Hay personas que jamás se han sentado a platicar conmigo, que nunca me han acompañado a recorrer una colonia y que desconocen mi trabajo legislativo. Pero eso sí: tienen una opinión muy clara sobre quién soy, lo que represento y hasta lo que merezco.

No me conocen, pero ya me sentenciaron.

Desde que hice público mi registro para participar en el proceso de la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Miguel Hidalgo, he leído críticas, burlas y descalificaciones. Algunas cuestionan mi trayectoria; otras, mi edad, mi apellido o las circunstancias de mi familia.

No me incomoda que existan diferencias políticas. Me preocupa que, para algunos, apoyar a un liderazgo parezca exigir desacreditar a cualquiera que represente una alternativa.

He leído que solamente una persona conoce Miguel Hidalgo lo suficiente para aspirar a gobernarla. Que nadie más tiene el trabajo, la experiencia o el respaldo necesario. Que quienes tenemos menos años en la política deberíamos hacernos a un lado.

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Y me pregunto, ¿en qué momento la experiencia dejó de ser un mérito para convertirse en un derecho de exclusividad?

Reconocer una trayectoria no significa rendirle obediencia. La antigüedad no otorga propiedad sobre un territorio, ni el respaldo de un grupo convierte a los demás en intrusos.

Miguel Hidalgo no es patrimonio de ningún político. Ni de quienes ya gobernaron, ni de quienes quieren volver a hacerlo, ni de quienes aspiramos a asumir nuevas responsabilidades.

Y mucho menos que dentro de un movimiento que ha hecho de la participación popular una de sus principales banderas, todavía existan expresiones que parecen reservar la política para quienes llegaron primero.

La experiencia debería servir para abrir caminos, no para decidir quién merece recorrerlos.

Repetimos constantemente que necesitamos nuevas generaciones y mayor participación femenina en los espacios de decisión. Pero cuando una mujer joven decide levantar la mano, algunas discusiones dejan de girar alrededor de su trabajo y comienzan a concentrarse en su edad, su familia o su origen.

Sé perfectamente que mi apellido genera opiniones. Nunca he pretendido negar de dónde vengo ni inventarme una historia distinta para resultar más aceptable ante quienes me critican.

No elegí las circunstancias en las que nací. Lo que sí he elegido son mis convicciones, las causas que defiendo y la manera en la que ejerzo mi responsabilidad pública.

Tampoco voy a asumir como propias las decisiones editoriales de un periódico por mi relación familiar con su historia. Amo y admiro profundamente a mi padre, pero tengo una identidad política propia y respondo por mis palabras, no por las de terceros.

Y claro que no pretendo gustarle a todo el mundo. No espero aplausos por registrarme ni quiero que nadie deje de cuestionarme.

Soy servidora pública. Mi trabajo, mis decisiones y mis resultados están sujetos al escrutinio. Así debe ser.

Pero existe una diferencia enorme entre cuestionar lo que alguien hace y pretender definir quién es sin siquiera conocerlo.

Antes de ocupar una curul ya acompañaba a mujeres víctimas de violencia. Soy abogada penalista y fundé una asociación civil para ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico porque conozco lo difícil que puede ser buscar justicia y encontrarse con puertas cerradas.

En la Cámara de Diputados he impulsado iniciativas relacionadas con los derechos de las mujeres, la igualdad y el acceso a la justicia. En Miguel Hidalgo he recorrido colonias, escuchado a la gente y acompañado gestiones que quizá no se vuelven tendencia, pero que sí importan a quienes las viven.

¿Es suficiente? Esa es una discusión legítima. ¿Hay cosas que debo mejorar? Sin duda.

Mi trabajo está sujeto al escrutinio público, como debe estarlo el de cualquier representante popular.

Pero para cuestionar resultados primero hay que estar dispuesto a revisarlos.

La crítica exige argumentos. El prejuicio solamente necesita un teclado.

Y eso es algo que debería preocuparnos más allá de cualquier aspiración individual.

Nos estamos acostumbrando a una forma de discutir la política donde las descalificaciones personales ocupan el lugar de las propuestas, donde el respaldo a un dirigente se mide por la intensidad con la que se ataca a los demás y donde la diferencia se interpreta como una amenaza.

He visto discusiones en las que se habla más de quién recibe más porras que de quién presenta mejores soluciones. Como si el volumen de los aplausos fuera una prueba definitiva de capacidad.

El entusiasmo de los simpatizantes es legítimo. Pero las porras no sustituyen los argumentos, así como los insultos no sustituyen la evaluación del trabajo.

Y si algo deberíamos tener claro quienes formamos parte de un mismo movimiento es que la unidad no puede convertirse en una exigencia de obediencia.

Podemos reconocer distintas trayectorias, respaldar aspiraciones diferentes y debatir con firmeza sin convertirnos en enemigos.

La democracia pierde sentido cuando solamente nos parece válida mientras todos coinciden con nosotros.

Por eso vale la pena recordar qué fue lo que ocurrió.

No le quité un cargo a nadie. No exigí una candidatura. No reclamé algún derecho exclusivo sobre Miguel Hidalgo.

Me registré para participar en un proceso político, como otras personas tienen derecho a hacerlo.

Sin embargo, algunas reacciones parecieran sugerir que participar constituye una provocación, especialmente cuando alguien considera que ese espacio ya tiene destinatario.

Pero una aspiración no es una propiedad y una trayectoria no es un título de exclusividad.

Quienes aspiramos a representar a una comunidad debemos estar dispuestos a explicar nuestras propuestas, contrastar resultados y someternos a las reglas que correspondan.

Eso incluye aceptar que existan alternativas.

La gente de Miguel Hidalgo tiene asuntos mucho más importantes que resolver que las diferencias entre quienes aspiramos a participar en su vida política. Hay demandas de seguridad, servicios urbanos, mantenimiento de espacios públicos y atención cotidiana que no desaparecen porque estemos discutiendo entre nosotros.

Es ahí donde debería concentrarse nuestra energía.

Por mi parte, no voy a convertir cada ataque en el centro de mi agenda. Prefiero dedicar ese tiempo a escuchar a una vecina, acompañar a una mujer que necesita asesoría jurídica o trabajar en una propuesta legislativa.

A quienes cuestionan mi trayectoria, los invito a revisarla. A quienes tienen críticas legítimas, estoy dispuesta a escucharlos. Y a quienes ya tomaron la decisión de descalificarme sin conocerme, les respeto su derecho a opinar, aunque no comparta su manera de hacerlo.

No necesito que todos estén de acuerdo conmigo. Necesito mantenerme congruente con lo que creo.

Porque al final hay algo que ninguna publicación, ningún insulto y ninguna campaña de descalificaciones puede sustituir: el trabajo.

Y ese trabajo no se demuestra en una discusión de redes sociales ni mucho menos en un chat de WhatsApp. Se demuestra todos los días, frente a las personas a las que tenemos la responsabilidad de servir.

No vine a pedir permiso para participar. Tampoco vine a pelear por el derecho de hacerlo. Ese derecho ya lo tengo, como cualquier otra persona.

Vine a trabajar, a dar resultados y a construir una alternativa para Miguel Hidalgo.

Podrán cuestionarme, criticarme y estar en desacuerdo conmigo. Lo que no podrán es decidir por mí hasta dónde tengo derecho a llegar.

Si verdaderamente queremos transformar la política, también tenemos que transformar nuestra manera de ejercerla.

María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal LXVI Legislatura.

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