El Instituto Nacional Electoral sobrevivió a una reforma que no convenció a una parte importante de la sociedad, a movilizaciones ciudadanas que intentaron impedir su debilitamiento, a una elección presidencial particularmente intensa, a la muy controvertida asignación de la representación legislativa de 2024 y hasta a la inédita elección judicial.
Sigue ahí. Organiza elecciones, fiscaliza partidos, administra prerrogativas y acaba incluso de aprobar el calendario del proceso federal 2026-2027. Pero sobrevivir institucionalmente no basta. El desafío del INE ahora es bastante más difícil: tiene que volver a generar confianza entre ciudadanos que todavía no están plenamente convencidos de que el árbitro conserve la independencia, fortaleza y autoridad que México necesita.
Conviene recordar de dónde venimos. Cuando comenzaron los intentos de modificar profundamente al sistema electoral, una cantidad importante de ciudadanos salió a las calles en numerosas ciudades grandes y medianas de prácticamente todas las regiones del país. Aquellas concentraciones no fueron solamente manifestaciones partidistas, aunque naturalmente participaron dirigentes y simpatizantes de oposición. En ellas también estuvieron ciudadanos que quizá nunca habían acudido a una movilización y que percibían un riesgo concreto: que una institución construida durante décadas pudiera debilitarse, quedar demasiado cercana al gobierno en turno o terminar capturada por algún partido o bloque político.
El mensaje de aquella sociedad fue, en realidad, mucho más sensato que algunos de los extremos que acompañaron la discusión. El INE podía evolucionar. Debía corregirse. Podía hacerse menos costoso, más eficiente, menos burocrático y más cercano al ciudadano. Ninguna institución democrática debe convertirse en pieza de museo ni considerarse inmune a la reforma. Lo que aquellos ciudadanos reclamaban era otra cosa: evolucionar no debía significar debilitar, y reformar no debía significar someter.
No consiguieron detener todo lo que pretendían impedir.
Hubo reformas, modificaciones, nuevas reglas y una profunda inconformidad que no desapareció simplemente porque las decisiones fueran finalmente aprobadas. A quienes no estuvieron de acuerdo no les quedó más remedio que hacer algo muy mexicano: apechugar. Aceptar que las reglas habían cambiado, seguir participando dentro de ellas y confiar en que las instituciones que quedaban fueran capaces de hacer funcionar la democracia aun en condiciones distintas.
Después llegó 2024 y con él otra controversia que tampoco puede ignorarse: la asignación de diputaciones de representación proporcional y la supermayoría alcanzada por Morena y sus aliados. El INE aprobó aquella distribución conforme a la interpretación jurídica que terminó prevaleciendo y posteriormente el Tribunal Electoral la sostuvo.
Pero una parte importante de constitucionalistas, especialistas, opositores y ciudadanos cuestionaron que la aplicación partido por partido de los límites a la sobrerrepresentación terminara produciendo una mayoría legislativa muy superior al porcentaje de votos recibido por la coalición en las urnas. (Repositorio Documental INE)
No necesitamos reabrir ahora toda aquella discusión ni afirmar que las autoridades actuaron fuera de la ley cuando sus decisiones siguieron la interpretación que formalmente terminó imponiéndose. Pero tampoco debemos fingir que no ocurrió nada.
Una cosa es la validez jurídica de una resolución y otra la percepción política y social que deja. Y aquella decisión volvió a golpear la confianza de quienes esperaban de la autoridad electoral una defensa más contundente del equilibrio representativo.
Después vinieron más procesos electorales, incluida la elección judicial, y el INE continuó trabajando. No desapareció, no dejó de organizar elecciones y tampoco se convirtió simplemente en una oficina irrelevante. Sigue siendo una institución indispensable y posee una estructura profesional construida durante décadas que sería absurdo menospreciar. Pero precisamente porque sigue ahí, ya no puede vivir únicamente explicando lo que le hicieron, aquello que perdió o cómo cambiaron sus atribuciones.
