<i>Si los ciudadanos no pueden confiar en que las leyes se apliquen de manera justa y equitativa, el Estado de derecho colapsa y la democracia se convierte en una cáscara vacía.</i>

Kofi Annan, exsecretario general de la ONU

Ya no basta con justificar los escándalos con la retórica del oficialismo, con que “es culpa de Calderón”, “el PRIAN”, “Salinas”, “la ultraderecha” o “el intervencionismo gringo”. Esa narrativa se desgastó y ya no alcanza para explicar denuncias que surgen desde el propio movimiento gobernante.

Los grandes escándalos no son revelados únicamente por la oposición. Muchos han sido expuestos por los propios integrantes de Morena, de funcionarios y exfuncionarios que conocieron desde dentro la operación del gobierno. Se denuncian entre ellos, exhiben sus diferencias y revelan sus intereses, a sabiendas de que la Fiscalía General de la República (FGR) no intervendrá, e incluso llegan a usar los ataques para victimizarse.

Las denuncias de la 4T

Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador, renunció y denunció la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública, por personajes influyentes del gobierno con conflictos de interés.

Víctor Manuel Toledo, exsecretario de Medio Ambiente, dejó el cargo después de exhibir las pugnas internas y acusar a Alfonso Romo y Víctor Villalobos de operar en favor de grandes empresas y obstaculizar la política ambiental.

Jaime Cárdenas, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, renunció tras denunciar irregularidades administrativas, mutilación de joyas, contratos desfavorables y conductas indebidas de servidores públicos. También señaló a Alejandro Esquer Verdugo, entonces secretario particular de López Obrador, por ejercer presuntos actos de corrupción en el instituto.

Las columnas más leídas de hoy

Javier Jiménez Espriú, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, salió del gabinete en medio de diferencias por el proyecto aeroportuario y después de que se hiciera público el vínculo empresarial de su familia con IDESA, socia de Braskem en Etileno XXI.

La confrontación pública entre Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico presidencial, y Alejandro Gertz Manero, entonces fiscal general, incluyó un intercambio de acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y uso faccioso de las instituciones. Scherer acusó a Gertz de emprender una venganza personal; y el fiscal, impulsó investigaciones contra abogados y asesores cercanos al exconsejero, señalados por una presunta red de extorsión.

En su libro Ni venganza ni perdón: una amistad al filo del poder, Scherer amplió sus señalamientos contra figuras de la 4T. Acusó a Jesús Ramírez Cuevas de facilitar la llegada de Sergio Carmona, el “Rey del Huachicol”, al círculo cercano de López Obrador y Morena. También señaló a Mario Delgado y Andrés López Beltrán por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.

Otros personajes como el gobernador de Tabasco, Javier May, acusó a las administraciones de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino por su presunta tolerancia al crecimiento del crimen organizado en la entidad; están también, los señalamientos de René Gavira contra Ignacio Ovalle por operaciones relacionadas con el fraude de Segalmex, y las acusaciones del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla contra Marina del Pilar Ávila por corrupción y presuntos pactos criminales.

Una Fiscalía que mira a otra parte

Frente a este historial de acusaciones ¿dónde ha estado la FGR? Primero con Alejandro Gertz Manero y ahora con Ernestina Godoy, siendo la institución que tiene la obligación de investigar las denuncias, sin importar partido o cargo de los señalados. La falta de acción alimenta la percepción de una justicia selectiva, extraordinariamente cautelosa cuando se trata de integrantes del movimiento.

Guadalupe Taddei no ha sido citada a declarar ni parece que ocurrirá, pese a los múltiples señalamientos públicos, la Fiscalía prefiere hacer maromas que hacer su chamba. Mientras, avanza la disputa por la presidencia del INE entre la opacidad y la ausencia de consecuencias.

Sin Estado de derecho no hay justicia y, sin justicia, no hay democracia.

X: @diaz_manuel