En la columna anterior planteé mi visión en lo esencial sobre el modelo y estrategia de combate al crimen transnacional organizado del presidente Nayib Bukele como una que suprime el Estado de derecho al aplicar Leyes de Excepción para hacer posible una represión masiva y desbordada con la fuerza armada del Estado, pero con la legalidad y legitimidad que le ofrece el que haya sido aprobada por el Poder Legislativo (la Asamblea Nacional) y ante los resultados de corto plazo, por el consenso social que la misma tiene entre sus gobernados.

Estamos ante un proceso inédito, no en sus métodos de acción ni en sus procedimientos que ya usó Benito Mussolini para destruir a la mafia siciliana, pero sin la sanción legal y legítima de un órgano de Estado, sin estructuras paralelas a las constitucionales, y sin abarcar dentro de esta ola represiva, a las fuerzas opositoras al gobierno y corporativizando todo el Estado italiano, tal y como fue la experiencia del fascismo italiano. Se parece entonces en su ofensiva contra la mafia italiana pero no es exactamente lo mismo, la experiencia fascista es más amplia en sus alcances.

Pero si es terrorismo de Estado –al suprimir temporalmente el Orden Constitucional y la vigencia del respeto a los derechos humanos actuando con fuerza desmedida contra ciudadanos salvadoreños (criminales sí, pero ciudadanos) como lo entendemos y como estuvo presente durante los episodios de “guerra sucia” en distintos países en la subregión latinoamericana incluido México, sólo que dirigido contra los opositores políticos y contrincantes ideológicos.

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Habrá quien diga que enderezar toda la fuerza del Estado contra el crimen transnacional no es “terrorismo de Estado”, porque incluso en campañas políticas en México se llegó a usar un slogan publicitario que decía “los Derechos Humanos son para los humanos, no para las ratas”. Muchos lo festinaron, pero es una visión fascista del problema, como lo demostré en mi artículo anterior con la experiencia de la Italia del Duce Benito Mussolini.

Por lo tanto, expresa la visión de altísima tolerancia que hay en nuestros países debido a la tradición de despotismo político y autoritarismo desbordado de los mandatarios latinoamericanos, de sus ejércitos y policías, en su inmensa mayoría, en contra de los ciudadanos, alta tolerancia a la violación de las garantías constitucionales y el Estado de derecho por la propia autoridad encargada de defenderlo, una y mil veces. Tanto si a los opositores los estigmatiza el propio régimen político como “transgresores de la ley” como si son criminales y se considera que lo único que merecen es lo peor que pueda sucederles.

Nuestras tradiciones democráticas (que no son de lucha por la democracia) son muy débiles, no insertas en la cultura nacional. Por eso una consigna –aunque no formulada de la mejor manera posible- lanzada por el presidente López Obrador al principio de su mandato de “abrazos no balazos” pudo hasta escandalizar a tantos y pasó a ser motivo de burla y escarnio. Esa actitud obedece a esta lógica de gran tolerancia al despotismo político y autoritarismo desbordado y criminal de los gobernantes que hizo mucha mella en la población en general.

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Los problemas del crimen trasnacional organizado (CTO) son temas de carácter estructural y que conforme a mi propia interpretación, condensan las erosiones y fracasaos en distintas áreas de la dinámica débil y atrofiada de las instituciones del Estado y de su relación con la sociedad y de ella consigo misma, es decir, son parte de un modelo históricamente fallido conformado por los modelos de desarrollo, entendidos ampliamente en nuestro subcontinente latinoamericano: el modelo oligárquico, el industrializador y el neoliberal, ninguno socialmente inclusivo realmente. En cada uno de ellos el fenómeno de la criminalidad fue creciendo y emergiendo con cada vez mayor fuerza destructiva.

Entonces, confundir los resultados de corto plazo con la solución a un problema estructural de largo plazo puede ser un error de cálculo y realismo grave. Por más que las cifras de cero asesinatos en meses puedan seducir, y por más que la represión generalizada sin apego a derecho, cause algún alivio y des agravie a una población altamente ofendida y masacrada por una criminalidad empoderada y brutal, o porque vea en la mano militar y policial la justicia esperada desde hace muchos años. Más aún para quienes lloran a sus muertos. A pesar de la importancia que todo esto tenga, las problemáticas sociales contemporáneas son mucho más complejas. Aunque no podemos dejar de mencionar que la lucha contra “las Maras” beneficia a México, especialmente en su frontera sur, en sus estados colindantes.

