La Universidad Pedagógica Nacional volvió a clases en enero de 2026 con la esperanza de que, el Secretario de Educación federal, Mario Delgado, analizara seriamente sus planteamientos después del paro de octubre de 2025.
Para los estudiantes, docentes y administrativos la pregunta es qué cambió desde entonces. El paro del año pasado puso sobre la mesa el deterioro de las instalaciones, las deficiencias en los servicios y la exigencia generalizada de relevar a la rectora Rosa María Torres Hernández.
La Secretaría de Educación Pública abrió mesas de trabajo en ese momento y se prometió que la gestión de la aún rectora sería evaluada conforme los elementos proporcionados por estudiantes, académicos y el personal manual y administrativo.
Un año después, la SEP continúa sin informar qué se resolvió y en qué plazos se atenderá lo pendiente. Torres Hernández asumió la rectoría en diciembre de 2018.
A casi ocho años de su nombramiento, la comunidad tiene derecho a conocer qué metas se fijó su administración, cuáles cumplió y con qué presupuesto. Un informe de gestión con resultados verificables permitiría discutir el rumbo de la universidad con la misma seriedad con la que sus estudiantes y docentes han planteado sus demandas. Uno de los asuntos que más claridad exige es el manejo de los recursos.
Presuntamente existen ingresos propios cuyo registro y destino requieren aclaración, incluidos los que la UPN habría recibido mediante convenios con gobiernos estatales y organizaciones privadas.
La rectoría puede despejar esas dudas publicando los convenios, los montos efectivamente recibidos y el destino de cada partida. La SEP, por su parte, debe informar qué revisiones se han practicado y qué observaciones quedan por atender o cuál ha sido la participación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en ese proceso y si han practicado o se pretende llevar a cabo una auditoría general, ya sea desde Buen Gobierno o desde la Auditoría Superior de la Federación.
También se ha señalado que, al parecer, se desconoce la ubicación de cientos de equipos de cómputo que la UPN sigue sin informar al Órgano Interno de Control de la propia SEP. La cifra y el paradero de los bienes deben verificarse. Para ello, hace falta cotejar las adquisiciones con los inventarios y los registros de resguardo, e informar a la comunidad qué arrojó esa revisión.
En la Biblioteca “Gregorio Torres Quintero” se han reportado filtraciones, humedad y falta de mantenimiento, lo cual es verificable a simple vista. De confirmarse el deterioro, hay que determinar si existen materiales dañados y proteger de inmediato los acervos de valor histórico para la investigación educativa.
Las quejas por el suministro de agua, el estado de los sanitarios, la electricidad y la conectividad también requieren respuestas con fechas y responsables. Son las condiciones en las que se estudia y se trabaja todos los días.
La petición de relevo de la rectora, respaldada por sectores estudiantiles y docentes y, turnada al mismo Mario Delgado a través de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, merece una respuesta expresa. Durante el diálogo de diciembre de 2025 se planteó evaluar su gestión.
A Mario Delgado le toca decir si esa evaluación se realizó, qué encontró y qué razones sustentan la decisión de la SEP sobre la continuidad de Torres Hernández y, de la misma forma, en caso de ser removida, qué perfiles son los mejores para sustituirla al igual que a todo su equipo de mayor confianza, entre los que están los actuales titulares de las secretarías académica y administrativa.
La comunidad universitaria ya explicó por qué protestó y aportó los elementos y pruebas que dan sustento a sus exigencias. Ahora le toca a la rectoría mostrar sus cuentas y a la SEP explicar qué hizo con los compromisos que asumió para reabrir los planteles.