La salida de Marx Arriaga del aparato educativo federal ha sido celebrada por distintos sectores académicos y sociales. Entre ellos, la voz de Paula Silva Zárate, quien afirmó: “Como educadora y como mexicana, celebro el despido de Max Arriaga”. Su postura sintetiza un malestar que no surgió de la noche a la mañana: la percepción de que la política educativa reciente se inclinó más hacia la narrativa ideológica que hacia la técnica pedagógica.
Durante su gestión en la Secretaría de Educación Pública, Arriaga fue uno de los principales impulsores de los nuevos materiales y del rediseño curricular. Sin embargo, el debate público se concentró menos en los resultados de aprendizaje y más en el contenido conceptual, simbólico y político de los libros de texto. La crítica central no es menor: cuando la educación se convierte en campo de disputa ideológica, el aula deja de ser espacio de formación plural para convertirse en territorio de imposición.
No se trata de negar que todo modelo educativo tiene una visión de país —eso es inevitable—, sino de cuestionar el desequilibrio. La educación pública no puede funcionar como laboratorio doctrinario. Su misión estructural es desarrollar pensamiento crítico, competencias cognitivas y habilidades socioemocionales medibles, evaluables y comparables. Cuando el discurso rebasa a la metodología, se debilita la confianza institucional y se polariza innecesariamente a la comunidad escolar.
La consigna que hoy circula —“menos discurso, más pedagogía; menos imposición, más diálogo; menos ideología, más aprendizaje”— no es un eslogan vacío. Es una exigencia técnica. México enfrenta rezagos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias; las evaluaciones internacionales lo confirman desde hace años. Ante ese panorama, el lujo de la confrontación ideológica resulta improductivo.
La pregunta de fondo es si la salida de Arriaga representa un verdadero cambio de paradigma o simplemente es un ajuste estratégico frente a la presión pública. Un relevo administrativo no garantiza una transformación estructural. Para que exista un viraje real, se requiere transparencia en la elaboración curricular, participación efectiva de docentes, evaluación independiente y apertura al debate plural.
Celebrar un despido puede ser catártico; construir una política educativa sólida es mucho más complejo. Si este episodio marca el inicio de una etapa más técnica, dialogante y centrada en resultados, será bienvenido. Si no, quedará como un movimiento político más en la larga historia de reformas educativas que prometen mucho y transforman poco.
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