Hay momentos en la vida de una nación en los que un solo hecho, aparentemente aislado, permite ver con claridad lo que durante años se había venido gestando en silencio. La muerte de un civil a manos de un agente del ICE en Minnesota no es un episodio más dentro del ya largo expediente de abusos cometidos por autoridades federales en Estados Unidos; es, más bien, la confirmación de una deriva peligrosa: aquella en la que el Estado no solo ejerce la violencia, sino que el poder político la justifica, la normaliza y la convierte en doctrina.
No se trató de un error operativo ni de un exceso individual que deba ser investigado con rigor. Mucho menos de un incidente desafortunado que será esclarecido con transparencia. Desde el primer momento, la reacción del presidente Donald Trump dejó claro que el desenlace estaba escrito de antemano. No habló de justicia, no pidió cautela, no exigió una investigación independiente. Optó por cerrar filas, por respaldar al agente involucrado y por enviar un mensaje inequívoco: cuando el Estado dispara, el poder protege.
Ese mensaje no es menor ni casual. Forma parte de una narrativa que desde hace años ha ido desplazando el concepto de Estado de derecho para sustituirlo por uno mucho más primitivo: el del Estado de fuerza. En esa lógica, la autoridad no se somete a la ley, sino que se erige por encima de ella; el uniforme no obliga a rendir cuentas, sino que funciona como salvoconducto; y la violencia institucional deja de ser el último recurso para convertirse en una herramienta legítima de control político y social.
El caso del ICE es ilustrativo. Lo que alguna vez fue una agencia administrativa encargada de aplicar la legislación migratoria se ha transformado, en los hechos, en un cuerpo de choque federal. Redadas masivas con tácticas militares, operativos diseñados para infundir miedo, abusos documentados por organismos de derechos humanos y un historial creciente de muertes y violaciones graves que rara vez concluyen en sanciones reales. No es nuevo que existan denuncias; lo nuevo es que ahora cuentan con el respaldo explícito del presidente.
La comparecencia de la secretaria de Seguridad Nacional ante el Senado terminó de exhibir la profundidad del problema. Con tono solemne, aseguró que los veteranos de guerra eran intocables, que el gobierno jamás permitiría que fueran deportados o dañados, incluso si no habían nacido en suelo estadounidense. La afirmación se vino abajo cuando los legisladores le confrontaron con un hecho irrefutable: un veterano condecorado, herido en combate, nacido en Corea, había sido deportado por el propio sistema que ella defendía.
No hubo explicación convincente. No hubo rectificación. Hubo silencio. Un silencio que no puede interpretarse como torpeza comunicativa, sino como admisión implícita de que el discurso oficial ya no tiene obligación de coincidir con la realidad. Se promete una cosa y se hace otra; se jura respeto a la ley mientras se la vulnera sistemáticamente; se miente bajo juramento y el aparato institucional permanece intacto.
Esta vez, sin embargo, la reacción no fue automática ni sumisa. Autoridades locales comenzaron a cuestionar la versión federal, gobernadores exigieron investigaciones independientes, congresistas anunciaron audiencias y revisiones presupuestales, y fiscales prefirieron renunciar antes que convertirse en cómplices de una simulación. En las calles, la protesta creció no solo por una muerte, sino por la comprensión colectiva de que no se trataba de un hecho aislado, sino de un patrón.
Porque el fondo del problema ya no es migratorio. Tampoco es un enfrentamiento ideológico entre conservadores y progresistas. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la vigencia del Estado de derecho frente a la tentación del autoritarismo. Cuando un presidente defiende públicamente al agente que mata antes de que se esclarezcan los hechos; cuando se bloquean investigaciones externas; cuando se desacredita a quienes cuestionan la versión oficial; cuando la protesta social es respondida con más coerción, la democracia comienza a cruzar una línea peligrosa.
Las derivas autoritarias no suelen anunciarse con golpes de Estado espectaculares ni con tanques ocupando las capitales. Suelen avanzar de manera gradual, casi imperceptible, amparadas en el aplauso de quienes confunden orden con obediencia y fuerza con legitimidad. Se consolidan cuando la impunidad deja de ser excepción y se convierte en norma; cuando la lealtad al líder pesa más que la fidelidad a la ley; cuando el miedo sustituye al debate y la violencia al diálogo.
La historia ofrece lecciones suficientes al respecto, aunque el poder insista en ignorarlas. Los gobiernos que hacen de la fuerza su principal argumento terminan por socavar las bases mismas que dicen defender. Gobernar desde el gatillo y blindar al que dispara no fortalece al Estado; lo debilita, lo erosiona y lo deja expuesto a crisis que luego resultan imposibles de contener.
Donald Trump debería tenerlo presente. Los presidentes no caen cuando parecen invencibles, sino cuando confunden respaldo político con licencia para la impunidad. Convertir la violencia institucional en doctrina puede generar adhesiones inmediatas, pero deja heridas profundas en el tejido democrático. Y cuando una sociedad acepta que el uniforme exonera, que la bala decide y que la mentira bajo juramento no tiene costo, el problema deja de ser administrativo o coyuntural.
Se vuelve existencial.
En ese punto, guardar silencio ya no es una muestra de prudencia. Es una forma de complicidad.