede hasta el orden constitucional y democrático por los llamados a dejar de consumir prensa al descalificarlos. Aún si dicen la verdad, son descalificados justamente por eso.
Lo que cambia completamente la naturaleza del conflicto es cuando el poder público pasa de criticar una cobertura a castigarla mediante el acceso.
Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico quedarían fuera de la Casa Blanca después de acusarlos de publicar “fake news” y de presentar una cobertura que consideró falsa. Posteriormente, periodistas de esas organizaciones fueron rechazados en los accesos y sus credenciales fueron desactivadas.
El acto es una violación a la Primera Enmienda.
La Constitución de Estados Unidos protege la libertad de prensa precisamente para impedir que quien tiene el poder pueda decidir quién puede preguntar, quién puede entrar y, sobre todo, quién puede informar.
Hay un precedente particularmente relevante: Sherrill v. Knight, de 1977. En aquel caso, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia estableció que, una vez que la Casa Blanca abre instalaciones de prensa a periodistas acreditados, el acceso no puede ser negado arbitrariamente o por razones que no sean suficientemente justificadas. El tribunal también exigió garantías de procedimiento para la negativa de credenciales como dar notificación, oportunidad de responder y una decisión final por escrito.
Esto es importante porque desmonta una confusión frecuente respecto a que la Primera Enmienda no significa que todo periodista tenga derecho constitucional a entrar en cualquier lugar donde se encuentre un funcionario. La Suprema Corte ha reconocido que el gobierno no está obligado a proporcionar a la prensa un acceso especial a todas las fuentes de información bajo su control.
Es curioso que en México no valoremos los extensos derechos que tenemos sobre la petición y expresión, pues, por ejemplo, la SCJN mexicana ha establecido que el derecho de petición puede ejercerse por cualquier medio, incluso como pregunta planteada en redes sociales. Las autoridades están obligadas a responder y por la vía de amparo es exigible el derecho a esa petición.
En Estados Unidos, una cosa es regular el acceso por razones legítimas de seguridad, espacio o funcionamiento institucional, y otra muy distinta es utilizar el acceso como mecanismo de represalia frente al contenido de una cobertura.
Eso lo que tendrá que determinar el Poder Judicial en este nuevo episodio. CNN, MS NOW y Politico ya demandaron a la administración Trump ante un tribunal federal, alegando violaciones a la Primera Enmienda y al debido proceso protegido por la Quinta Enmienda.
Mientras tanto, ocurrió algo poco habitual pues ABC, CBS, Fox, NBC y CNN, las cinco organizaciones que integran el sistema de cobertura televisiva compartida de la Casa Blanca, suspendieron el pool presidencial después de que CNN fuera excluida de su turno de cobertura. Las cadenas señalaron que el público tiene un interés fundamental en recibir información independiente sobre su gobierno y que ninguna administración debería restringir a un medio por sus contenidos periodísticos.
Esto debería preocupar incluso a quienes no simpatizan con CNN. La libertad de prensa no se prueba cuando el periodista dice exactamente lo que queremos escuchar. Se prueba cuando el poder está furioso con lo que acaba de publicar. Típico al estilo de las criticadas dictaduras latinoamericanas, Donald Trump lanzará su propia cadena de televisión.
Hoy es CNN. Mañana puede ser Fox. Después puede ser un periódico local, una agencia de noticias o un reportero independiente que haya hecho una pregunta prohibida.
Ese es el verdadero tamaño del conflicto.
No se trata de defender la reputación de una empresa periodística, menos de asumir que los medios son infalibles. Pero el árbitro de la calidad periodística no puede convertirse en el propio gobierno y menos desde una tribuna presidencial donde la descalificación constante invade un derecho de terceros a ser informados.
Estados Unidos construyó una parte esencial de su democracia sobre la idea de que el poder debe ser observado, cuestionado y contradicho.
Por eso el conflicto que hoy vemos en la Casa Blanca es el fin de las libertades típicas de la democracia liberal; si el acceso a la información pública puede convertirse en una recompensa que el gobierno entrega a los periodistas complacientes y retira a quienes lo confrontan.
La respuesta definitiva corresponderá a los tribunales y en caso de favorecer a Donald Trump, el precedente sería transgredido. La señal entonces, es que la democracia de Estados Unidos habrá muerto oficialmente.
¿Puede el gobierno decidir quién tiene derecho a informar sobre el gobierno dependiendo de lo que publique?