Han transcurrido 116 años desde el inicio de la Revolución mexicana, 32 años de las palabras que Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994, frente al Monumento a la Revolución: “Yo veo un México con hambre y con sed de justicia” aquella sentencia que estremeció al país porque describía una realidad que millones de mexicanos conocían demasiado bien. Hoy, después de generaciones de gobiernos, reformas constitucionales, alternancias políticas, programas sociales y proyectos que han prometido transformar nuestra nación, la pregunta resulta inevitable: ¿cuánto hemos conseguido realmente para que esa hambre y esa sed de justicia desaparezcan?

Sería injusto afirmar que México no ha cambiado, porque existen avances sociales, políticos y económicos innegables. Pero también sería una enorme irresponsabilidad sostener que las deudas históricas de la Revolución están saldadas cuando persisten la pobreza, la desigualdad, la violencia, la impunidad y las enormes dificultades de millones de ciudadanos para ejercer plenamente sus derechos.

Este viernes 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En su mensaje reivindicó el legado de democracia, soberanía, libertad y justicia social de aquel movimiento, defendió la orientación de su gobierno y señaló que el derecho a elegir gobernantes debe acompañarse del derecho a una vida digna. Se trata de una afirmación que conecta directamente con las aspiraciones revolucionarias, pero que también plantea una exigencia para cualquier administración pública: demostrar que los derechos proclamados en los discursos encuentran correspondencia en la realidad. Porque la justicia social no pertenece en exclusiva a ningún partido, corriente ideológica o proyecto de gobierno. Es una obligación constitucional y una aspiración colectiva que debería comprometer a quienes ejercen responsabilidades públicas, independientemente de su origen político.

La Revolución iniciada en 1910 tuvo múltiples causas, protagonistas y contradicciones. El levantamiento convocado por Francisco I. Madero respondió al prolongado autoritarismo porfirista, a la concentración del poder y a la ausencia de condiciones democráticas, pero pronto incorporó demandas profundas relacionadas con la tierra, las condiciones laborales y los derechos sociales. Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y tantos otros personajes representaron intereses y proyectos que no siempre coincidieron, e incluso llegaron a enfrentarse violentamente. Sería una simplificación presentar aquella transformación como una empresa uniforme, sin disputas ni contradicciones. Su legado institucional más trascendente encontró expresión en la Constitución de 1917, particularmente en el reconocimiento de derechos sociales que modificaron profundamente el orden jurídico mexicano y establecieron obligaciones que continúan vigentes.

Pero las constituciones no transforman automáticamente la vida de las personas. Los derechos necesitan instituciones que los hagan efectivos, presupuestos que permitan cumplirlos, autoridades responsables y ciudadanos capaces de exigir su observancia.

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Durante más de un siglo, México construyó instituciones educativas, sistemas de salud, mecanismos de protección laboral y espacios de participación política que modificaron sustancialmente las condiciones de vida de amplios sectores de la población. También atravesó periodos de autoritarismo, corrupción, desigualdad y conflictos sociales que evidenciaron la distancia entre las promesas revolucionarias y su cumplimiento. Reconocer los avances no significa olvidar los errores, así como señalar las deficiencias actuales tampoco obliga a desconocer las conquistas obtenidas por generaciones de mexicanos.

En ese largo recorrido aparece Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien pronunció uno de los discursos políticos más recordados de nuestra historia contemporánea precisamente frente al Monumento a la Revolución. Era el 6 de marzo de 1994, durante el aniversario del Partido Revolucionario Institucional, del cual era candidato presidencial. Su mensaje abordó las desigualdades, las demandas de comunidades indígenas, las limitaciones del poder político y la necesidad de reformas profundas. No habló desde la oposición, sino desde el partido que había gobernado México durante décadas. Ahí radicó parte de su enorme trascendencia: el señalamiento de que existía un México agraviado, con exigencias de dignidad y justicia, provenía de quien aspiraba a encabezar el gobierno surgido de aquella misma tradición política.

Diecisiete días después, el 23 de marzo, Colosio fue asesinado en Tijuana. Su muerte truncó una trayectoria y convirtió su discurso en una referencia permanente de la política nacional. No corresponde atribuirle retrospectivamente resultados que nunca tuvo oportunidad de demostrar en el ejercicio de la Presidencia, ni presentar su figura como si hubiera estado exenta de contradicciones políticas. Pero tampoco podemos ignorar la fuerza de su diagnóstico. Cuando habló de un país con hambre y sed de justicia, condensó una realidad que trascendía el momento electoral y que sigue siendo útil para examinar las obligaciones incumplidas de las instituciones.

