Manuel Bartlett, símbolo de la corrupción y el autoritarismo de la 4T, volvió a ser tendencia tras un artículo de Salvador García Soto en El Universal, que afirmaba que la UIF pidió congelar las cuentas de su pareja, Julia Abdalá, y de su hijo, León Manuel Bartlett. El gabinete de seguridad lo desmintió en X, aunque fuentes cercanas a la familia aseguraron que ya buscaban abogados para enfrentar la posible ofensiva legal.
La visita a Palacio
El episodio ocurre poco después de que Bartlett acudiera a reunirse con la consejera jurídica de la presidencia, según trascendió, para advertir sobre las presuntas intenciones del gobierno de Estados Unidos de detenerlo por el caso del asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El contexto es clave: tras la llamada entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez fue destituido como titular de la UIF, institución que había sido utilizada para perseguir adversarios y proteger a aliados de la 4T. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch finalmente asumió la UIF y rompió esa red de protección no solo para los Bartlett.
Obscuro pasado y presente
Bartlett carga un historial marcado por la represión y la corrupción. Como titular de Gobernación en los años ochenta se le vinculó con la represión a la izquierda, el asesinato del periodista Manuel Buendía y el propio caso Camarena. Con los años acumuló más de 25 propiedades valuadas en más de mil millones de pesos y protagonizadodiversos escándalos, entre los más recientes, el “huachicol eléctrico”, que sirvió para enriquecerlo y financiar campañas de Morena desde la CFE.
Aunque sin cargo oficial, su pareja, Julia Abdala, se convirtió en pieza clave de la red de corrupción en la CFE. Es una empresaria inmobiliaria y con intereses en sociedades médicas y de consultoría que actuó como bróker de negocios dentro de la paraestatal contando con Miguel Reyes, exdirector de CFE Energía, hoy protegido por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como su operador oficial.
La influencia de Abdala también se extendió a gobiernos locales. En Puebla de la mano de Bartlett, impusieron funcionarios: desde el gobernador sustituto Sergio Salomón Céspedes, hasta el secretario de Economía, Ermilo Barrera Novelo, y el alcalde de la capital, Pepe Chedraui. Más tarde Barrera Novelo, fue trasladado a Yucatán como secretario de Economía, para, junto a operadores de Bartlett, traficar con los derechos de vía del gasoducto Mayakan y promover negocios inmobiliarios y fiscales vinculados al “huachicol fiscal”.
También León Manuel Bartlett ha aprovechado la sombra paterna. Durante la pandemia, una de sus empresas fue exhibida por vender ventiladores a sobreprecio al IMSS. Aunque el contrato se canceló, quedó en evidencia su acceso privilegiado a licitaciones públicas gracias al poder político de su padre.
Impunidad asegurada
A pesar de los múltiples señalamientos, en México no existe una sola averiguación contra los Bartlett. Ni la Fiscalía General de la República (FGR) de Alejandro Gertz ni la UIF de Pablo Gómez tocaron a la familia. La protección ha sido tan evidente que muchas de las irregularidades se conocen gracias a investigaciones extranjeras.
El caso parece la punta del iceberg que podría desenredar la madeja. El entramado de corrupción y financiamiento ilegal no se limita a Bartlett y su familia; involucra a personajes como Mario Delgado, señalado por operar parte del esquema de huachicol para financiar las campañas de los gobernadores Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Rubén Rocha y de otros candidatos a diversos puestos.
La red se amplía
Detrás de este andamiaje aparece un esquema de saqueo montado desde Pemex y la CFE, donde, además de Bartlett, participaron Octavio Romero y dos exsecretarios de Estado: Adán Augusto López y Rocío Nahle con un beneficiario final, de acuerdo con investigaciones y testimonios: Andrés López Beltrán.
Las consecuencias de estas investigaciones podrían ser devastadoras para Morena. No se trata solo de proteger a una familia o varias familias, sino de blindar un sistema completo de financiamiento ilegal que compromete la legitimidad del régimen. De comprobarse que las campañas de 2024 se financiaron con dinero del narcotráfico y demás recursos ilícitos, podría abrirse la posibilidad de anular la elección.
Lejos de ser un episodio aislado, el caso Bartlett amenaza con convertirse en el detonador de un escándalo mayor. Lo que está en juego no es la reputación de un político nonagenario, sino la estabilidad de un movimiento que llegó al poder con la bandera de la honestidad y que hoy se ve atrapado en la misma corrupción que prometió erradicar.
El tiempo dirá si la presidenta rompe con la estirpe lópezobradorista o si decide seguir protegiéndolos, asumiendo el riesgo de arrastrar consigo a la nación.
X: @diaz_manuel