Hace varios años escribí en un libro publicado de mi autoría (“Mafia Transnacional y Economía Criminal: México en la Órbita de un Poder Paraestatal”, 2011) que los “Maras salvadoreños” constituían una “proto mafia transnacional” porque no poseían dos componentes centrales que caracterizan a las agrupaciones criminales que logran esta dimensión: i) trascender el tipo de criminalidad ordinaria (asaltos, robos, asesinatos, secuestro, extorsión, por más que ello se hiciera en forma organizada y en grupos nutridos de participantes), ya que faltaba su clara inserción en los circuitos del trasiego del narcotráfico multinacional; y ii) generar un mecanismo de reproducción propio de su poder cuyo eje fuera el blanqueo de capital (empresas fantasma, empresas propias “legales”, asociación con grupos empresariales reconocidos, incluidos bancos y sociedades financieras, etc.) el cual surge una vez trascendido el rol de delincuencia ordinaria, porque el logro masivo de excedentes financieros se produce con el trasiego de narcóticos, aunque había rebasado ya sus fronteras nacionales. Se les denominaban periodísticamente “pandillas callejeras”, pero con capacidad de traficar armas para sí mismas. No obstante estar organizados en amplitud y formas distintas en los diferentes países centroamericanos, incluso en los estados del sur de México y en Los Ángeles California, EUA, en donde tienen una presencia comparativamente menor.

Allí tenemos un fenómeno delictivo contradictorio con tendencias encontradas, en donde el perfil de criminalidad transnacional está en eclosión, pero no es aún la forma delictiva predominante. Sin embargo dicho estatus se modificó en la última década, en un contexto en donde los gobiernos anteriores en El Salvador intentaron dos estrategias fallidas: a) negociar directamente con las organizaciones criminales (el gobierno de ARENA, Alianza Revolucionaria Nacionalista) y b) el de un civil apoyado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) que actuó como mediador en una negociación entre las dos grandes agrupaciones criminales, “Maras Salvatrucha” (MS 13) y “Barrio18-Revolucionarios”, a quienes se agregó “Barrio 18-Sureños”, a cambio de que de llegar a un acuerdo que bajara la violencia en términos de asesinatos consumados, el gobierno otorgaría beneficios de flexibilización en el régimen penitenciario al que estaban sujetos los líderes y demás miembros de las organizaciones. Los resultados avanzaron pero pronto desvanecieron y se impuso la lógica de la violencia criminal extrema.

Decíamos que ello cambió puesto que lograron posicionarse en Europa ligándose al tráfico de drogas. Dicho cambio lo consigna Ignacio Ortiz Villa un especialista del tema:

Las columnas más leídas de hoy

“La violencia en Centro América ha crecido tanto en la última década que Colombia dejó de ser la capital de los homicidios en la región. De hecho, está por debajo en la tasa de homicidios secundando a El Salvador, Honduras y Guatemala. La razón de este fenómeno creciente (….) son las pandillas locales y transnacionales. Han crecido en número, sofisticación y estructura durante los últimos años sobrepasando los sistemas de seguridad de las incipientes democracias Centroamericanas. Las Maras en conjunto representan una amenaza a la seguridad nacional de cada Estado de la región.” (2012) El “salto cualitativo” se había producido.

Partiendo entonces de dos vías o estrategias fallidas, a tres años de su mandato el presidente Nayib Bukele (un mandatario que no cobra por su trabajo al frente del gobierno y del Estado) declaró “la guerra contra las pandillas”. Que no es nueva, pero sí lo es en su amplitud y profundidad y por el conjunto de las fuerzas militares y policiales involucradas, y las leyes de excepción en que se apoyan. Ya en 2003 durante la presidencia de Francisco Flores se implantó la política de “Mano Dura” para una política de “Tolerancia Cero” (redadas masivas, arrestos compulsivos, etc.) que provocaron mayor violencia, le llaman también “Política de la Ventana Rota”; (1982, Wilson y Kelling,) que significa que si toleras que alguien rompa los vidrios de una ventana, luego es capaz de hacer mucho más y ello se vuelve incontrolable.

Pero ese modelo de “represión policial, armada” que había fracasado hace casi 20 años a pesar de que se reformularon leyes que impedían el libre accionar de la policía suprimiendo garantías, y los mecanismos normales de detención y enjuiciamiento, al entrar en vigencia la Ley Anti-Maras que proponía desde su aspecto formal limitar el financiamiento y el tránsito de las pandillas en el territorio salvadoreño evitando cualquier conducta delictiva propia de Las Maras: extorsión, sicariato o comercialización de drogas. En la ley se responsabilizaba directamente a los padres de la conducta criminal de los adolescentes y jóvenes. A pesar de los esfuerzos del poder ejecutivo por dejar la ley vigente, la Suprema Corte de El Salvador se pronunció y la declaró inconstitucional porque violaba la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Pero algo importante: se decidió respetar esta resolución, entonces.

