Durante los últimos años, el gobierno mexicano ha convertido la política social en un paralelo, donde gana la narrativa sobre los resultados, los votos sobre la imagen, “atole con el dedo” como se dice coloquialmente.
En los hechos la política del bienestar se diseñó como un sistema paralelo al aparato institucional existente.
En lugar de fortalecer programas previamente evaluados o mejorar las capacidades del Estado para ejecutar políticas públicas, se optó por crear nuevas estructuras administrativas dependientes directamente del poder político. Este esquema no solo debilitó instituciones ya existentes, sino que abrió amplios espacios para la discrecionalidad en el manejo del presupuesto.
Paradójicamente, bajo el discurso de la austeridad y el ahorro, se incrementó el dispendio de recursos públicos y se endeudó al país, situación que se refleja en uno de los déficits presupuestales más altos de la historia reciente.
Improvisación y sobrecostos
Uno de los ejemplos más claros es el sistema de distribución de gas a bajo costo impulsado por el gobierno. La promesa era simple: crear una empresa pública capaz de ofrecer gas doméstico a precios más bajos que el mercado para proteger el poder adquisitivo de las familias.
La implementación del proyecto, sin embargo, estuvo marcada desde el inicio por el sello de la 4T: la improvisación, los problemas logísticos y la falta de viabilidad financiera.
Gas del Bienestar nunca logró consolidar una red eficiente de distribución ni competir realmente con las empresas privadas. La falta de infraestructura, la mala planeación operativa y la ausencia de una estrategia de mercado terminaron por convertir la iniciativa en un programa marginal, con alto costo para las finanzas públicas y beneficios prácticamente inexistentes para la población.
Algo similar ocurre con las llamadas Universidades para el Bienestar. Estas instituciones fueron presentadas como una alternativa para ampliar el acceso a la educación superior en regiones marginadas. No obstante, los problemas han sido evidentes: instalaciones precarias, falta de profesores con formación adecuada, programas académicos poco estructurados y, en algunos casos, ausencia de reconocimiento institucional. Más que centros universitarios sólidos, muchos de estos espacios han terminado funcionando como plataformas de formación política del movimiento.
El caso del Banco del Bienestar refleja otra dimensión del problema: una infraestructura costosa y subutilizada.
El gobierno impulsó la construcción de miles de sucursales bancarias con el argumento de distribuir directamente los recursos de los programas sociales.
Pero en la práctica, la expansión acelerada de estas sucursales se realizó con escasa planeación financiera y operativa. Muchas enfrentan problemas de conectividad, personal insuficiente o una demanda de servicios menor a la esperada. El resultado es una red costosa de instalaciones que en numerosos casos opera por debajo de su capacidad mientras continúa absorbiendo recursos públicos para su mantenimiento.
Ello sin considerar los cuestionamientos sobre los sobrecostos de construcción. Diversos análisis han señalado que el costo promedio de algunas sucursales supera el de instalaciones similares en el sector privado, lo que alimenta sospechas sobre procesos de contratación poco transparentes y posibles irregularidades administrativas.
Transferencias, clientelismo y control político
Pero el núcleo de la política del bienestar sigue siendo el sistema de transferencias directas a la población. Los programas de apoyo para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y diversos sectores vulnerables han crecido de manera significativa dentro del presupuesto federal.
Las transferencias monetarias no son, por sí mismas, un problema. El problema radica en cómo se han implementado. La eliminación de mecanismos de evaluación independientes, la desaparición de padrones transparentes y la centralización de decisiones en el poder político han debilitado los controles institucionales que deberían garantizar la correcta asignación de los recursos.
Además, la estructura misma de estos programas facilita que sean utilizados como instrumentos de movilización electoral. La entrega directa de recursos por parte del gobierno federal, acompañada de una narrativa política constante que vincula los apoyos con el liderazgo gubernamental, ha generado una fructífera relación clientelar entre el Estado y amplios sectores de la población.
Aunque la narrativa enfatiza la importancia de atender las causas, en lugar de construir políticas sociales orientadas a reducir estructuralmente la pobreza mediante educación, empleo y productividad, el modelo del bienestar ha privilegiado la distribución de dinero como mecanismo de legitimación política.
Esto crea una dependencia creciente del gasto público sin evaluar y, peor, sin generar necesariamente condiciones para un desarrollo económico sostenible.
La corrupción también ha encontrado espacios dentro de este sistema. La opacidad en los procesos de contratación, la falta de auditorías independientes y la centralización del control administrativo han debilitado la rendición de cuentas.
Sin mecanismos sólidos de supervisión, proyectos de infraestructura, compras públicas y programas sociales se ejecutan en un terreno fértil para prácticas irregulares.
Lo que ha ocurrido con la política del bienestar en México es, en esencia, lo contrario de lo prometido.
En lugar de fortalecer las capacidades del Estado, se ha construido un sistema altamente politizado, con estructuras administrativas improvisadas, infraestructura costosa y resultados muy limitados en términos de desarrollo social.
La combinación de programas clientelares, proyectos mal planeados y nuevas instituciones con escasa capacidad operativa ha generado un modelo que privilegia la visibilidad política sobre la eficacia pública.
Mientras el discurso oficial insiste en presentarlo como una Cuarta Transformación histórica del Estado, la evidencia apunta a un sistema caro, ineficiente y vulnerable a la manipulación electoral.
Las políticas del bienestar han funcionado más como un instrumento de poder político y propagandístico que como una auténtica estrategia de desarrollo social.
X: @diaz_manuel