El INE sobrevivió. Ahora tiene que reinventarse.
Y reinventarse no significa cambiar nuevamente de nombre, inventar otra estructura burocrática o emprender una reforma adicional. Significa recuperar autoridad pública. Significa convencer mediante hechos de que conserva capacidad para organizar elecciones confiables, fiscalizar sin colores, aplicar reglas iguales a todos y mantener distancia tanto del gobierno como de los partidos opositores.
Eso todavía no está plenamente logrado.
Un árbitro electoral enfrenta una condición particularmente difícil: no basta con ser independiente; tiene que parecerlo. No basta con actuar conforme a derecho; necesita explicar sus decisiones de tal manera que incluso quien pierde pueda comprender por qué perdió. No basta con contar votos correctamente; debe conseguir que una mayoría suficientemente amplia de ciudadanos confíe de antemano en que serán contados correctamente.
La legitimidad electoral se construye mucho antes de la jornada.
Y el proceso de 2027 ya empezó institucionalmente. El Consejo General aprobó el pasado 30 de julio el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, además de los calendarios de coordinación con las elecciones locales concurrentes.
El instituto ya trabaja sobre reglas, plazos, organización, radio y televisión y todos los mecanismos necesarios para una elección que renovará la Cámara de Diputados y coincidirá con múltiples procesos estatales. (Instituto Nacional Electoral)
También acaba de aprobar su anteproyecto presupuestal para 2027. La cifra es enorme: alrededor de 36 mil 119 millones de pesos considerando operación ordinaria, proyectos estratégicos y un presupuesto precautorio para una posible consulta popular o revocación de mandato. A eso se agrega el financiamiento público de los partidos. El tamaño de los recursos inevitablemente generará críticas y el INE debe estar dispuesto a justificarlos con absoluta transparencia. (Instituto Nacional Electoral)
Defender la autonomía del instituto nunca debió significar otorgarle un cheque en blanco.
Autonomía no significa despilfarro.
Pero austeridad tampoco puede convertirse en pretexto para incapacitar al árbitro.
Ahí necesitamos nuevamente equilibrio. El INE debe revisar cada gasto, eliminar excesos, reducir burocracia cuando sea posible y demostrar sensibilidad frente a un país con enormes necesidades sociales. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizarle recursos suficientes para instalar casillas, capacitar funcionarios, actualizar el padrón, fiscalizar campañas, operar sistemas informáticos seguros y realizar todas las funciones que una elección nacional exige.
Sería absurdo exigir una elección impecable mientras se priva a la autoridad de los instrumentos necesarios para organizarla.
Y sería igualmente absurdo pedir dinero ilimitado utilizando la democracia como argumento.
La confianza también se construye administrando bien.
Pero hay un problema todavía más importante que el presupuesto: el comportamiento político alrededor del propio Consejo General. La sesión reciente en la que se discutieron recursos para 2027 terminó en fuertes enfrentamientos entre representantes partidistas y consejeros, acusaciones de parcialidad e incluso advertencias para restablecer el orden. La temperatura política empieza a subir bastante antes de que comience formalmente la campaña. (El País)
Eso debería preocupar a todos.
México posee un pésimo hábito electoral: todos quieren un árbitro autónomo hasta que marca una falta contra su equipo.
Cuando una resolución favorece a determinado partido, sus dirigentes suelen hablar de legalidad y respeto institucional. Cuando la siguiente decisión les perjudica, aparecen acusaciones de parcialidad, sometimiento o fraude. Lo hacen oficialistas y opositores, quizá con argumentos diferentes, pero demasiadas veces con la misma lógica: la autoridad es confiable únicamente cuando me da la razón.
Así no puede funcionar una democracia.
