En política pública suele ocurrir que una decisión tomada sin reflexión profunda crea la ilusión de resolver un problema y deja a la vista incentivos para agravar otro. La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Senado el 20 de octubre, ofrece un caso para examinar.
La norma faculta a la Secretaría de Hacienda para definir los sectores estratégicos y las actividades relevantes donde el pago digital será la única vía permitida. Hacienda tendrá quince días hábiles, desde la entrada en vigor del decreto, para decidirlo. La iniciativa dejó sin especificar cuáles serán esos sectores, y entonces el propio gobierno decide cuándo una contingencia permite volver al efectivo. La incertidumbre jurídica nace en el diseño pero forma parte de una serie de medidas y reformas que van deteriorando las actividades económicas.
No es casualidad la caída de México en el Índice de Estado de Derecho, que en la edición 2025 le dio a nuestro país el quinto lugar… pero de los países con mayor retroceso. El World Justice Project lo publicó el 28 de octubre de 2025 y colocó a México en el lugar 121 de 143. Un resumen del informe indica que Estados Unidos tuvo la sexta mayor caída, detrás de Rusia, Sudán, Mozambique, Togo y México.
Los funcionarios han mencionado gasolineras y casetas como primeras áreas de aplicación, con el argumento de la seguridad y el combate al lavado de dinero. Con ese horizonte, nadie podría cargar combustible ni cruzar una caseta sin tarjeta, transferencia o TAG. Aunque la ley contempla casos en que se podrá pagar en efectivo o con cheque, aquello debe escribirse en condicional, sujeto a lo que decida Hacienda y quien realice el cobro.
La Agencia de Transformación Digital sostiene que 98.45% de las estaciones opera con cobertura de internet y que 95% tiene terminal pero un diputado del PRI refirió que en las más de seiscientas casetas del país las fallas del sistema y la falta de señal en las terminales obligan al uso de billetes y monedas. El pueblo usa efectivo, independientemente de las fallas. La Secretaría de Hacienda informó que 47.4% de los pagos de combustible se hace en efectivo, y la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 indica que 85.2% de la población lo usa con frecuencia en compras de quinientos pesos o menos.
En zonas rurales y en tramos carreteros alejados, la terminal depende de una señal que no siempre llega. Buena parte del comercio pequeño y mediano opera con efectivo porque su entorno lo exige. Nadie abandona el billete por decreto. Esta reforma, paradójicamente, es el sueño liberal y es una medida que podría afectar directamente a los más pobres, a quienes se dedican al trabajo informal y al comercio, quienes no reciben necesariamente un sueldo por transferencia.
Quien llegue a una estación sin poder pagar por medios electrónicos, ya sea por una falla de conexión, por no tener cuenta o por una tarjeta rechazada, enfrenta dos caminos. Puede quedarse varado o puede comprarle a quien venda combustible sin terminal y sin exigencias. Ese vendedor fija el precio, y el precio puede incluir un sobrecosto por la urgencia. Si además cuenta con estrategia fiscal, podría acreditar gasto en combustible y obtener deducciones.
El caso del huachicol fiscal reveló que el problema nunca estuvo en los pobladores que perforan ductos de madrugada. Estuvo en agentes grandes y sofisticados, capaces de mover combustible sin pagar impuestos al declararlo como otro producto, aceite de autos, por ejemplo. Esos actores tienen infraestructura, abogados y contadores. Son quienes terminarían recibiendo el efectivo de los que no alcanzaron a modernizarse a tiempo, o de quienes en un momento específico no pudieron pagar por el medio que la ley establece.
Me explico. La razón por la que estas disposiciones son oro molido para los dedicados al huachicol es que, lejos de que las personas dejen el efectivo de la noche a la mañana, aquellos que no puedan pagar con medios electrónicos en una gasolinera serán los orillados a comprarle directo al huachicolero y seguramente a sobreprecio.
Las restricciones al efectivo son un gran incentivo para que el huachicolero extienda sus servicios a la venta de combustible justamente en efectivo, con los riesgos que eso conlleva. Con franqueza, cualquiera con una necesidad inminente como estar en medio de una carretera sin poder pagar en efectivo podría quedar en manos de quien ofrezca un bidón de combustible a sobreprecio.
El negocio puede resultar redondo, porque quien compra combustible con tarjeta puede deducir ese gasto, aunque lo destine a revenderlo a terceros en efectivo, un ingreso que no necesariamente declara, o sea, que el ingreso por la reventa queda fuera de la declaración y el efectivo sigue circulando. Después de todo, justo el huachicol fiscal revela entramados sofisticados de agentes capaces de transportar combustible y alcanzar beneficios con redes que alcanzan a los altos mandos militares. Ellos, que sí tienen infraestructura y estrategias fiscales, terminarán recibiendo efectivo de los que no alcanzaron a modernizarse a tiempo o de aquellos que simplemente, en un momento específico no pudieron pagar por los medios preestablecidos por la ley.
Si el problema, supuestamente, es el lavado de dinero y el efectivo que lo permite, pero una disposición es tan restrictiva que indirectamente fomenta mercados negros que permitan usar el efectivo, ¿a quién le han trasladado el riesgo y la carga para cumplir con la ley? La libertad, después de estar atada de manos por un gobierno ocurrente, podría terminar amagada por la última opción que responda a las condiciones fácticas de un país en el que la mayoría de la población usa efectivo. Unos por gusto, otros simplemente por necesidad. La ley crearía demanda de combustible vendido fuera de la terminal, y esa demanda podría ser atendida por oferta ilícita.