Las víctimas del Estado Mexicano: desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, (26 septiembre 2014). La matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
Las autoridades mexicanas son las responsables de no violar los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio mexicano. Aunque pasen lustros o décadas de los acontecimientos abominables contra el pueblo, los gobernantes tienen que responder.
Millones de mexicanos escuchamos o leímos la terrible noticia que sacudió a México, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, cuando Ángel Aguirre Rivero, era el gobernador (2011-2014) del estado de Guerrero. Ya se encuentra detenido.
El pasado 6 de agosto de este año fue detenido y vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La FGR lo acusa de su presunta participación en el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
Año 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el acuerdo por el cual en nombre y representación del Estado Mexicano se reconoció “que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 contra integrantes del movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad”, (Gobierno de México, 2024).
El Gobierno Federal ofreció disculpas públicas.
Desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones y detenciones arbitrarias son delitos establecidos en el código penal; las y los servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal no deben violar derechos humanos. Ni por acción u omisión: que la ignorancia no prevalezca.
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, informó que “hay documentos evidencian las violaciones cometidas por gobernantes entre 1951 y 1990 para impedir la democracia y limitar los derechos del pueblo”.
Como parte de su trabajo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó las ediciones impresas de la recomendación general 46/2022 y la recomendación 98VG/2023 sobre violaciones graves a derechos humanos cometidas en el pasado reciente de nuestro país.
México tiene memoria. El sufrimiento de las familias mexicanas porque no han encontrado justicia ante las desapariciones o asesinatos de sus familiares es inconcebible, intolerable y vergonzoso que las supuestas “autoridades” permitan hechos tan desgarradores.
Responsabilidades de determinados funcionarios, la obstaculización de las investigaciones, encubrimientos, un trabajo deficiente que viola derechos humanos de millones de personas. ¡Inconcebible!