Desde el mundo del espectáculo surgió una pieza de información que, lejos de ser un simple chisme, revela algo mucho más profundo sobre la manera en que opera el dinero, el poder y la impunidad en México. Se filtró que un cantante sonorense habría trasladado, en efectivo, al menos 12 millones de pesos entre México, Estados Unidos y Argentina. La afirmación no es menor: supuestamente fue hecha por escrito ante un juzgado en Jalisco, como parte de un procedimiento en el que él mismo asegura haber pagado esas cantidades en efectivo. Es decir, que ante un juez se ha dicho que se pueden traficar hasta 12 millones de pesos o más sin dar explicación del origen lícito, que hay personas pagando aquellas cantidades igualmente en efectivo y que ni una sola autoridad es capaz de combatir ese fenómeno.
El problema no es únicamente el dinero. Es el contexto, el método, la intención y la absoluta falta de lógica financiera detrás de ese flujo de efectivo. Y sobre todo, es el hecho de que este tipo de movimientos, cuando se realizan sin declararse ante la autoridad fiscal o aduanera, son indicios claros de delitos que van desde la evasión fiscal hasta el tráfico o lavado de dinero.
En Estados Unidos, cualquier persona que ingrese o salga del país con más de diez mil dólares en efectivo debe declararlo. Eso equivale a 168,000 a 175,000 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio del día. No hacerlo tiene consecuencias graves: confiscación del dinero, multas elevadas y hasta penas de 12 años de prisión. En México ocurre lo mismo. La ley exige declarar montos superiores a diez mil dólares al ingresar o salir del territorio. No es un trámite optativo ni un capricho burocrático. La Ley para prevenir y sancionar el lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita prohibe operaciones de gran magnitud en efectivo. Es una obligación legal que existe precisamente para detectar y frenar el lavado de dinero y las operaciones financieras de origen dudoso. No es sorpresa que hablemos de Cristian Nodal.
Si este cantante movió millones entre ambos países en efectivo, tendría que existir una cadena documental que lo acredite: declaraciones aduanales, reportes ante Hacienda, comprobantes de origen lícito de esos recursos y trazabilidad bancaria.
Y aquí es donde la historia se rompe. Porque si esa documentación no existe, no solo estamos frente a movimientos irregulares. Estamos frente a la presunción de dos delitos claros: evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y hay un tercero, todavía más delicado: la posible falsedad de declaración ante una autoridad judicial. Si el cantante mintió al asegurar que entregó o trasladó esas cantidades en efectivo, la responsabilidad penal aumenta. No es una exageración. Rendir una declaración falsa ante un juez es un delito en México, con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo de la intencionalidad y las consecuencias. La primera es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contemplado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Esta disposición sanciona a quien transporta, custodia o traslada dinero con la intención de ocultar su origen o de evadir los controles del sistema financiero y fiscal. No es necesario acreditar que el origen sea criminal: basta con ocultarlo o no declararlo para que exista el delito. Las penas van de cinco a quince años de prisión.
La segunda figura es el contrabando equiparado, previsto en los artículos 103 y 104 del Código Fiscal de la Federación. Aunque está contenido en una norma fiscal, se trata de un delito federal con sanciones penales que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión. Esta conducta se actualiza cuando alguien introduce o extrae del país mercancías —incluido el dinero en efectivo— sin cumplir con las obligaciones aduaneras, entre ellas la declaración obligatoria de montos superiores a diez mil dólares. No se trata de un tecnicismo, sino de un mecanismo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
A lo anterior se suma un tercer delito cuando la persona, además de no declarar el efectivo, miente sobre estos hechos ante una autoridad judicial o administrativa. El artículo 247 del Código Penal Federal sanciona la falsedad de declaración, con penas que van de cuatro meses a cuatro años de prisión. Si la mentira se formula bajo protesta de decir verdad o ante un juez, la responsabilidad puede agravarse. En conjunto, mover efectivo por encima del límite permitido sin declararlo no es un error menor ni un descuido. Es una conducta que activa el sistema penal federal porque implica ocultamiento, evasión y riesgo para la integridad del sistema financiero. Y si además se falsea la información ante una autoridad, la conducta ya no solo es fiscal, sino también de engaño deliberado a las instituciones del Estado.
Ni hablar de que esto forma parte de la violencia vicaria que ejerce contra la madre de hija, demandada en este insólito concurso de delitos por parte de Nodal. Judicializar la vida de las madres y castigarlas desde lo económico forma parte de las agresivas cadenas que integran este tipo de violencia, en la que el siguiente paso se configura cuando las instituciones se integran a la estrategia de maltrato mediante la aceptación de demandas ociosas que ponen en riesgo la tranquilidad y estabilidad de una madre.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué es más grave? ¿Que un artista reconozca haber llevado consigo millones de pesos sin declararlos, o que mienta para justificar pagos inexistentes? Ambos escenarios son alarmantes, y ambos merecen la atención de las autoridades mexicanas y norteamericanas. Si se comprueba que el efectivo salió de México sin declararse, hay delito. Si no se comprueba, también hay delito. Por eso el Servicio de Administración Tributaria, encabezado por Antonio Dagnino, debería emitir la primera alerta. Es su obligación legal. Debe revisar si esos recursos fueron declarados como ingresos, si se pagaron los impuestos correspondientes, si existe un respaldo documental que permita identificar su origen y si se cumplió la normativa aplicable al traslado de efectivo.
