En materia de políticas públicas educativas, en este inicio de 2026, México amanece con tensiones, discrepancias y fuerzas que chocan. No es un conflicto reciente, porque se ha registrado desde principios de 2025, tal como lo comenté en un texto de marzo del año pasado: “SEP: la disputa por el proyecto educativo nacional”, SDPnoticias, 21 de marzo, 2025 (ver: https://www.sdpnoticias.com/opinion/sep-la-disputa-por-el-proyecto-educativo-nacional/). Lamentablemente, desde las últimas semanas de 2025, el conflicto se ha agudizado. Veamos.
Los actores sociales involucrados en esta singular disputa por la SEP, en movimiento, son en particular, las élites de la Secretaría de Educación Pública (SEP): desde el titular de la dependencia y subsecretarias o subsecretarios hasta las y los mandos medios y bajos; pero también participan otros actores desde el más alto nivel del poder político: Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), presidenta de la república, dirigentes de partidos políticos, legisladoras y legisladores, poderes fácticos (la comentocracia, por ejemplo), y líderes sindicales, de todos los signos y banderas.
Aunque la contienda hasta el momento ha sido declarativa y sin acciones concretas, los motivos de la disputa por la SEP son dos: 1) el contenido ideológico del proyecto educativo de la 4T (inexistente hasta antes de 2018, y que ha estado en construcción durante los últimos siete años); y 2) la actuación reciente (2024-2025) de las y los funcionarios de la dependencia gubernamental rectora de la educación pública en el país (SEP). Ello, en parte, a raíz de la publicación oficial de unos cuadernillos de apoyo docente para la enseñanza de las matemáticas para la educación básica, que al parecer no fueron revisados, editados ni evaluados por Marx Arriaga, director de materiales educativos de la SEP, y colaboradores.
Arriaga, a quien se ratificó en el cargo durante el actual sexenio, porque fue nombrado para ese puesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2021, cuestionó a otras y otros colegas funcionarios de la SEP, a quienes califica de cloacas, o sea, grupos de presión internos y externos que se mueven por intereses de grupos o desde empresas y centros de poder con fines de lucro, a través de estructuras ocultas o ilegales dentro de las instituciones públicas. Cabe resaltar que los proyectos editoriales de la SEP son muy atractivos para la industria editorial privada y que, por ello, las relaciones entre esta dependencia y las casas editoriales es motivo de controversia y confrontación en términos de representar un proyecto educativo privatizador.
Es éticamente válido señalar a las “cloacas” y denunciar actos ilegales o de corrupción dentro de las instituciones del Estado, pero ello habrá de ejercerse a través de los canales institucionales y mediante gestiones dentro del llamado “orden” legal-institucional.
Sin embargo, Arriaga ha decidido litigar en los medios, a través de denuncias públicas de colegas funcionarios mediante declaraciones escritas y orales, lo que se puede interpretar no solo como una muestra de deslealtad e indisciplina institucionales en el orden de las jerarquías, la normatividad y las líneas de mando internas, sino que representa una profunda ruptura entre personalidades, equipos de trabajo y proyectos de transformación de la educación y de la vida pública del país. Con estos hechos, se podría decir que se ha roto la frágil unidad en la diversidad dentro de esta zona del gobierno federal de signo morenista.
Es sabido que al interior de la propia SEP (como sucede en cualquier institución del Estado), hay grupos de poder entre funcionarios del gobierno federal en turno, que generalmente, no siempre, trabajan en unidad dentro de la diversidad; por ello, la misma presidenta Sheinbaum minimizó esos hechos y los calificó como “discrepancias normales”, pero no se podría negar la existencia de una tecnoburocracia que ocupa espacios de poder y de decisión en materia de políticas públicas educativas en la SEP y que, en especial, se ha colocado y conservado ahí por más de 30 años.
Particularmente, una parte importante e influyente de la actual tecnoburocracia incrustada en la SEP es la misma que ha dirigido y gestionado las políticas públicas educativas del periodo neoliberal (1992-2018). Por lo tanto, estamos frente a un núcleo de contradicciones no menores donde la resolución de los problemas actuales no parece caminar por las vías institucionales.
