Un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), instancia adscrita al Banco Mundial, emitió una resolución unánime en favor del Estado mexicano dentro del procedimiento iniciado por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, Inc., que reclamaba una indemnización superior a los 315 millones de dólares.
La resolución, fechada el 29 de mayo de 2026, rechazó íntegramente las pretensiones de la minera y además ordenó que ésta cubra al gobierno mexicano una cantidad correspondiente a los gastos y costos generados por el arbitraje, según la Secretaría de Economía.
La controversia surgió bajo las disposiciones del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Silver Bull sostuvo que su subsidiaria mexicana, Minera Metalín, obtuvo diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, entre 1996 y 2002, y que a partir de septiembre de 2019 una cooperativa minera de la región, presuntamente respaldada por autoridades estatales, impidió el desarrollo y operación del proyecto mediante bloqueos y protestas.
En respuesta, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y su Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, argumentó que las autoridades coahuilenses actuaron de manera razonable frente al conflicto social originado entre la empresa y habitantes de la comunidad. Asimismo, sostuvo que las reclamaciones presentadas estaban fuera de plazo o no podían analizarse bajo el marco jurídico del TLCAN, además de señalar que la compañía no contaba con la capacidad técnica ni financiera suficiente para concretar la explotación minera.
Se trata de los derechos de una comunidad que pudieron conformar una cooperativa y vencer desde tribunales internacionales a los intereses extractivistas.
El tribunal arbitral coincidió con varios de los planteamientos de México. Determinó que no existían elementos para concluir que el Estado hubiera promovido los bloqueos denunciados y observó que los hechos señalados por la empresa se ubicaban fuera del periodo susceptible de revisión conforme al tratado. Por ello, resolvió que carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Durante el procedimiento, México contó con la asesoría de los despachos internacionales Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. La Secretaría de Economía informó que actualmente revisa el laudo para identificar información que deba mantenerse reservada y que, una vez concluido ese proceso, el documento será publicado en el portal del CIADI junto con el expediente correspondiente.
La resolución es relevante porque el interés principal de la próxima negociación sobre el T-MEC sostiene un interés ambicioso y exclusivo de Estados Unidos y empresas aliadas a su gobierno por acceder a los minerales de la zona fronteriza norte de México.
Cuando la revisión formal del T-MEC arranque en julio con México, Estados Unidos y Canadá sentados frente a frente, uno de los ejes centrales de la mesa será precisamente aquello que está a varios metros de profundidad en Chihuahua, en Sonora, en esa larga franja fronteriza que ha sido a la vez línea de tránsito, de conflicto y de riqueza mineral sin procesar.
La fragilidad sobre seguridad y el comportamiento de la persecución penal sobre narcotráfico en esos territorios podría no ser una casualidad.
El Servicio Geológico de Estados Unidos identificó 60 minerales críticos en su lista de noviembre de 2025, entre ellos litio, cobalto, grafito, manganeso, zinc y las tierras raras, insumos clave para baterías de vehículos eléctricos, semiconductores, sistemas de defensa y energías renovables. La urgencia estadounidense por reconfigurar sus cadenas de suministro tiene una razón evidente, pues China es el principal productor de 20 de esos minerales y el principal proveedor de Estados Unidos en ocho de ellos.
El mapa de esa urgencia tiene coordenadas precisas al sur del Río Bravo. Sonora concentra el 80.1% de la producción nacional de cobre, mineral indispensable para la electromovilidad, las redes eléctricas inteligentes y los sistemas de energía renovable. En ese mismo estado se han identificado depósitos de grafito natural y zonas de alta potencialidad en tierras raras. Chihuahua, por su parte, posee reservas considerables de oro, cobre, zinc y plomo distribuidas en 12 regiones mineras, con la plata como principal aportación histórica. La región de Casas Grandes, a escasas decenas de kilómetros de la frontera, produce oro, plata, plomo, zinc, cobre, molibdeno y manganeso. Tamaulipas y la Cuenca de Burgos completan el cuadro: esa cuenca, que abarca también Coahuila y Nuevo León, concentra uno de los mayores potenciales de gas shale en América del Norte, clave para la seguridad energética estadounidense. Y el proyecto Jemi en Coahuila, ubicado a unos 40 kilómetros al sur de la frontera con Texas, ha identificado concentraciones significativas de tierras raras pesadas (disprosio y tercio según lo que he podido investivar) y ligeras (neodimio y praseodimio), todas esenciales para imanes permanentes en vehículos eléctricos según portales especializados en ingeniería.
En febrero de 2026, México y Estados Unidos firmaron un plan de acción sobre minerales críticos. El pacto incluye identificar proyectos de extracción, procesamiento y fabricación de minerales de interés para ambos países, siguiendo la lista de 60 minerales definida desde Washington según sus propias necesidades. El orden del proceso ya dice algo sobre el orden del poder: es la taxonomía estadounidense la que define qué es estratégico. México no negoció la suya propia.
Más del 90% de las exportaciones mineras mexicanas hacia Estados Unidos están incorporadas en manufacturas, lo que evidencia el papel estratégico de la minería en la cadena de valor del T-MEC, aunque como insumo bruto o semiprocesado, no como producto terminado de alto valor agregado. El esquema reproduce la vieja lógica extractiva con nueva nomenclatura: en lugar de plata colonial, litio para baterías que se ensamblarán al norte de la frontera.
El fallo del CIADI llega entonces como un precedente que debería pesar en la mesa de julio. Es una confirmación jurisdiccional de que México puede y debe defender su subsuelo frente a reclamaciones que instrumentalizan los mecanismos de solución de diferencias para presionar sobre territorios en conflicto social. La presión estadounidense sobre el subsuelo mexicano no se dará necesariamente mediante una explotación directa, sino a través de marcos regulatorios, reglas de origen y requisitos de cadena de suministro que determinen qué cuenta como integración regional. Lo que se negocia en julio de 2026 no es solo quién extrae qué, sino quién procesa, quién refina y quién se queda con el margen.
Los derechos de las comunidades y pueblos indígenas se disputan además de la famosa “soberanía”, pues las acusaciones contra gobernadores y exgobernadores son dinamita pura que podría permitir todo tipo de intervención, la amenaza es tan seria que el expresidente López Obrador volvió a escena pública.
Para llevar con éxito esta agenda a la revisión del T-MEC, México debe atender retos internos fundamentales como generar certidumbre regulatoria para la inversión sin sacrificar estándares ambientales y soberanos, y replantear el funcionamiento de LitioMx para que se convierta en una industria viable. El T-MEC se firma en las capitales. Pero el subsuelo que está en juego, el de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, es el territorio de millones de personas cuya vida no debería decidirse en los comunicados del Departamento de Estado que también se disputa.