Mucho se ha discutido, escrito y debatido sobre la demolición de la democracia liberal tras la abyecta captura de la Suprema Corte por parte del régimen obradorista, amén de la creación de un Tribunal faccioso cuya principal responsabilidad será velar por que las sentencias de los jueces (incluida la Corte) cumplan con “principios” definidos por ellos mismos. Una vergüenza.
Sin embargo, menos se ha hablado sobre lo que se viene para jueces y magistrados. Como es bien sabido, la mayoría de los nuevos juzgadores no tienen experiencia. Si bien son abogados y cumplieron con los irrisorios requisitos previstos por la Constitución, no han trabajado en juzgados y difícilmente han redactado sentencias.
Sí, efectivamente, algunos de los jueces en activo se postularon para la elección judicial. Sin embargo, la mayoría de los ganadores, según se ha anunciado, fueron solo aquellos cuyos nombres aparecieron en los acordeones y/o que fueron beneficiados por los gobiernos federal y estatales.
En otras palabras, los cientos de ministros entrantes que han asumido funciones son hombres y mujeres con poca o nula experiencia en la impartición de justicia. Otros, sin embargo, no han sido instalados aún en sus circunscripciones, derivado del caos administrativo que ha supuesto su despido injustificado y la instalación de los juzgadores entrantes.
La inexperiencia de los nuevos juzgadores provocará una ineficacia en el despacho de asuntos relacionados con casos como procesos penales, familiares, comerciales o de controversia entre particulares.
En adición, según ha trascendido, fueron echados miles de funcionarios que trabajaban en los juzgados y cuya responsabilidad consistía en apoyar a los jueces en tareas administrativas, así como en la elaboración de las sentencias.
En suma, la justicia en México, desde el más alto tribunal, pasando por magistrados hasta jueces de distrito y juzgadores locales, está en manos de personas sin experiencia, sometidas políticamente al poder que los puso allí y bajo la supervisión de un grupo supremo dispuesto a cortarles la cabeza si sus sentencias se apartan de unos postulados ideológicos que no necesariamente tienen que ver con la justicia.