32 años después, los datos permiten apreciar simultáneamente los avances y las deudas. De acuerdo con la medición del INEGI correspondiente a 2024, la pobreza multidimensional afectaba al 29.6% de la población, equivalente a 38.5 millones de personas. La disminución respecto de mediciones anteriores representa un avance importante que debe reconocerse. Pero esa misma información muestra que millones de mexicanos continuaban sin ingresos suficientes y con carencias en el ejercicio de sus derechos sociales. Además, 34.2% de la población presentaba carencia por acceso a los servicios de salud y 48.2% carecía de acceso a la seguridad social.

La pregunta, entonces, no puede ser simplemente si México ha mejorado. En numerosos aspectos lo ha hecho. La cuestión es si los avances han sido suficientemente amplios, sostenidos y equitativos para garantizar condiciones dignas a toda la población. Una familia puede haber mejorado sus ingresos y continuar enfrentando enormes dificultades para recibir atención médica o acceder a una vivienda adecuada. Un trabajador puede obtener empleo sin contar con seguridad social ni oportunidades de desarrollo profesional. Una comunidad puede disponer de infraestructura básica y seguir padeciendo violencia, extorsión o ausencia de servicios públicos de calidad. La justicia social no se agota en entregar apoyos económicos ni puede medirse exclusivamente mediante indicadores agregados. También exige oportunidades, instituciones eficientes y condiciones que permitan a las personas construir su propio bienestar.

La educación representa uno de los terrenos donde esa exigencia se vuelve especialmente relevante. La Revolución contribuyó a establecer la educación pública como una responsabilidad fundamental del Estado, y su expansión transformó profundamente el país. Pero actualmente no basta con abrir espacios escolares o aumentar la matrícula. Es necesario garantizar aprendizajes, reducir desigualdades regionales, fortalecer capacidades científicas y tecnológicas y preparar a las nuevas generaciones para una economía que cambia con extraordinaria rapidez. Los jóvenes necesitan oportunidades reales para acceder al conocimiento, desarrollar habilidades, incorporarse a actividades productivas y mejorar sus ingresos. Cuando esas oportunidades dependen excesivamente del lugar donde nacieron, de los recursos familiares o de las condiciones sociales de su comunidad, la promesa de movilidad social continúa incompleta.

Algo semejante ocurre con el trabajo. Los derechos laborales reconocidos a partir del constitucionalismo social representaron una conquista histórica, y durante los últimos años se han registrado mejoras importantes en los salarios mínimos y en determinadas condiciones laborales. Pero millones de personas siguen enfrentando informalidad, falta de seguridad social, ingresos insuficientes o dificultades para encontrar empleos estables. La justicia social no consiste únicamente en distribuir recursos públicos, por necesarios que puedan resultar para determinados sectores. También implica fortalecer la capacidad productiva, promover inversiones responsables, capacitar trabajadores, facilitar el emprendimiento y crear condiciones para que el esfuerzo individual encuentre oportunidades efectivas de progreso. Sin crecimiento productivo, instituciones sólidas y mejores empleos, las políticas redistributivas enfrentan limitaciones que deben reconocerse.

Y si hablamos de justicia en su significado más directo, el desafío adquiere una dimensión todavía más grave. Una sociedad no puede considerarse plenamente justa cuando las víctimas de delitos encuentran obstáculos para denunciar, cuando las investigaciones no avanzan oportunamente o cuando familias enteras viven con temor ante amenazas de grupos criminales. La impunidad, las desapariciones, la violencia contra las mujeres y las distintas formas de extorsión representan heridas que ningún discurso conmemorativo puede cerrar. La seguridad y el acceso a la justicia no constituyen beneficios adicionales que el Estado pueda ofrecer según sus posibilidades políticas; son responsabilidades fundamentales que deben cumplirse mediante instituciones profesionales, investigaciones eficaces y respeto a los derechos humanos.

Aquí conviene recuperar otra dimensión de la advertencia de Colosio: la necesidad de transformar el ejercicio del poder. Las desigualdades y las injusticias no se explican exclusivamente por la insuficiencia de recursos económicos. También influyen la corrupción, los privilegios indebidos, la falta de transparencia y las deficiencias de instituciones que deberían actuar al servicio de la sociedad. Cuando un ciudadano debe recurrir a influencias para obtener un servicio público, cuando una víctima necesita presionar durante años para que se investigue un delito o cuando una autoridad utiliza sus atribuciones para favorecer intereses particulares, la igualdad jurídica prometida por la Constitución pierde eficacia en la vida cotidiana.

