Resulta profundamente preocupante lo que ocurre en la Alcaldía Álvaro Obregón, particularmente en la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, encabezada por Cynthia Ortiz Rivera. En ese espacio, donde se supone deben promoverse la igualdad, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos, hoy se acusa una serie de prácticas que vulneran precisamente esos principios.
Según el testimonio de una extrabajadora —quien solicita mantener su identidad reservada—, tras haber colaborado con Ortiz Rivera durante la pasada campaña electoral, fue invitada a sumarse formalmente al equipo de la alcaldía a partir de octubre de 2024, con la promesa de ocupar una dirección dentro del programa obregonense a su cargo. La trabajadora cumplió con jornadas extenuantes, incluso durante su embarazo, con la expectativa de recibir el pago correspondiente por sus honorarios y la asignación del puesto acordado. Sin embargo, jamás recibió su remuneración, y en su lugar encontró indiferencia, maltrato y discriminación.
El caso se agrava cuando, al acudir el pasado lunes 13 de octubre, acompañada de su bebé, para solicitar información sobre el estatus de su pago, fue agredida y expulsada con empujones por la oficial encargada de la custodia del área, en un acto que no solo constituye violencia laboral, sino también violencia institucional y de género.
A esta situación se suma un hecho alarmante: la denuncia pública sobre presuntos actos de nepotismo, pues la directora habría incorporado a su equipo de trabajo a varios de sus familiares —su hermana, su hermano, su sobrina, su sobrino y su cuñado—, lo que pone en entredicho los principios de austeridad, transparencia y ética pública que enarbola la Cuarta Transformación. El alcalde Javier López Casarín conoce algo de esta problemática pero se ha negado a responder por el despido de la mujer embarazada que fue echada de su empleo en razón de la gravidez, sin cubrir sus pagos por lo trabajado en campaña y sin atender tampoco a los pagos por la debida liquidación.
La contradicción es evidente. No puede hablarse de igualdad sustantiva mientras se discrimina a una mujer embarazada y se abusa del poder dentro de una oficina que, paradójicamente, lleva el nombre de Equidad de Género. No puede promoverse una política pública de inclusión cuando al interior se normalizan el maltrato, la impunidad y el favoritismo familiar.
Tampoco es legal despedir a una mujer por estar embarazada y menos aún tener a una persona trabajando sin pagarle, que es más bien un acto cercano a la explotación. La víctima de identidad reservada realizaba organización y gestión de eventos, atención ciudadana, gestión y visita casa por casa, así como trabajo administrativo relacionado con la atención de la estructura ciudadana vecinal, es decir, una de las tareas más arduas.
Por ello, es indispensable que las autoridades competentes —incluido el propio Gobierno de la Ciudad de México y la Contraloría General— investiguen con seriedad estos hechos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, jamás permitiría un acto de misoginia y machismo así como de violencia laboral en este nivel. Tampoco debería permitirse el tamaño de esta contradicción pues una mujer desde espacios diseñados por el feminismo para la igualdad de género violentando a otra mujer es terrible y no basta con sancionar de forma simbólica: se requiere un cambio de actitud, una revisión estructural de los perfiles y prácticas dentro de las direcciones de género, y un compromiso real con los derechos laborales y humanos de las mujeres.
La igualdad sustantiva no puede ser solo un discurso y los derechos de las mujeres no son únicamente la narrativa de los tiempos de mujeres. Se trata de un deber legal, ético y social. Y casos como este deben marcar un precedente para que nunca más una mujer sea despedida, humillada o violentada por estar embarazada, y menos aún dentro de una institución que debería protegerla.
¿De qué sirve una Unidad de Igualdad si dentro de sus muros se perpetúa la injusticia? Es momento de que Álvaro Obregón mire hacia dentro y empiece a corregir lo que, a todas luces, se ha torcido. Lo peor es que la víctima vive aterrorizada por el riesgo que tiene al elevar la voz y el riesgo que le implica contar su historia pues se dice que aquellas personas cuando están enojadas pueden ser muy peligrosas...
¿Realmente vale la pena vivir con miedo, inclusive de quienes nos gobiernan, cuando son ellos quienes dejan de cumplir la obligación patronal de pago por labores ofrecidas? ¿Quiénes nos están gobernando que sus extrabajadoras viven con tal temor? El alcalde nos debe respuestas y, por supuesto, cumplir con lo adeudado a la víctima de identidad reservada e iniciales E.