El INE tampoco debe entrar en esa dinámica. Sus consejeros no son dirigentes partidistas ni deberían comportarse como integrantes de bloques internos enfrentados. Es natural que existan diferencias de criterio y sería preocupante que todos votaran siempre igual. La deliberación fortalece a los órganos colegiados. Pero una cosa es debatir y otra transmitir la impresión de que dentro del Consejo existen alineamientos previsibles, animadversiones personales o grupos identificables con determinados intereses políticos.
Cada voto debe poder explicarse jurídicamente.
Cada decisión debe resistir escrutinio.
Y cada consejero debe recordar que su principal capital no es el cargo, sino la credibilidad.
Lo mismo ocurre con la presidencia del instituto. Guadalupe Taddei llegó en un contexto de enorme polarización y desde el inicio fue observada con sospecha por quienes temían una mayor cercanía del INE con el gobierno.
Esa percepción, justa o injusta, no puede combatirse mediante discursos. Sólo se vence mediante decisiones consistentes, independencia frente al poder y capacidad para marcar límites cuando sea necesario.
El oficialismo tampoco debería cometer el error de creer que un INE fuerte perjudica a quien gobierna. Si Morena y sus aliados conservan apoyo mayoritario, deberían ser los primeros interesados en que sus victorias sean reconocidas como legítimas. Una elección organizada por una autoridad debilitada produce vencedores también debilitados.
La oposición necesita entender exactamente lo mismo.
No puede defender al INE cuando limita al gobierno y descalificarlo inmediatamente cuando una resolución le resulta adversa. Quienes marcharon hace algunos años para defender al árbitro no lo hicieron para que éste perteneciera a la oposición. Lo hicieron precisamente para que no perteneciera a nadie.
Ésa debería seguir siendo la idea central.
Un buen INE tiene que incomodar a todos alguna vez.
Debe sancionar a Morena cuando viole reglas y hacer exactamente lo mismo con PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PT o cualquier nueva fuerza política. Tiene que investigar recursos sin importar de dónde provengan, fiscalizar gastos sin preguntar quién encabeza las encuestas y detener actos anticipados cuando la legislación lo permita sin calcular primero sus consecuencias políticas.
Si un partido termina convencido de que el INE está obligado a protegerlo porque alguna vez defendió al instituto, tampoco habremos entendido nada.
La autonomía no cambia de dueño.
También el Tribunal Electoral entra en una etapa compleja. La renuncia anticipada de Mónica Soto, efectiva al terminar agosto, dejará a la Sala Superior con cinco integrantes de los siete previstos. El tribunal será finalmente quien resuelva muchas de las controversias que el INE no pueda cerrar por sí mismo, y llegará a un proceso importante con una integración que también merece atención. (El País)
Esto forma parte de un panorama institucional que México no debe tomar a la ligera. Las elecciones no dependen únicamente de que existan casillas y boletas. Requieren una cadena completa de confianza: padrón confiable, funcionarios capacitados, conteos claros, fiscalización seria, decisiones comprensibles y tribunales capaces de resolver disputas sin que la mitad del país crea de antemano que conocen al beneficiario.
Ninguna democracia consigue unanimidad alrededor de sus árbitros.
Sería ingenuo pedirla.
Pero existe una diferencia enorme entre la crítica natural contra una autoridad electoral y la sospecha generalizada sobre su imparcialidad. El primer fenómeno es inevitable; el segundo puede volverse destructivo.
Por eso el INE necesita recuperar algo que alguna vez fue uno de los grandes activos del sistema electoral mexicano: la certeza de que, con todos sus defectos, las elecciones serían organizadas por una institución profesional independiente del gobierno.
Eso costó décadas.
El viejo IFE nació precisamente de una crisis de confianza y fue conquistando progresivamente autonomía, credibilidad y capacidades técnicas. No siempre acertó, nunca estuvo libre de críticas y también tuvo episodios cuestionables. Pero permitió que México transitara de elecciones controladas desde el gobierno a una competencia política donde la alternancia dejó de ser una excepción.
