La insistencia de una reforma electoral inscrita en una óptica fuera de consenso proviene de la administración pasada, y forma parte del legado que ésta trasladó dentro de aquellas llamadas a realizarse por el actual gobierno. Tanto el propósito que anima a esa reforma como el método empleado para constituir la mayoría calificada desde donde impulsar modificaciones a la Constitución, denotan una genética de corte fascista.
Veamos lo que corresponde a la obtención de la mayoría calificada por parte del partido en el gobierno. Es de señalarse que la amplia representación del oficialismo en el Congreso estuvo presidida de una declaración de la secretaria de Gobernación que indicó (antes de la resolución que tomarían las autoridades electorales), el tamaño de la representación que alcanzarían en la Cámara de Diputados; no obstante ser, en ese momento, un tema de profusa discusión, pero el gobierno acusó una intencionalidad de marcar línea para influir en la decisión. Sin duda que entonces significó un involucramiento para señalar postura sobre un tema sujeto a una gran controversia y sobre el que era de esperarse la adopción de una perspectiva de interpretación sistemática, funcional y teleológica, y no meramente literal como señalara el gobierno.
Lo anterior, máxime que el partido en el gobierno, con la suma de sus aliados, obtuvo el 54% de los votos, al tiempo que la conversión de esos sufragios en curules dentro de la Cámara de Diputados se suponía sujeta al claro propósito de limitar la sobrerrepresentación de la mayoría, pero no fue así; de forma controversial se asumió que los límites establecidos por la ley eran aplicables a los partidos en lo individual, y no así a las coaliciones.
En los hechos tal declaratoria del gobierno significó, sino una coacción política directa, una inducción para influir en la determinación de la autoridad electoral. A más de ello, destaca la forma de obtención de los votos necesarios para la mayoría calificada en el Senado de la República, que se sustentó en la intimidación, corrupción y contraprestaciones incalificables para lograrlo, cuando alguno de los conversos se había declarado abiertamente opuesto a la postura del oficialismo.
Se asemeja ese conjunto de acciones a la emprendida por el propio Hitler, cuando en ocasión de haber sido nombrado canciller de Alemania en enero de 1933 promoviera, en marzo de ese año, el que le fuera otorgado, por el Congreso, facultades extraordinarias para promulgar leyes al margen de la aprobación del parlamento y que tuvieron como sustento el propósito de “remediar las dificultades del pueblo y del Reich”. El asunto es que la obtención de los votos necesarios fue antecedido por la intimidación, arresto y vulneración de los opositores; de más está señalar que una vez arropado por esa atribución, el gobierno procedió la ilegalización de los demás partidos, y más tarde al despliegue de un dominio político incontrastable con el uso de todos los instrumentos posibles, incluido, desde luego, el de la violencia y el asesinato como dejara constancia la noche de los cuchillos largos en 1934.
El parecido se manifiesta respecto del papel asumido por la instancia de gobierno para marcar su intención, y por la forma de lograr los votos requeridos, mismos que fueron marcados con el sello de un franco desprecio a la legalidad y legitimidad, al tiempo de contar con el impulso de una decisión resuelta desde el gobierno para obtener los resultados que se esperaban, sin importar la forma de hacerlo. Así ocurrió en el nazismo y otro tanto sucedió con la participación del llamado segundo piso de la la cuarta transformación en México.
Por lo que respecta a la reforma electoral, debe mencionarse aquella que practicara Mussolini en Italia durante 1923 y que fue conocida como Ley Acerbo, misma que consistió en modificar el sistema de representación proporcional para adoptar uno de mayoría. Para lograr la aprobación de esa medida se recurrió a todo tipo de presiones, de amenazas y vulneración de los opositores; una vez que se aprobó la reforma en comento se dio paso a un gobierno monocolor, así como a la supresión de la pluralidad política.
Resulta más que sugerente lo que ha puesto en práctica el gobierno mexicano para obtener la mayoría calificada y una reforma electoral (que después tuvo que reconvertir en su diseño y propósitos por los propios obstáculos internos que surgieron), con las medidas y prácticas realizadas por Mussolini y el nazismo, especialmente en lo referente a la manera de obtener los votos necesarios para ello y de eludir la necesidad de impulsar consensos democráticos.
Más allá de semejanzas incómodas, el planteamiento de una reforma electoral que emana de la visión unilateral del gobierno y, por tanto, carente de acuerdos y consensos con las otras fuerzas políticas ofrece importantes cuestionamientos de origen, al tiempo que fractura una larga tradición consistente en realizar reformas político-electorales que gozaran del respaldo de las distintas fuerzas políticas, desde luego con una agenda inscrita en la pluralidad de opiniones.
La retórica del gobierno en torno a combatir privilegios y reducir los costos que tiene la democracia mexicana resulta hueca y demagógica. Vale señalar que, en sentido contrario a dicha pretensión, la administración tolera grandes despilfarros y prácticas escandalosamente corruptas que elevan desproporcionadamente el gasto público: el fraude para el erario que significa el huachicol fiscal, el costo desorbitado, así como el déficit con el que operan (y los consecuentes subsidios) las obras emblemáticas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Felipe Ángeles, así como la opacidad con que se ejerce el presupuesto, descalifican la intencionalidad de reducción de gastos y de privilegios con la que se dice arropar la propuesta de reforma electoral.
El costo-beneficio de algunas acciones como las de reducir el servicio profesional electoral resultan sobradamente controvertidas y, más bien, se colocan por el lado de desmontar o disminuir instituciones que han sido claves para la vida democrática del país. Producto de sus inconsistencias y de la falta de los acuerdos necesarios, la reforma electoral del Plan B ha tenido que ser reducida; no obstante, llama la atención la insistencia de impulsarla con todo y la disminución que ha sufrido; tal parece que el gobierno no está dispuesto a desmontar una bandera que a pesar de las modificaciones y deterioro que ha experimentado desea incorporar a su cada vez más vulnerable narrativa de éxito.
El legado fascista que acompaña al populismo se devela como imagen que acompañan los métodos y prácticas de un gobierno que asume para sí al pueblo, que ostentando esa cuestionable representación busca cancelar otras formas de intermediar los intereses diversos de la sociedad, que recela de la pluralidad política, que desprecia la construcción de consensos y que apuesta al liderazgo carismático en sustitución de la institucionalidad republicana.