En el sistema de salud pública existe un tabulador con distintas categorías de contratación. Los famosos códigos 02 y 08 distinguen una plaza temporal de una de base. Durante años, esa distinción sirvió para aliviar la presión sobre quienes sostienen la atención de primer contacto: el personal con plaza temporal funcionaba como apoyo que rotaba por los servicios según la demanda. Si urgencias se saturaba, las jefaturas de personal podían pedir que una o dos personas de apoyo se sumaran a un turno específico.
Hoy el IMSS enfrenta otro problema, además del desabasto de insumos, el personal se quedó sin ese personal de apoyo. Los recortes presupuestales han ido borrando las plazas temporales de los servicios de apoyo, una estrategia de ejecución paulatina que busca formalizar la desaparición de tales plazas mediante un decreto que se mantiene en espera y que sería formalizado en el momento en que las personas que ocupaban esas plazas estén totalmente fuera del Instituto. En la carrera sanitaria, la plaza temporal era el primer peldaño. Se esperaba reunir méritos y experiencia para llegar a una base, con menor sueldo y nulasprestaciones, pese a que ese personal carga los turnos más demandantes. Aun así, los sueldos no corresponden ni a la exigencia ni al nivel profesional de quienes los reciben.
Esas plazas están por desaparecer, según acusan trabajadores que ya han sido retirados del sistema de escalafón, con la complicidad de una sección sindical cuestionada por haberse vuelto más aliada del patrón que de sus agremiados. A la corrupción que se atribuye a delegados sindicales y a la llamada burocracia de oro se suma una decisión más cotidiana y más cruel consistente en que el instituto sobrecargó a su personal al quitarle a quienes lo apoyaban.
El resultado es que hoy un turno puede quedar a cargo de dos personas. A veces un área completa depende de una sola enfermera y un solo médico. La brecha ya era enorme antes de los recortes. El sindicato nacional advirtió en 2019 que, según los parámetros de la OCDE, el IMSS debería tener 4.4 médicos y 9 enfermeras por cada mil derechohabientes, y tenía apenas 1.4 y 2.7. Los trabajadores del sector salud están hartos y sobreexplotados. Trabajan sin herramientas básicas y enfrentan, además, las acusaciones de un gobierno que los ha tildado de opositores de las derechas para deslegitimar su lucha.
Sería ingenuo pensar que esta crisis responde a una macabra estrategia para golpear al gobierno. La evidencia apunta a algo más estructural y más viejo. Los consultorios en cadenas de farmacias son el mejor ejemplo de cómo el gasto en salud se ha trasladado a las familias mexicanas. Estos consultorios surgieron en México en 1997, y su expansión por las cadenas se aceleró en la última década y media. Son la respuesta que dieron los empresarios farmacéuticos a la crisis del sistema público: consultas a precios accesibles dentro de la propia farmacia. La factura la pagan los hogares. Alrededor del 40% del gasto nacional en salud sale directamente del bolsillo de las familias. Según datos del INEGI citados por la asociación de farmacias, el gasto en salud de los hogares creció 39.2% en términos reales entre 2016 y 2024. Para 2022, casi 18% de quienes se atendieron en servicios privados lo hizo en un consultorio de farmacia. La salud mantiene un ritmo silencioso de efecto privatizador, que desplaza a los usuarios el gasto en salud a pesar de que ellos y sus patrones cubran las cuotas de seguridad social en tanto que un porcentaje considerable del gasto corriente personal termina en consultorios y farmacias de bajo costo pero privadas.
Para entender por qué el recorte pega tan fuerte, hay que distinguir dos instituciones que se confunden. El IMSS atiende a trabajadores formales y a sus familias, quienes cotizan a la seguridad social. El IMSS-Bienestar nació como un programa para población rural y marginada sin seguridad social. Con la desaparición del Seguro Popular y luego del Insabi, el gobierno lo convirtió en un organismo descentralizado que absorbió los servicios de salud de los estados que se adhirieron al modelo. La apuesta es un sistema unificado que dé atención a quienes carecen de seguridad social, y tarde o temprano al público en general. Desde 2020 el programa reportaba un déficit de 22 mil 75 médicos y 16 mil 546 enfermeras, y datos más recientes del gobierno federal indican que tres de cada diez profesionales de la salud que faltan en el programa corresponden a centros de Oaxaca y Veracruz, proporción que sube a cinco de cada diez si se suma Michoacán. Es decir, la carencia se concentra justo donde la población tiene menos alternativas.
La crisis es real, pero es peor que la falta de insumos y de medicamentos. Lo que se gesta es un problema laboral en el sector salud, que parece la última estocada a dos objetivos que no se reconcilian: construir un IMSS-Bienestar unificador, que integre los servicios y atienda al público en general, y gastar menos. No se puede ampliar la cobertura y recortar a quienes la sostienen al mismo tiempo. ¿Puede estar peor la situación? De hecho, para malestar de los usuarios y riesgo de los que aún son sanos, sí.
La forma en la que se invierte la pirámide poblacional dice que en el futuro cercano habrá más personas adultas mayores y por tanto, un mayor número de personas que podrá requerir atención preventiva así como atención médica para padecimientos que son propios de envejecer. Ese horizonte inmediato de necesidades queda sin resolver con una consulta piso por piso.