La presidenta Claudia Sheinbaum goza de una gran popularidad. De acuerdo con todas las encuestas de opinión, la jefa del Estado mexicano se ubica por encima del sesenta o setenta por ciento. Si bien no es algo excepcional en términos del aprecio de los mexicanos hacia su presidente, sí que cuenta con buenos niveles de aceptación. La revocación de mandato resulta, por tanto, un ejercicio costoso y peligroso.
El artículo 84 de la Constitución lee a la letra: “Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino”.
En otras palabras, de acuerdo al marco vigente, en caso de que los resultados de la revocación de mandato resultasen desfavorables para Sheinbaum, y se viese obligada a renunciar al cargo, ambas cámaras del Congreso, hoy dominadas por Morena, tendrían la responsabilidad de nombrar un presidente sustituto que concluyese el periodo presidencial.
Como se trataría de un suceso que tendría lugar durante la segunda mitad del sexenio, el presidente designado por los legisladores tendría la responsabilidad de conducir los destinos del país hasta 2030.
¿Puede imaginarse el lector el nivel pavoroso de inestabilidad política que provocaría una salida de Claudia Sheinbaum? ¿Cómo podrían dimensionarse los costos políticos, económicos, sociales y en términos de prestigio para la inversión si un presidente nuevo resultara “electo” por el Congreso federal?
En adición, de acuerdo al propio texto constitucional, los legisladores no estarían obligados a seleccionar a un sustituto que fuese miembro de alguna de las Cámaras, sino que podrían –así se interpreta del 84 constitucional- elegir a cualquier hombre o mujer que simplemente contase con los votos necesarios.
En otras palabras, la mayoría morenista, mediante artilugios, no estaría obligada a elegir a personajes como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Mayer o Cuauhtémoc Blanco, sino que podrían aventurarse a nombrar a Andrés López Beltrán, Luisa María Alcalde, o si se quiere, Andrés Manuel López Obrador.
Si bien el escenario de renuncia de Sheimbaum se antoja improbable, y la nación puede casi estar segura de que la jefa del Estado cumplirá con su mandato temporal, el simple hecho de la viabilidad jurídica de su salida supone un gigantesco riesgo para un país que enfrenta enormes complejidades en prácticamente la totalidad de las áreas estratégicas.