Dicen que con la edad nos volvemos conservadores. Probablemente, me he hecho lo suficientemente adulta para pensar que la maternidad subrogada o mal llamada renta de vientres, justamente es explotación reproductiva. Lo creo más por los efectos y consecuencias que simplemente por ideología, pues de las mujeres conocidas que han vivido el proceso, todas coinciden en que el embarazo y el parto implica “rentar” un cuerpo completo y cosificar la experiencia humana de las mujeres que son reducidas a un producto y al producto que deben entregar.
Un representante colombiano celebró en redes sociales la “prohibición total de la maternidad subrogada”. Usó el verbo radicar, y radicar no prohíbe nada. Presentar un proyecto es apenas el primer trámite de un camino que exige cuatro debates y sanción o aprobación presidencial, y en Colombia ese camino tiene un destino conocido. Abelardo de la Espriella es ultraderechista y en su agenda conservadora apoya a la familia, en teoría. Desde 1998 se han presentado más de dieciséis iniciativas sobre el tema y todas terminaron guardadas. La más reciente, un proyecto que buscaba la prohibición nacional, murió en la Comisión Primera el 22 de junio de 2026. Dos meses después la misma idea regresa con otro nombre y un hashtag limpio. Lo que se anunció como una ley consumada es un segundo intento.
Vale la pena leer qué se radicó. El proyecto convierte la práctica en delito. Crea el tipo penal de explotación reproductiva mediante maternidad subrogada, gratuita o comercial, con penas de diez a dieciséis años de prisión para quienes la promuevan, financien u organicen, y alcanza incluso a los colombianos que la ejecuten fuera del país. La mujer que gesta queda fuera del castigo. La sanción cae sobre las agencias, las clínicas y los intermediarios.
El negocio que pretende castigar mueve dólares. Un plan parte de sesenta y tres mil quinientos dólares, más de doscientos quince millones de pesos colombianos. De esa cifra, a la gestante le llegan entre veinticinco y cuarenta millones que son nada comparado a los problemas de salud que vienen después. Más del ochenta y cinco por ciento se queda en las clínicas y los intermediarios, auténticos brokers de la fertilidad que venden la experiencia de “tener un hijo” a parejas extranjeras con euros y dólares en la mano. Colombia se volvió su destino favorito. Tipo de cambio blando, vacío legal y mujeres vulnerables dispuestas a firmar. El paraíso perfecto del caos. El problema es que México se parece en algo, que las agencias operan con total impunidad, que el régimen de algunas entidades como Sinaloa y Tabasco permite contratos regularizadores de la práctica, que hay altas autoridades relacionadas tanto al negocio como al consumo de cuerpos de mujeres y bebés.
La industria se alimenta de un derecho que no existe. El “derecho a ser padre” y el “derecho a ser madre” parten del mito de que alguien puede reclamar un hijo aun sin la capacidad biológica de procrearlo. Sobre ese falso derecho se construye otro, el de disponer del cuerpo de una mujer que sí puede reproducirse pero que, por deudas o pobreza, lo ofrece por dinero. Una de las agencias que operan en Bogotá lo anuncia sin pudor, promete un “camino asequible hacia la paternidad”. La paternidad como plan de pagos.
El único derecho verdadero en esta historia es el de los niños. Derecho a una familia, a los cuidados, a conocer su identidad, a que su dignidad no dependa de una factura y justamente son los menos protegidos cuando alguna enfermedad inesperada frustra las transacciones o cuando crecen y se preguntan por su verdadero origen, a menudo, oculto. Todo niño tiene derecho a la adopción y al amor de un hogar, sin que importen las preferencias de quienes lo reciben y sin que se cuele entre ellos un sentenciado por delitos sexuales contra menores. Un mercado que no examina a quién entrega un recién nacido no puede prometer que ese niño estará a salvo.
La Corte Constitucional en aquel país latinoamericano pidió al Congreso que legislara, cierto, pero no le ordenó prohibir. En la sentencia T-127 de 2024 dejó tres caminos abiertos que pueden ser prohibir, permitir o limitar, con el interés superior de la niñez como frontera. Vender el proyecto como el cumplimiento de un mandato judicial confunde una opción con una orden. En la sentencia T-232 de 2024 la misma Corte tuvo que proteger a una niña nacida por esta vía del riesgo de quedarse sin nacionalidad. Los niños que ya nacieron necesitan filiación. Una pena para el intermediario no se las da. México ofrece respuestas por la vía judicial pero no tiene una legislación unificada que contemple todos los extremos. Tampoco sobre las consecuencias de salud a largo plazo ni sobre las necesidades que surgen en las madres gestantes.
A la radicación llegó Olivia Maurel, nacida ella misma de un vientre alquilado y hoy voz de la abolición mundial. Su presencia recuerda que del otro lado del contrato también queda una historia por contar. Mientras el Congreso decide, el negocio sigue abierto, con sus tarifas en dólares y sus mujeres en oferta. Colombia lleva quince años prometiendo una prohibición que no llega... y cobrando la entrada al paraíso. México no ha abierto la caja de Pandora.
¿Será una posición demasiado conservadora pedir que las mujeres sean vistas como personas y no como productos? ¿Seré conservadora por la osadía de sugerir que los bebés no son mercancía y que la ética de la reproducción asistida necesita un lugar en el debate público? Avísenme.