Cuando alguna periodista le preguntó, la semana pasada, a la doctora Sheinbaum Pardo, durante una conferencia matutina, acerca de su postura ante las declaraciones de Arriaga, ella contestó, entre otras cosas: “Una persona no puede ser la portadora de las ideas de la 4T”, y que “Mario Delgado, titular de la SEP, y Noemí Juárez, subsecretaria de educación básica y jefa directa de Arriaga, hacen un magnífico trabajo”.
Suena bien, pero Marx Arriaga, quien ya representa de por sí una incomodidad dentro de una dependencia que no hace trabajo en equipo ni practica el pensamiento crítico, sigue ahí sin ser tocado, ni por el pétalo de una liquidación laboral. Por ello, la semana pasada pregunté lo siguiente, en redes sociales digitales: ¿Quién lo mantiene en la SEP? ¿Quién es la o el jefe real de este personaje?
Por otra parte, señalé y cuestioné públicamente lo siguiente: la declaración de Arriaga, en el sentido de crear otra SEP, a través de comités de defensa “obradoristas” para “rescatar el sentido original de la nueva escuela mexicana” (NEM) ¿Es broma del día de los Santos Inocentes?
En este clima de confrontaciones protagonizadas, sobre todo, por la élite del poder público en la SEP, un actor social y educativo ausente en esta disputa es, sin embargo, la y el docente de aula, de escuela, tanto de la educación básica como de la media superior y superior, que está interpelado, mas no convocado, en las intenciones de los grupos y en los discursos en tensión que los acompañan; son actores que no tienen signos, voz, ni espacios de participación real en la toma de decisiones.
Pienso, finalmente, que el discurso de Arriaga y colaboradores o simpatizantes es más una reivindicación de un poder dado desde arriba y que no ha sido construido desde abajo, es decir, desde las bases magisteriales o de docentes y directivos que trabajan en las escuelas a ras de piso. Y que su discurso está muy lejos de representar una amenaza, como lo manejan algunos medios de comunicación y espacios de información en redes sociales, debido a que impulsa, supuestamente, una línea de adoctrinamiento o de sobre ideologización de la educación pública en el país.
Primero, eso no puede representarse así porque todo proyecto educativo de una nación es un proyecto por definición ideológico. Así es que está por demás descalificar o satanizar el tema de las ideologías o invocar a las falsas neutralidades ideológicas y políticas en el ámbito educativo.
Segundo, porque la noción de nueva escuela mexicana (NEM), además de ambigua, fue construida de manera coyuntural, es decir, al calor de los cambios constitucionales y legales generados, en 2019, durante el desmantelamiento de la reforma educativa estructural del sexenio 2012-2018, a través de una reforma educativa obradorista negociada o pactada con la oposición, y que abanderó, en parte, las demandas educativas y sociales del magisterio nacional en contra de las políticas públicas del presidente Peña Nieto.
Cabe recordar dos hechos en ese sentido con la intención de aportar más argumentos: 1) la primera vez que se habló de NEM fue en una conferencia matutina (2019), en Palacio Nacional, en voz del entonces titular de la SEP, Esteban Moctezuma, que venía de colaborar, por años, con el grupo de Salinas Pliego y la Fundación Azteca. Por eso desde ese año, 2019, en el marco constitucional y legal de la educación en México prevalecen, hasta hoy, términos del lenguaje “gerencialista” y “tecnocrático” utilizados durante el último cuarto de siglo por los funcionarios de la SEP para entender y describir los procesos educativos, tales como: “excelencia”, “mejora continua”, “máximo logro de aprendizaje”, “evaluaciones individuales de docentes y directivos escolares” (Ley del SICAMM, 2019), sin reconocer ni valorar a los colectivos docentes en los procesos de evaluación, entre otros conceptos.
Y 2), si bien, tanto el nombramiento como la actuación de Mario Delgado al frente de la SEP (2024) son indefendibles, porque ha sido un funcionario proclive para promover o abrir la puerta a proyectos de negocios, queda claro que las incongruencias y contradicciones del proyecto educativo nacional, en ciernes, del gobierno de AMLO y de CSP no son recientes, sino que nacieron durante el año 2019 y que, al parecer, tienen o tendrán continuidad a lo largo del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación.