Hace un par de meses hubo una promesa para la zona Centro de la Ciudad de México hecha por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. El peatón se convertiría en el centro de la política pública y ni los autos podrían controvertir aquella premisa. El espacio público para el público, se decía.

No imaginábamos que los comerciantes ambulantes, pueblo y público indiscutible también, serían los verdaderos favorecidos. Fui al Centro histórico el fin de semana y encontré a una vendedora tradicional de elotes, de edad avanzada ya. Originaria de San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa. Estaba de pie a pesar de su vejez. La mazorca blanca, con diente gruesísimo y mayonesa generosa, me hizo olvidar que en la explanada de Pino Suárez uno debe tener doble precaución.

Encontré una jardinera libre de puestos, algo rarísimo porque todo ese espacio está lleno de vendedores ambulantes que cambian el uso de las bancas y jardineras por mostradores privados de uso exclusivo para ellos.

Me senté para terminar de comer ese elote justo frente a las instalaciones del Juzgado Cívico de Pino Suárez y, a los diez minutos, una comerciante llegó a quitarme. De manera agresiva fue pegando una carreta de madera cuyas llantas dejaban mis pies y piernas cada vez con menos espacio. Me moví hacia un lado, le dije que terminando mi elote me iba. Algo totalmente real: yo no iba a vender nada ni iba a ocupar el espacio por más de, a lo mucho, cinco minutos más. La persona comerciante me acorraló contra el árbol al que me pegué, me aventó su mochila, bastante grande, y con su cuerpo comenzó a aplastarme. Le dije que, si me tenía que quitar así, mejor le hablara a la policía. Respondió que, si yo creía tener la razón, le hablara yo.

Sorprendida de que no pudiera siquiera salir a comer un elote en las calles del Centro histórico de la Ciudad de México, me recorrí cargando mi elote, me puse de pie y exclamé que era increíble que pasaran esas cosas. Estaba a punto de irme, cuando decidí volver.

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La jardinera estaba vacía, solo estaba la carreta con una tina llena de productos y piratería en el espacio donde yo estaba sentada. Comerciantes que estaban enfrente se reían de mí y, aprovechando que estaba justo frente al Juzgado Cívico, en donde hay bastantes policías, le pedí apoyo a uno de ellos.

Aún cargando mi elote, con el frustrado intento por terminar de comerlo, le pregunté si el espacio público ya no se podía usar por la ciudadanía y si es que los comerciantes tenían su autorización para quitárnoslo. Le expliqué cómo es que la persona comerciante, que después supe se llama Martha González “N”, me había inclusive aplastado el dedo del pie con la llanta de su carreta. Resulta que el personal de ese Juzgado le compra. En cuanto volvió la señora con otro “diablito”, le preguntaron y aceptó haberme quitado. En cambio, acusó que, supuestamente, al momento de irme, yo le grité: “Pinche vieja amargada”, algo que nunca sucedió. Cuando me retiré, lo que dije fue que era increíble que pasaran ese tipo de “jaladas”.

El punto es que, según la comerciante, se sintió agredida porque, al retirarme después de ser aplastada y hostigada coercitivamente por ella, exclamé algo. Es decir, que en la Ciudad de México, además de vivir agresiones, hay que quedarse calladas, so pena de ser acusadas de riña.

La señora pidió que le llamaran a su líder de comerciantes y, francamente, sentí miedo. Pensé que al salir de aquel Juzgado Cívico algún grupo de golpeadores podría estarme esperando. Un policía me dijo que, por estar acusada de decirle “amargada”, supuestamente, a la comerciante, me debía tomar una foto como acusada de agresiones verbales. Dijo que también tomaría una foto a la señora por las lesiones que me causó. Yo le dije que simplemente hiciera cumplir la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que establece en el artículo 27 que son infracciones contra la tranquilidad de las personas impedir el uso de los bienes del dominio público de uso común.

Me pidieron escuchar a la Jueza o a una funcionaria que nunca se identificó y, entre muchas cosas, me dijo que supuestamente estaba ahí “para conciliar”. Como decía antes, la señora es quien vende productos a los servidores públicos de ese Juzgado Cívico. La conciliadora me dijo que los líderes comerciantes le pagaban a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México por usar esos espacios y se negó a imponer algún tipo de sanción establecida en el catálogo de la ley, incluso cuando le dije el artículo y la fracción específica. Me dijo que, si decidía proceder, tendría que esperar cerca de cuatro horas y tendría que dejarme fotografiar, supuestamente porque la comerciante decía que haber recibido la palabra “amargada” constituía una ofensa por la que ella se quejaría en mi contra. La servidora pública me dijo que tendría que procesar mi ficha en el Sistema Nacional de Detenciones, pues sí, por una agresión verbal del catálogo de faltas administrativas pasaría a tener estado de “detenida” directo, según ella.

Tras varios intentos por disuadir mi solicitud de aplicar la ley, finalmente entendí algo: los ciudadanos, especialmente los famosos peatones, perdimos toda batalla sobre el espacio público frente a los comerciantes. Aquellos, organizados en agrupaciones que igual pueden pagar por el espacio público y su uso, son los auténticos privatizadores populares. Desearía yo que en las jardineras, banquitas y espacios públicos hubiese letreros con tarifas y códigos QR para poder haber hecho un pago digital y haberme podido sentar unos 30 minutos de aquel domingo en esa jardinera pública frente al Juzgado Cívico de Plaza Pino Suárez. Me habría gustado conocer, al menos, cuánto tendría que pagar. Como si fuera parquímetro, por ejemplo. Sin duda, habría pagado tal vez hasta unos 50 pesos por poderme sentar tranquilamente a comer un elote. Pero eso no se puede.

No se puede porque el absurdo es todavía mayor: al parecer, para usar un espacio público como ciudadana hay que defenderse, pedir permiso o arriesgarse a ser acusada; para apropiárselo, basta con tener una carreta, mercancía, una organización detrás y, quizá, mejores relaciones con quienes deberían garantizar que ese espacio siga siendo de todos. Nos prometieron que el peatón estaría en el centro de la política pública. Pero ese domingo entendí que una cosa es estar en el centro del discurso y otra muy distinta tener derecho a sentarse en una jardinera.

El espacio público para el público, decían. Solo faltó preguntar: ¿para cuál público?