La Mara Salvatrucha 13 (MS-13), el grupo criminal más fuerte, fue fundada en los barrios pobres y marginados de Los Ángeles (EUA) en los años ochenta. Como resultado de las guerras civiles que asolaban El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, hubo un flujo masivo de refugiados hacia el norte. Muchos de ellos terminaron en Los Ángeles, viviendo en su mayoría en los barrios mexicanos del este y centro de este estado, y en el valle de San Fernando. Este fue “el sueño americano al revés”, o en su forma degenerada: se convirtieron allá en un grupo delictivo fuerte y regresaron o reclutaron en su país a muchos adolescentes y jóvenes para actuar como tales. Se ha estimado en más de 20,000 los centroamericanos repatriados desde EUA, esto tiene estrechas relaciones con la mafia mexicana, también nacida y desarrollada en las cárceles de EUA. Pero cualquiera que sea su fuerza real en conjunto o en lo particular, la embestida ha sido generalizada y total.

Las principales actividades de la MS-13 varían bastante de una región a otra. En Centroamérica, donde la influencia y el tamaño de la pandilla (en relación con la proporción general) es mayor, las operaciones de la MS-13 están más diversificadas. Eso incluye extorsión y control del narcomenudeo en los barrios. Sus delitos, como la extorsión a empresas de autobuses, es posiblemente más perjudicial día por día para más personas que cualquier otra actividad criminal en la región. En Estados Unidos, la MS-13 se concentra en la venta local de narcóticos y la “protección” de territorios en las ciudades para extorsionar a pequeños negocios y bares clandestinos. Existe evidencia de que la pandilla participa en otras actividades criminales transnacionales más sofisticadas, entre las que se destacan redes internacionales de trata de personas y tráfico de drogas. (InSight Crime, septiembre, 2021).

Las cifras varían, pero el comando sur de los Estados Unidos estima que hay unos 70,000 pandilleros en el Triángulo del Norte. La proliferación de “las pandillas” viene acompañada del aumento en las tasas de homicidios. Ateniéndonos a estos números desde luego aproximados, si como señala la Policía Nacional de El Salvador hoy están en las cárceles de ese país 50,000 integrantes de los grupos criminales “de las pandillas”, y si estos no son sospechosos sino miembros efectivos, entonces en las cárceles salvadoreñas están ya más de las 2/3 partes de los criminales de toda la región del Triángulo del Norte, quedan fuera poco menos del 30%.

Sigue una etapa muy difícil: ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo estructurar un programa de regeneración social para devolverlos en unos años más dispuestos a una reinserción constructiva y pacífica en sus comunidades? Porque es obvio que no pensarán fusilarlos. En Colombia la negociación del presidente Álvaro Uribe (un modelo distinto) con los paramilitares agrupados en las “Autodefensas Unidas de Colombia”, desarmó por esa vía a casi 30,000 paramilitares, y se obtuvo un acuerdo de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para invertir en los programas de educación y reinserción social durante varios años, además de rebajar las condenas a cumplir por el hecho de aceptar desarmarse y entregarse a la justicia del gobierno. Son medidas de justicia transicional indispensables.

Ello conjuntamente con la negociación de la paz con las FARC permitió un avance muy importante en Colombia, no se ha solucionado el problema, hablamos de avances sensibles. El actual presidente colombiano está buscando pactar nuevas vías de tregua y pacificación. Nada es fácil precisamente porque hablamos de problemas agudos de violencia criminal y violencia oficial desbordada durante décadas, de múltiples atrofias del Estado. Quienes se burlan o condenan los esfuerzos políticos de búsqueda sin descanso de vías de pacificación o son muy ignorantes y fútiles, no entienden nada, o bien, son aquellos grupos económicos y de poder político para quienes la guerra contra las organizaciones criminales tal y como lo dictaron los poderes externos a través de políticas hegemónicas en nuestra región latinoamericana, es fuente de negocio personal y colectivo, siempre por la vía de la corrupción igual de desbordada que la violencia.

Todos nuestros mejores deseos de éxito para el pueblo y el gobierno salvadoreño en este descomunal esfuerzo por llevar la seguridad, la justicia y la pacificación a su gente, indispensables para avanzar en las inmensas tareas del desarrollo.