El presidente Bukele tomó la decisión de re implantar la misma política en esencia pero hasta sus últimas consecuencias, y tienen tres o cuatro meses sin un solo homicidio, luego de conocerse que habían muerto 60,000 salvadoreños que para un país tan pequeño es una cifra descomunal. Declararon urgentes tres grandes objetivos: destruir la organización, encarcelar a sus miembros (hasta abril de 2022 había casi 50,000 encarcelados) y desarmarlos (desde 2018 hasta julio de 2022 se han decomisado cerca de 10,000 armas, entre armas de asalto y automáticas), según la Policía Nacional, datos citados por Insight Crime (2022).

También puedes leer

Se ha acompañado toda la actividad represiva mediante la declaración del Estado de excepción, aprobado primero por tres meses y prolongándolo después un mes más, por la Asamblea Legislativa en donde el presidente Bukele tiene mayoría, pero también las otras fuerzas han participado. Ello ha sido la cobertura legal y que otorga legitimidad para desatar una represión a fondo, sin ninguna restricción legal-constitucional, ni consideración a los derechos humanos, por ello hablamos de un terrorismo de Estado legitimado, con consenso social, para destruir al crimen transnacional organizado en que se ha convertido la Mara salvadoreña. El problema es que se requiere mantener un tiempo prolongado esa misma intensidad y amplitud represiva para sostener una pacificación basada en la represión desbordada.

Sin establecer paralelismos u homologaciones forzadas entre los líderes de cada país y su circunstancia histórica, sino sólo de similitudes, el Duce Benito Mussolini aplicó también la política de “Mano Dura” contra la Mafia siciliana de principios del siglo XX sobreponiendo a las autoridades militares por encima de las civiles, sin poder judicial constitucional sino con Tribunales Militares, y decretando las “Leyes Fascistas” que eran precisamente “Leyes de Excepción” para reforzar un Estado corporativo, totalitario.

En el telegrama en que Mussolini confirmaba en el cargo como prefecto de Sicilia, a Cesare Mori, le otorgó “carta blanca” e insistía en “restablecer la autoridad del Estado en Sicilia de forma absoluta” (…) “Si las leyes vigentes le resultan un obstáculo, eso no representará un problema: haremos leyes nuevas”, le confirmaba en el documento de bienvenida. (Casanova, 2022)

El gran comisario de facto omni-poderoso Cesare Mori, “El Prefecto de Hierro” (también lo apodaban “La Bestia Negra”) era el encargado de toda la operación de las políticas de represión extrema. Era también presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia (1923-1949) orientado a erradicar a la Mafia Siciliana, utilizando tanto a los carabinieri (Arma dei Carabinieri), la policía (Polizia di Stato) y al ejército, decomisando armas, quien llegó a ordenar también arrestos masivos sobre grupos fascistas, al igual que miembros de la Mafia Siciliana y de militantes del partido socialista y comunista. Pero esencialmente se trataba de demostrar que el Estado fascista era más fuerte que la Mafia siciliana. (Ferreiro, 2019)

Como muchos líderes políticos tenían vínculos con la mafia, ello fue una coartada perfecta para reprimirlos a todos, los tuvieran o no y limpiar de opositores al régimen fascista. Para 1927 ya había arrestado y encarcelado a Don Vito Cascio Ferro, jefe de la mafia siciliana y de la Cosa Nostra estadounidense, por entonces. Incautó las propiedades de los mafiosos, mataba a su ganado, y les propinaba palizas brutales en público, a líderes locales y regionales mafiosos. Entre 1924 y 1928, más de 11,000 sospechosos habían sido arrestados. Muchos fueron juzgados en masa.

Efectivamente redujo el poder y la fuerza de la mafia así como el número de sus miembros en un 80%, dicen algunos cálculos de especialistas. Casi la erradicó. Muchos huyeron a EUA y se hicieron fuertes en Nueva York para iniciar otro ciclo. Pero llegó la “Operación Bajo Mundo”, el pacto del gobierno de EUA con el líder de la Cosa Nostra en Nueva York que estaba entonces encarcelado, “Lucky” Luciano, que refundó el poder de la mafia, ante la necesidad de su ayuda para los aliados durante la 2a G.M. en los puertos de la isla de Sicilia, debido al desembarco de tropas en Normandía: para el “Día D”.

El presidente Nayib Bukele ha declarado: “Gracias a Dios estamos cerca de ganar la guerra contra las pandillas”. ¿Se estará precipitando?

En la próxima entrega abundaremos en las características de la mafia salvadoreña y la efectividad prolongada de esta política de terrorismo de Estado contra ella.