Dos veces consecutivas, hoy jueves 20 de agosto y ayer miércoles 19, Ciro Gómez Leyva utilizó palabras derivadas de “maligno” —“malignidad” y “maligna”— para calificar al actual Poder Judicial y a una de sus integrantes, Mónica Soto, quien durante varios años se desempeñó como magistrada del Tribunal Electoral.
¿Malignidad de la judicatura surgida de la reforma planteada por el expresidente López Obrador y que terminó de ejecutar la presidenta Claudia Sheinbaum? Vaya exceso. De ahí a decir que el Poder Judicial actual es “El Maligno” —es decir, el mismísimo Diablo— solo hay un paso. Ojalá la comentocracia mexicana no lo dé por hecho, porque en nada ayudan tantas exageraciones mediáticas.
Repito: Ciro usó “malignidad” y “maligna” en el caso de las indemnizaciones a personas juzgadoras que aún no se han pagado. No dijo “arbitrariedad”, “injusticia” o “abuso”, ni lo más adecuado, “falta de recursos para cumplir el compromiso” del Poder Judicial. Prefirió una palabra bastante más fuerte, diabólica inclusive.
Maligno es algo más que malo: implica perversidad, deseo de causar daño. No por casualidad, el Maligno es uno de los alias del Diablo. Es lo perverso, lo realizado con la intención de perjudicar, incluso con el gusto de proceder sádicamente, solo por el placer de provocar sufrimiento.
Dijo Gómez Leyva en su columna de este jueves que el Órgano de Administración Judicial se burla —malignamente, es el tono de su redacción— de 225 juzgadores a quienes no se les ha entregado la indemnización y la pensión complementaria prometidas si se retiraban de sus cargos para dar paso a la renovación del Poder Judicial, cuya anterior judicatura la 4T decidió sustituir por sus innegables vicios, entre ellos la enorme corrupción.
Tengo no solo otra opinión, sino otros datos, como diría el clásico de la ciencia política mexicana aplicada. A mí me parece, y es defendible con información objetiva, que el actual Órgano de Administración Judicial es una de las instituciones más importantes y eficaces creadas por la 4T, porque se le diseñó para corregir —¡y está corrigiendo!— conductas indebidas de integrantes del nuevo Poder Judicial, como la de otorgarse, de una manera absolutamente arbitraria, seguros de gastos médicos mayores a integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y a otras 300 personas trabajadoras de la cúpula del Poder Judicial. Son seguros costosísimos, como bien sabemos, que de prosperar representarían un gasto excesivo para el Estado mexicano.
Según fuentes del propio Órgano de Administración Judicial, esa decisión de la Corte no pasará porque no lo permitirán el presidente de este organismo, Néstor Vargas Solano, y los otros integrantes, a saber: Surit Berenice Romero Domínguez, Xóchitl Almendra Hernández Torres, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez.
Para eso fue creado el Órgano de Administración Judicial: para no permitir abusos que, por un lado, generarían un daño presupuestal enorme y, por otro, irían en contra de los fundamentos éticos de la Cuarta Transformación, que parten de la austeridad republicana con la que debe comportarse quien ejerza una función en el servicio público.
Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: quien quiera tener un seguro de gastos médicos mayores para atenderse en hospitales privados, que lo pague con su salario. Por cierto, no tienen malos salarios ministros y ministras, ni el resto del personal de la SCJN.
Si, como ha trascendido, el OAJ evita tal exceso, la reforma al Poder Judicial ya cumplió, porque se estará garantizando que no se permita el derroche que caracterizó a la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que nadie controlaba en sus gastos.
El OAJ podrá estar batallando para tener recursos y cumplir con las personas juzgadoras que dejaron sus cargos antes de la aplicación de la reforma —nunca es fácil encontrar recursos para atender las numerosas necesidades de una dependencia pública—, pero eso no hace “maligna” a ninguna institución. Precisamente, evitar excesos como el de los seguros sirve para asignar de manera más eficaz el dinero que se tiene disponible y usarlo así para evitar injusticias.
Por cierto, tres integrantes de la SCJN, en el tema de los seguros más que malignos, actuaron como guardianes del dinero del Estado, que es de toda la sociedad: el presidente Hugo Aguilar Ortiz, la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Irving Espinosa Betanzo.
Si hay tres integrantes del alto tribunal capaces de resistir la tentación del despilfarro —el peor vicio de las sociedades consumistas—, podemos decir que no se corromperá la cúpula del Poder Judicial de la 4T; es decir, no terminará en la suciedad en la que vivía la Corte anterior, creada a imagen y semejanza del PRI y el PAN.