Ese legado no puede invocarse eternamente como si fuera patrimonio automático del INE actual.
Cada generación institucional tiene que volver a ganárselo.
Y ésa es quizá la tarea que tienen hoy sus consejeros: dejar de mirar exclusivamente hacia atrás y demostrar que bajo las reglas presentes el instituto todavía puede ser extraordinariamente útil para México.
Muy útil.
No como protagonista político, sino precisamente como árbitro discreto y firme.
No necesitamos un INE que compita por titulares todos los días. Necesitamos uno que funcione tan bien que el día de la elección la noticia sean los votos y no quienes los cuentan.
Necesitamos también que se explique mejor. Una parte de la pérdida de confianza institucional proviene de decisiones técnicamente complejas que nunca logran comunicarse de manera sencilla. Si un ciudadano no comprende por qué una coalición recibe determinado número de diputados, por qué una candidatura es sancionada o por qué otra conserva su registro, queda espacio para que cada partido construya su propia explicación.
La transparencia no consiste únicamente en subir cientos de páginas a internet.
También consiste en hacer comprensible la decisión.
El instituto debe hablarle menos a los abogados electorales y más a los ciudadanos.
Y probablemente ése sea uno de los componentes de su necesaria reinvención. No puede pedir confianza por decreto ni recuperarla mediante campañas publicitarias. Tendrá que hacerlo con resoluciones sólidas, apertura, rendición de cuentas, profesionalismo y una distancia evidente frente a todos los intereses políticos.
También necesita reconocer sus errores.
Las instituciones que se presentan como infalibles terminan generando más sospechas.
Si hubo fallas en la elección judicial, si determinados procedimientos resultaron deficientes o si alguna decisión anterior deterioró su credibilidad, admitirlo y corregir resulta mucho más útil que encerrarse en una defensa corporativa.
La ciudadanía puede aceptar una institución imperfecta.
Lo que difícilmente acepta es una institución incapaz de examinarse a sí misma.
En aquel momento, cuando miles de personas salieron a las calles a defender al INE, no estaban defendiendo un edificio ni las remuneraciones de sus consejeros. Defendían una idea: que su voto no pudiera quedar a disposición del gobierno ni de ningún partido.
La reforma finalmente llegó.
No gustó a muchos.
Quedó inconformidad.
Hubo que apechugar.
Ya se celebraron elecciones bajo nuevas circunstancias y el INE sigue funcionando. Ésa es la realidad sobre la que tenemos que trabajar, nos guste o no el camino que nos trajo hasta aquí.
Por eso tampoco serviría convertir 2027 en una batalla para restaurar exactamente aquello que existía antes. El país necesita mirar hacia delante.
El INE tiene las atribuciones que conserva, las reglas vigentes, una enorme estructura profesional y recursos públicos significativos. Con eso deberá demostrar que puede garantizar competencia auténtica, fiscalización pareja y resultados confiables.
La sociedad hizo su parte.
Salió a las calles.
Advirtió.
Protestó.
No consiguió todo lo que quería y después aceptó las nuevas reglas porque en democracia también hay que saber continuar cuando una batalla política se pierde.
Ahora le corresponde al instituto.
No puede pedir que lo defendamos eternamente por lo que representó en otro momento. Tiene que conseguir que volvamos a confiar en él por aquello que haga desde ahora.
Reinventarse no significa convertirse en otro INE. Significa recuperar lo mejor de aquello que alguna vez consiguió representar: un árbitro profesional, autónomo, útil y suficientemente confiable para que ningún ganador tenga que agradecerle y ningún perdedor pueda acusarlo razonablemente de pertenecer al contrario.
Las elecciones de 2027 todavía no llegan, pero la batalla por su credibilidad ya comenzó.
La sociedad ya defendió al INE. Ahora le toca al INE demostrar que todavía merece ser defendido.
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