Han pasado 11 años desde que cinco personas fueron asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. En ese crimen les arrebataron la vida al fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, quienes huyeron de Veracruz tras sufrir amenazas, buscando refugio en la Ciudad de México. Con ellos fueron asesinadas Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín.
Todo ocurrió el 31 de julio de 2015.
Lo que ocurrió aquella noche no fue un simple crimen pasional ni un robo que salió mal. Fue una ejecución. Rubén y Nadia eran personas incómodas, voces que alguien quería silenciar.
Como cada año, organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de periodistas y asociaciones civiles salieron a las calles. No solo para recordar a las víctimas, sino para plantear exigencias claras y concretas que no han sido atendidas.
Exigen que se sepa toda la verdad, que se castigue a todos los responsables y que se rompa la cadena de impunidad que permite que quienes persiguen y quienes asesinan permanezcan libres.
Pero el ataque no terminó aquella madrugada del 31 de julio. Hubo una segunda agresión, más lenta, más prolongada y en muchos casos impulsada desde donde debía haber respeto y rigor: la revictimización de las mujeres asesinadas.
En lugar de centrarse en las omisiones de las autoridades, en las amenazas previas que recibieron Rubén y Nadia, mismas que habían hecho públicas, la información que circulaba eran historias sobre su vida personal, laboral o sexoafectiva de las mujeres asesinadas, con el objetivo de desviar la atención del crimen o incluso culparlos del multihomicidio. Nada más ruin que culpar a quien ya no se puede defender.
El Centro de Investigación y Acción Social de las Mujeres en Comunicación (CIMAC) documentó puntualmente esa falla: el tratamiento informativo estuvo cargado de misoginia, y lejos de exigir una investigación con perspectiva de género, muchos medios reforzaron prejuicios y estigmas, desviando la atención y dejando sin respuesta preguntas más urgentes: ¿Quién ordenó el multihomicidio? ¿Por qué a Rubén? ¿Por qué a ellas?
El caso de Mile Virginia Martín es quizá el más doloroso ejemplo, según subraya CIMAC en un artículo publicado en días pasados. Fueron los propios hermanos de la mujer quienes denunciaron en el documental “A plena luz: el caso Narvarte” de Netflix, que la prensa mexicana etiquetó como “la colombiana”, asociándola, sin pruebas, al crimen organizado.
Esto no ha cambiado a lo largo de los años. No solo en el caso Narvarte. Hay múltiples feminicidios que son juzgados con crueldad por lectores, espectadores y cibernautas.
El pasado viernes, por ejemplo, el feminicidio de la influencer Valeria Márquez salió de nuevo a la luz y en lugar de ver la gravedad del crimen que le arrebató la vida, se le estigmatizó por haber sido pareja sentimental de un delincuente.
Parece que no se ha entendido: nadie puede quitarnos la vida. Mucho menos juzgarnos después de muertas.
Once años después, el caso Narvarte sigue siendo también una lección pendiente sobre cómo tratamos a las víctimas. La verdadera justicia no se limita a atrapar a los responsables materiales. Exige también dejar de culpar a las mujeres por su forma de vivir, dejar de reducirlas a etiquetas que las deshumanizan y exigir que tanto investigadores como periodistas asuman su responsabilidad: no volver a dispararles una segunda vez, con palabras, después de que ya fueron acalladas con balas.