El artículo 89 de la Constitución mexicana, mismo que contiene las facultades otorgadas al presidente de la república, establece en su fracción X:
“X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales".
La presidenta Claudia Sheinbaum, en medio del debate internacional provocado por la situación en Venezuela, ha reiterado su compromiso de respetar el citado artículo, principalmente en aquello relacionado con la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
Sin embargo, la jefa del Estado mexicano, al lado de la integralidad del oficialismo, se ha olvidado que la autodeterminación de los pueblos es un concepto que se refiere a que cada nación tiene el derecho inalienable de elegir a sus gobernantes, decidir su forma de gobierno, legislar sus leyes, y en suma, dirigir sus destinos.
El pueblo venezolano, en ejercicio de sus derechos, decidió en las elecciones federales de 2024 dar la espalda al chavismo. Gracias a la participación de sus ciudadanos, el candidato Edmundo González Urrutia resultó electo con alrededor del 70% de la votación emitida. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, cuyo control se extiende al Consejo Nacional Electoral, declaró la victoria del dictador.
Este grosero fraude electoral fue documentado por numerosos organismos internacionales que estuvieron presentes durante los comicios, tales como el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y el panel de expertos de Naciones Unidas. A pesar de que exigieron al gobierno y a las autoridades electorales la presentación de actas que acreditasen la victoria de Maduro, este se reservó la información, lo que suscitó la indignación de la mayoría de los venezolanos y del mundo democrático.
En otras palabras, la nación venezolana, lejos de haberse autodeterminado en 2024, ha sufrido desde hace años la imposición de un régimen tiránico que ha provocado el exilio de ocho millones de personas, que ha violado derechos humanos y que ha condenado al 90% de sus ciudadanos a la pobreza.
Otro elemento destacado de la fracción X se refiere a la protección y promoción de los derechos humanos. Huelga recordar que el régimen de Maduro, lejos de hacerlo, ha sido culpable de miles de encarcelamientos por razones políticas, y ha destruido cualquier mecanismo jurídico de proteccion ante los abusos cometidos por el Estado.
Sumado a ello, la decisión de Sheinbaum de guardar silencio frente al reconocimiento entregado a María Corina Machado es un signo de que las convicciones presidenciales no se encuentran del lado de los principios del articulo 89, sino de un régimen que lejos de merecer su reconocimiento, debe ser condenado al unísono por cualquier hombre o mujer que se jacta de abrazar los ideales democráticos.
En suma, se celebra que el obradorismo, en voz de la presidenta Sheinbaum, se erija en defensa de una parte de los contenidos del 89 constitucional (la no intervención), pero a la vez, se ha olvidado de que con su reconocimiento de la validez de las elecciones de 2024, sumado a su negativa de condenar al régimen chavista, contraviene la propia disposición constitucional que, ufanos, pretenden defender.