El tema también es relevante para las autoridades estadounidenses. Si un ciudadano mexicano entra o sale de Estados Unidos con más de diez mil dólares en efectivo sin declararlo, se configura una violación federal seria. No hay excepción por ser artista ni por popularidad ni por pertenecer al mundo del espectáculo. Menos ahora que el combate al crimen organizado pasa por saber quienes son los operadores financieros o beneficiarios de los millones que generan las economías del dolor, que especialmente, mueven el dinero en efectivo y por la que otros cantantes ya han perdido su visa.
Y sin embargo, la historia tiene un componente adicional que no puede ignorarse. ¿Por qué elegir Jalisco como sede de un procedimiento en el que supuestamente se reconoce el traslado de grandes cantidades de dinero si ni él ni su hija viven ahí? ¿Es casualidad, conveniencia o parte de una red donde la opacidad es más fácil de lograr? Nadie quiere pensar en corrupción, pero el patrón deja sospechas: rutas poco explicadas, efectivo que cruza fronteras sin bancos, evasión de los sistemas formales de control y un uso del espectáculo para suavizar o encubrir actos que, vistos desde la óptica estrictamente legal, son graves. Probablemente, ese es el origen del dinero en efectivo que recibe y con tanta seguridad, nadie querría pensar en que algún juzgador de esa entidad también sea financiada por los que ahí mandan.
Hace unos días, conversando con Jesús Escobar Tovar, periodista agudo y siempre atento a los matices detrás de las historias públicas, comentábamos cómo la prensa rosa suele ser la primera en revelar irregularidades que, después, terminan siendo delitos plenamente confirmados. Sucedió cuando se dieron a conocer los pormenores de la Casa Blanca de Peña Nieto, que primero fue fotografiada para una revista de espectáculos donde la actriz favorita de la época presumía su estatus y vida cómoda. Es un fenómeno conocido: antes de que la política confiese, antes de que los expedientes se abran, antes de que los jueces hablen, el entretenimiento deja rastro. Así ocurrió en múltiples casos de desfalcos, corrupción y vínculos con el crimen organizado donde los indicios aparecieron primero en entrevistas, revistas de farándula o pleitos mediáticos.
Y hay que decirlo: la conducta del cantante no solo revela un patrón de irresponsabilidad financiera. Es machismo y patriarcado. Revela también la misma irresponsabilidad personal que ha mostrado al negarse a asumir plenamente sus obligaciones de paternidad. Es una paradoja que define a un cierto arquetipo del hombre mexicano: antes de cumplir con su hija, antes de reconocer derechos básicos, antes de afrontar responsabilidades familiares, prefiere declararse autor de delitos fiscales. Porque es eso lo que implica asegurar haber movido millones en efectivo sin declaración. Se incrimina antes que asumir la paternidad. Intenta ganar, pero pierde. Pierde credibilidad, coherencia, respeto social y ahora podría perder también su estabilidad fiscal y legal, o hasta la libertad si es que las autoridades se toman en serio eso de investigar.
Y todavía falta una pregunta clave: si este cantante realmente trasladó doce millones de pesos supuestamente destinados a su hija, ¿cuánto dinero está trasladando para su vida cotidiana, para su nueva familia, para gastos que no quiere que el SAT conozca? Porque si esa cifra es la que se atreve a poner por escrito ante un juez, es razonable suponer que no es la mayor, ni la única, ni la última. Habrá que investigar qué autoridades le han permitido y ayudado a convalidar esto.
México ya vio lo que ocurre cuando una figura pública, por famosa o influyente que sea, cree que puede desafiar al sistema fiscal. El caso de Ricardo Salinas Pliego es un recordatorio vigente. Por eso sería sano que este cantante entendiera que si el sistema patriarcal no se inmuta ante su irresponsabilidad como padre, sí lo hará ante su irresponsabilidad fiscal. Porque Hacienda no perdona y las fronteras tampoco.
La historia apenas comienza. Y si algo queda claro es que detrás de la música, los romances mediáticos y las polémicas en redes, hay un asunto que podría ser mucho más oscuro: quién le permitió cruzar fronteras con ese dinero y qué intereses están detrás de ese flujo en efectivo. Es hora de que las autoridades respondan. Y también es hora de que él empiece a facturar dónde debe: no en el show, sino ante el sistema que, si decide actuar, no lo hará con aplausos, sino con auditorías.
Peor tantito: Cuando un deudor alimentario o agresor vicario intenta instrumentalizar a las instituciones para seguir dañando a las madres, lo mínimo que debería hacer la autoridad es coordinar a todas las instituciones que conforman el sistema de seguridad financiera para perseguir a tales sujetos con la misma fiereza con que se persigue a otros criminales de cuello blanco.