Como se sabe, el Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano experto de Naciones Unidas (no es formalmente un organismo de UN, como lo ha señalado la presidenta Sheinbaum) responsable de realizar informes periódicos relacionados, como su nombre lo indica, con la desaparición de personas en un territorio. Ahora bien, en días recientes, ha presentado su informe sobre México.
De acuerdo con el documento, la desaparición forzada de personas sobre territorio mexicano ha continuado a lo largo de los años. Entre los principales elementos contenidos en el documento se encuentran el hecho de que no se conoce el paradero de 130 mil personas y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.
El informe le ha sentado muy mal a la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras la publicación, y días después de que las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación descalificaran el trabajo de los especialistas, la jefa del Estado del mexicano hizo lo propio. Entre sus argumentos se encuentra la supuesta interpretación equivocada del término “desaparición forzada”, a pesar que su definición no es solo del comité sino que está contenida en el derecho internacional, y que los expertos se habían solo referido a un puñado de estados durante los gobiernos de Peña y Calderón.
En otras palabras, a juicio del oficialismo, el informe no sirve para nada, está sesgado y no reconoce las bendiciones aportadas por la autoproclamada 4T. Lo que seguramente Sheinbaum y sus voceros no comprenden es que la desaparición forzada, ligada desde luego al crimen organizado y a la “aquiescencia” (término presente en el derecho internacional en relación con desapariciones forzadas) del Estado no es un asunto de carácter partidista sino que responde a una gravísima problemática estructural que apunta hacia la existencia de un narcoestado en México. Ellos lo miran, como lo han hecho siempre, y como lo hicieron otros gobiernos en el pasado, con la lente política.
Ha resultado lamentable que el gobierno mexicano haya, una vez, intentado ocultar la realidad de los desaparecidos en el país, y aún más dramático, que haya funcionarios electos que participen, activa o pasivamente, con los grupos delincuenciales en su tarea de apoderarse del Estado mexicano.
Los sucesos de Ayotzinapa no fueron un caso excepcional del pasado, sino que se repiten, con la connivencia, a la luz del informe, de las autoridades públicas de distintos niveles.
Las declaraciones de Sheinbaum y del oficialismo no cambiarán la realidad. La evidencia está a la vista de la opinión pública internacional y de los mexicanos. ¿Qué decían los hoy voceros del obradorismo cuando organismos internacionales se pronunciaban sobre crisis políticas y sociales de tal envergadura durante los gobiernos anteriores? ¿Rechazaban los informes o los utilizaban políticamente para destruir su legitimidad?