La primera Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, recibió este lunes a organizaciones, activistas, defensoras y sobrevivientes en un encuentro productivo donde se desahogaron los obstáculos para atención a niñas y niños, retos de las mujeres en el campo, problemas en el acceso a la justicia así como oportunidades de colaboración.
Citlalli Hernández guarda la profunda convicción de que el patriarcado se combate desde todos los frentes, de manera integral entre sociedad, instituciones, sectores sociales y comunitarios, organizaciones y con aquella visión, durante la reunión con activistas, defensoras y víctimas —entre ellas la ambientalista y protectora de animales Elizabeth Soto Peña, recientemente amenazada de muerte—, la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, marcó una ruta distinta: la de la acción colectiva.
Citlalli confirmó que el camino de entretejer colectivos es el que podrá lograr que el derecho a vivir una vida libre de violencia se haga realidad: “sería un error estratégico pensar que las instituciones y los estados, por sí solos, erradicarán la violencia contra las mujeres; necesitamos a la sociedad organizada”.
Sin embargo, en México, alzar la voz sigue siendo un acto peligroso. Defender la vida, los hijos, el campo, los animales, el territorio o los derechos humanos equivale, muchas veces, a firmar una sentencia de miedo, precarización y riesgos. Pero hay una violencia aún más cruel: la que se infiltra en el corazón de las madres y activistas a través de sus hijas e hijos. Se llama violencia vicaria en razón de activismo y, en el caso de Elizabeth Soto Peña, fundadora de Seres Libres A.C., se ha convertido en el mecanismo más brutal de extorsión y castigo.
Elizabeth denunció al poder. Señaló a instituciones estatales —la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM)— por desapariciones y sacrificios irregulares de animales rescatados, especialmente perritos. Su activismo incomodó, y el mensaje fue inmediato: un ataúd blanco, una corona con su nombre y fotos de su hija de cuatro años dejadas frente a su casa. Le advirtieron que, si continuaba, la niña “pagaría las consecuencias”.
Parece una amenaza anónima; pero fue un recordatorio de lo que implica tocar los intereses de algunas personas insertadas en las estructuras de los gobiernos municipales. En el contexto de presencia del crimen junto con lentitud del sistema para acceder a la justicia, la impunidad se hace status quo para combatir y las defensoras se vuelven el blanco perfecto. Y cuando no pueden silenciarlas directamente, buscan doblegarlas a través del dolor más profundo: el de ser madre y hacerle daño a sus hijas e hijos.
El caso de Elizabeth junto con asuntos expuestos durante la reunión pone en evidencia una violencia que ya no se ejerce solo desde lo doméstico, sino también desde lo institucional. La Fiscalía del Estado de México la imputó por el delito de acecho en contra de una funcionaria de las dependencias que ella había denunciado -no en su carácter de persona física sino en su calidad de funcionaria pública-. Es decir: la víctima pasó a ser la acusada. La justicia del lado del poder tiene un ritmo distinto que se acelera. Actualmente, la Fiscalía le ha brindado escucha sin embargo, aún no logra volver a su vida normal y los autores de la terrible amenaza no han sido identificados ni detenidos.
El tema es que el caso de Elizabeth no es el único. En el encuentro, se habló del posicionamiento de cerca de 21 colectivas defensoras de derechos de mujeres que agrupan a decenas de víctimas y que no han encontrado justicia ni escucha en la Coordinación de Víctimas de la Fiscalía Capitalino así como la lentitud y corrupción que aún permea en sistema.
Elizabeth Soto fue arropada por colectivas feministas, organizaciones de madres, campesinas y defensoras así como por la Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, quien se comprometió a canalizar su caso al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de acompañarla hasta garantizar su seguridad y acceso a la justicia.
El gesto, más allá de lo simbólico, representa un primer paso hacia lo que México necesita con urgencia: restituir la confianza en las instituciones y reconstruir el tejido de protección para las mujeres que defienden causas públicas. Porque en este país, ser activista, periodista o defensora no debería ser una sentencia de riesgo.
Durante el encuentro, las integrantes de Deconstrucción Violeta A.C., encabezadas por Karla García Tello, advirtieron sobre las deficiencias estructurales del sistema de procuración de justicia así como la necesidad de que la perspectiva de género se vuelva la regla de quienes juzgan. La abogada y activista Rebeca Cebrecos, de Madres Libertarias, también señaló la revictimización constante de mujeres que denuncian violencia, y la falta de mecanismos efectivos para proteger a sus hijas e hijos, exponiendo que desde la Coordinación de victimas de la Fiscalía, se hostigó y presionó a víctimas como Maha Schekéiban, quien se encontraba presente, para conciliar con su agresor aún cuando la ley lo prohibe.
La violencia vicaria no es un daño colateral: es un método de control que se esconde en todas las estructuras Estado. Es el recordatorio de que la maternidad puede ser usada como arma en una sociedad que castiga a las mujeres que se atreven a desafiar al patriarcado. Por eso, lo que está en juego no es solo la vida de Elizabeth o la de su hija: es la libertad de todas las mujeres que, desde distintos frentes, sostienen la esperanza de un país más justo. La vida de niñas y niños separados de manera forzada de sus madres.
Mientras tanto, Elizabeth sigue viva, sigue hablando y sigue denunciando. Y con ella, miles de mujeres que han decidido que el miedo no será la última palabra. Porque defender la vida —sea humana o animal— nunca debería costar la propia. Defender a las hijas y a los hijos no tendría que ser sinónimo de vivir con miedo.
La Secretaria Citlalli Hernández se comprometió a establecer una mesa de atención a víctimas así como el impulso de una política de territorialización del feminismo estatal con un centro LIBRE en cada municipio, aclarando que los programas y atenciones deben llegar a la mujer de a pie, a las comunidades donde las instituciones no existen o no llegan.
En ese sentido, reconoció una de las mayores contradicciones del sistema actual: las alertas de género no se han traducido en disminución de la violencia feminicida, y los presupuestos que deberían destinarse a prevención o refugios terminan en rubros tan absurdos como la compra de chalecos antibalas para la policía.
Para enfrentar esta disfunción, Hernández Mora destacó la labor de Ingrid Gómez Saracíbar, Subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, quien encabeza mesas de coordinación con los estados para transformar la “alerta” en un mecanismo efectivo de prevención, no en una herramienta política de presión o simple gestión de recursos.
La Secretaria compartió que ha triplicado la atención alcanzando a tres mil mujeres atendidas durante su cargo, y ha fortalecido el Programa de Atención Integral a Víctimas (PAIVIM), que permite canalizar casos por entidad federativa. A través de la línea 079 opción 1, las mujeres pueden acceder a orientación jurídica, psicológica y acompañamiento integral.
Uno de los proyectos más ambiciosos presentados fue el de las “Tejedoras de la Patria”, una red nacional de mujeres que busca construir poder comunitario, autonomía económica y defensa del territorio. Ahí es donde ahora, se busca que las defensoras inserten sus causas, teniendo presente que el primer eje de trabajo es la prevención del delito y que a pesar de que la Secretaría no tiene facultades de procuración de justicia, se brindará acompañamiento y asistencia legal mediante las Abogadas de las Mujeres para que ninguna víctima se quede sin defensa legal por falta de recursos.