La conmemoración de los 216 años del inicio de la lucha por la independencia puede significar un espacio de reflexión en torno a la situación que guardan distintas instituciones clave de la organización política y administrativa de México, entre las cuales destaca el municipio. Si bien este adquirió su forma actual, atribuciones y esferas de competencia a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, sus raíces pueden encontrarse en las distintas modalidades del gobierno local implementadas a lo largo de la vida independiente de nuestro país.
Este orden está integrado por 2,462 municipios, más de 600 con alta presencia indígena al punto de que 421 eligen a sus autoridades por usos y costumbres, así como las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo cual representa un total de 2,478 unidades territoriales en las 32 entidades federativas del país. La diversidad cultural y geográfica de nuestra patria está reflejada en la considerable variedad de municipios: coexisten entidades de carácter urbano, con niveles de desarrollo económico y humano elevados con municipios rurales que aún manejan sus asuntos a través de usos y costumbres, derivados de prácticas ancestrales. Dicha diversidad, que por una parte representa una riqueza considerable para el país, implica también serios retos desde la perspectiva de su administración.
En principio, las autoridades municipales, electas a través del sufragio popular o, en los municipios de usos y costumbres, a través de sus propios mecanismos, corresponden al nivel de gobierno que tiene el mayor contacto con las necesidades y los requerimientos de la población, por lo cual deberían ser aquellas mejor posicionadas para atender a los reclamos ciudadanos. Sin embargo, en el terreno de los hechos, el orden municipal es, por lo general, aquel que cuenta con menores recursos materiales y humanos para llevar a cabo sus tareas institucionales, además de ser altamente susceptible al fenómeno de la corrupción.
La brevedad de los periodos de la gestión municipal, aun bajo la posibilidad de la reelección consecutiva para presidentes municipales, síndicos y regidores, no permite que la administración pública municipal cuente con la permanencia necesaria para fortalecer su gestión, debido, entre distintas causas, a la inexistencia de un servicio civil de carrera efectivo que permita la conservación y el acrecentamiento de las capacidades institucionales y la experiencia acumulada por los funcionarios públicos. Esta situación ha ocasionado que, en la mayoría de los casos, sea preciso iniciar de nueva cuenta la organización de las labores de los municipios cada tres años.
Por otra parte, la apertura democrática y la alternancia de distintos partidos en el ejercicio del poder han limitado la posibilidad de establecer una planificación de largo plazo de programas y políticas públicas para la atención a las necesidades de la población. Esta situación eleva el riesgo de dispendio de los escasos recursos presupuestales con los que cuentan los municipios, a lo cual se suma la considerable dependencia que tiene la mayoría de los municipios respecto a los recursos del gasto federalizado, debido a su muy escasa capacidad recaudatoria.
La consolidación efectiva del municipio como la unidad básica del federalismo pasa necesariamente por la profesionalización y permanencia de sus cuadros administrativos. Para revitalizar a este orden de gobierno es necesario superar importantes obstáculos, como la preeminencia de la autoridad del presidente municipal sobre la actuación de las otras instancias de gobierno, las limitaciones derivadas del escaso desarrollo económico presente en una gran cantidad de municipios, o la dificultad de armonizar las formas tradicionales de ejercicio de la autoridad con una gestión moderna.
Corresponde entonces a las instituciones académicas, como el Instituto Nacional de Administración Pública, en colaboración con las autoridades federales, estatales y locales, proponer alternativas para fortalecer las capacidades administrativas de los funcionarios públicos municipales. Este orden de gobierno está llamado a convertirse en un factor sustancial en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, sobre todo aquella que sufre de mayores niveles de marginación y vulnerabilidad.
El adecuado uso de los recursos públicos en el ámbito municipal puede lograrse a través de la profesionalización de sus funcionarios, así como de la implementación de un marco legal y administrativo eficaz y eficiente, y de una mayor participación ciudadana en el monitoreo de sus resultados. De esa manera, el municipio podrá convertirse en un agente eficaz y eficiente de progreso y desarrollo.