REFUTACIONES POLÍTICAS
Cada vez que el Estado o la sociedad civil intentan regular la concentración mediática o establecer salvaguardas para proteger al público, los consorcios de comunicación activan el mismo libreto: denuncian un atentado contra la libertad de expresión.
Una queja tiene la hipocresía del tiburón que se declara perseguido cuando se busca poner a salvo al cardumen de sardinas. En su lógica, cualquier límite a su voracidad equivale a un acto de tiranía.
Para desmontar esta falacia, conviene recordar a Theodor Adorno y la Escuela de Fráncfort. Al acuñar el concepto de industria cultural, Adorno advirtió que los medios masivos no expresan la cultura de un pueblo, sino que administran verticalmente su conciencia. El receptor no es un ciudadano soberano ni un juez racional de contenidos; es el objeto predeterminado de una maquinaria monopólica que fabrica simultáneamente el mensaje y la necesidad de consumirlo. Bajo el pretexto del entretenimiento o de una supuesta oferta neutral de contenidos, noticias y opiniones, se estandariza el juicio y se atrofia la capacidad de imaginar un orden distinto. La libertad que defienden las cúpulas mediáticas, a través de sus intelectuales orgánicos, rara vez es la auténtica libertad de pensamiento: es la libertad de mercado para colonizar la subjetividad colectiva sin rendir cuentas a nadie.
Esta administración del ocio, de la publicidad y de la información empalma de manera exacta con la noción de hegemonía de Gramsci. La dominación en las sociedades contemporáneas no se sostiene primariamente con tanques o decretos, sino mediante la dirección moral e intelectual ejercida desde la sociedad civil. En ese tablero, los grandes medios de comunicación (radio, televisión, internet, plataformas de redes sociales y comentócratas -los sofistas contemporáneos-) actúan como los intelectuales orgánicos del poder económico. Su tarea no exige censurar abiertamente, sino naturalizar una visión particular del mundo (el individualismo a ultranza, la sacralización del mercado, el desprecio por lo público y la satanización del Estado) hasta convertirla en el “sentido común” de la época. Cuando la audiencia carece de instrumentos de defensa, termina pensando con las categorías que le imponen quienes la subordinan, sus amos mediáticos.
Por eso resulta indispensable sostener que las audiencias deben tener derechos exigibles y no son meras clientelas cautivas. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para los dueños de los transmisores, de las plataformas digitales o de sus “intelectuales”; es un derecho de doble vía cuya vertiente colectiva exige información veraz, pluralismo real y una nítida separación entre hechos, propaganda, opiniones y publicidad.
Entre el consorcio mediático y el receptor aislado en su sala o frente a su celular no existe, ni ha existido jamás, simetría posible. El derecho de réplica, las defensorías del público y las normas antimonopolio no constituyen censura previa: son las herramientas democráticas mínimas para equilibrar una correlación de fuerzas abismal. Proteger a las audiencias no es callar al emisor, sino garantizar que la deliberación democrática sea un ejercicio de ciudadanos libres y no el festejo de los tiburones.