Este año que está por terminar se ha consolidado como un período de importantes progresos en materia de derechos reproductivos en México, con varios estados sumándose a la marea verde que busca garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo. Tanto mediante reformas legislativas locales como resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se han eliminado o flexibilizado las sanciones penales por aborto voluntario en distintas entidades, marcando un paso hacia la igualdad y la protección de los derechos humanos.
En febrero, Campeche se convirtió en el estado número 22 del país en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La iniciativa, presentada por la Comisión de Derechos Humanos del estado y respaldada por organizaciones de la sociedad civil, establece, además penas más severas para quienes obliguen a una mujer a abortar sin su consentimiento.
En abril, el Congreso de Yucatán aprobó una modificación similar, permitiendo la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. El proceso generó descontento entre los colectivos antiabortistas, que protestaron a las puertas del recinto legislativo y exigieron el rechazo de las iniciativas. A pesar de las objeciones, la reforma se concretó, sumando a Yucatán a la lista de estados que han avanzado en la protección de los derechos reproductivos.
Por su parte, en mayo, Tabasco eliminó las sanciones penales por aborto voluntario dentro del mismo plazo de 12 semanas. La medida fue aprobada por el Congreso local y tuvo el respaldo de organizaciones feministas y de derechos humanos, que consideraron que representaba un paso fundamental hacia la garantía de la salud y la autonomía de las mujeres.
La SCJN amplía el alcance de la despenalización
La SCJN emitió dos resoluciones importantes durante 2025 que ampliaron el alcance de la despenalización del aborto en el país. En enero, la Corte invalidó la penalización del aborto en Chihuahua, al considerar inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantes. El fallo judicial generó un profundo rechazo en parte de la sociedad chihuahuense, y grupos antiabortistas iniciaron una campaña para recolectar firmas y pedir al Congreso local que estableciera límites claros y restricciones al aborto.
Más tarde, en diciembre, la SCJN resolvió de manera similar en el caso de Tlaxcala, al eliminar normas que impedían el acceso a la interrupción legal del embarazo. El fallo judicial tuvo como base la sentencia emitida por la Corte en septiembre de 2023, en la que despenalizó el aborto voluntario a nivel nacional, considerando que la criminalización violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.
El caso de Aguascalientes
En Aguascalientes, este diciembre se cumplen dos años de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, una medida que se concretó en diciembre de 2023 tras una resolución de la SCJN y la aprobación del Congreso local. Sin embargo, en agosto de 2024, el Congreso redujo el plazo a seis semanas, lo que las organizaciones feministas calificaron de “prohibición disfrazada”.
La implementación de límites de seis semanas para el aborto en ese estado representa un retroceso significativo en materia de derechos reproductivos, ya que contradice los precedentes judiciales de la SCJN. Un límite de seis semanas —que a menudo coincide con el momento en que la mayoría de las personas aún no sabe que está embarazada— se acerca a una prohibición total, contraviniendo el espíritu y la letra de la sentencia.
Es importante tener en cuenta que Aguascalientes es un estado con una sociedad conservadora, donde, según datos del INEGI, el 81.35% de la población profesa la religión católica. Este contexto ha generado tensiones en el debate sobre el aborto, con movilizaciones tanto a favor como en contra de la despenalización.
Así las cosas, a pesar de los avances logrados durante 2025, la despenalización del aborto en México sigue enfrentando retos importantes. En algunos estados, la práctica sigue siendo estigmatizada, y hay obstáculos para el acceso a los servicios de salud reproductiva, como la falta de personal capacitado, la escasez de medicamentos y la resistencia de algunas instituciones médicas. Además, el aumento en la apertura de carpetas de investigación por aborto en algunas entidades, incluso en aquellas donde la práctica ya está despenalizada, ha generado preocupación entre los y las activistas, que consideran que se trata de una reacción política y social adversa a los cambios legislativos y judiciales.
La marea verde continúa avanzando, y es probable que en 2026 más estados se sumen a la despenalización del aborto, consolidando el derecho a decidir como fundamental en el país.