La confianza ciudadana constituye, por tanto, una condición indispensable para avanzar. Los mexicanos necesitan instituciones en las que puedan confiar y autoridades que demuestren, mediante hechos verificables, que la legalidad se aplica sin excepciones. Pero esa responsabilidad no corresponde únicamente al gobierno federal ni puede atribuirse exclusivamente a una administración. Compromete a los poderes públicos, a los gobiernos estatales y municipales, a quienes imparten justicia, a los órganos de control y a los sectores económicos y sociales que participan en el desarrollo nacional. La corrupción y las complicidades criminales, cuando se acreditan, deben investigarse y sancionarse sin convertir las sospechas en condenas indiscriminadas contra instituciones completas.

La conmemoración de este 20 de noviembre también obliga a reflexionar sobre la democracia. Madero levantó la bandera del sufragio efectivo no reelección, demandas que adquirieron enorme trascendencia histórica. México ha construido mecanismos electorales, espacios de pluralidad y condiciones de competencia política que representan avances respecto de aquel país gobernado durante décadas por un solo hombre. Sin embargo, la democracia no puede reducirse a la celebración periódica de elecciones ni agotarse en determinar qué partido obtiene más cargos. Necesita instituciones confiables, respeto a la ley, libertades efectivas y gobiernos obligados a rendir cuentas. La legitimidad electoral es fundamental, pero también lo es la capacidad de las autoridades para responder a las necesidades de la ciudadanía.

En ese sentido, los discursos oficiales que reivindican el legado revolucionario deben someterse al mismo examen que cualquier proyecto político. Reconocer medidas que han producido beneficios no significa otorgar un cheque en blanco a quienes gobiernan. Criticar decisiones cuestionables tampoco obliga a negar los resultados positivos que puedan acreditarse. La evaluación democrática requiere información, apertura al debate y disposición para corregir errores. Ningún gobierno puede proclamarse dueño exclusivo de la justicia social ni pretender que su identidad ideológica lo exima de demostrar resultados. La herencia de la Revolución pertenece a México y sus objetivos deben servir para exigir responsabilidades a todas las fuerzas políticas.

Por eso la evocación de Colosio resulta particularmente pertinente. Su discurso no debería convertirse en un instrumento para la nostalgia partidista ni en una consigna que cada grupo utilice para desacreditar a sus adversarios. La fuerza de aquella intervención reside en las preguntas que todavía plantea: ¿qué ocurre con quienes no encuentran oportunidades?, ¿quién responde por las comunidades marginadas?, ¿cómo se corrigen los abusos del poder?, ¿qué significa realmente construir una sociedad justa? Son preguntas que deben dirigirse a quienes gobiernan hoy, pero también a quienes gobernaron anteriormente y a quienes aspiran a asumir responsabilidades públicas en el futuro.

México no es el mismo país de 1910 ni el de 1994. La población ha crecido, la economía se ha transformado, las instituciones han cambiado y millones de ciudadanos han mejorado sus condiciones de vida. Sería históricamente falso negar esas transformaciones. Pero también sería complaciente interpretar los avances como una autorización para desatender las carencias que persisten. Mientras millones de personas continúen enfrentando pobreza, dificultades de acceso a la salud, inseguridad o falta de oportunidades, la aspiración de justicia social seguirá demandando resultados.

La historia puede inspirar, pero no debe utilizarse para sustituir la responsabilidad presente. Los héroes revolucionarios no pueden resolver las deficiencias administrativas de nuestro tiempo; las palabras de Colosio tampoco pueden reemplazar políticas públicas eficaces. Corresponde a las generaciones actuales fortalecer instituciones, vigilar el uso de los recursos públicos, impulsar oportunidades económicas y exigir que los derechos constitucionales se traduzcan en experiencias reales para los ciudadanos.

¡No basta con desfilar frente a los monumentos, pronunciar discursos sobre los héroes nacionales o reivindicar una transformación histórica! La justicia debe sentirse en las escuelas que ofrecen educación de calidad, en los hospitales que atienden oportunamente, en los empleos que permiten vivir con dignidad, en las comunidades donde se puede trabajar sin miedo y en los tribunales donde las víctimas encuentran respuestas.

Tampoco basta con repetir las palabras de Colosio cada vez que una conmemoración política ofrece ocasión para hacerlo. Aquella advertencia no debería convertirse en una reliquia de la oratoria nacional, sino en una exigencia permanente de honestidad, eficacia gubernamental y respeto a la dignidad humana.

La sentencia histórica es contundente: una Revolución que reconoció derechos sociales no puede considerarse plenamente realizada mientras millones de personas enfrenten dificultades para ejercerlos. Y una democracia que ofrece a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus gobernantes debe demostrar también que sus instituciones pueden protegerlos y servirles.

¡Han pasado 116 años desde el inicio de la Revolución y 32 desde que Colosio habló de un México con hambre y sed de justicia! No estamos igual en todo, porque sería absurdo negar los avances. Pero todavía existen demasiados mexicanos para quienes la justicia continúa siendo una aspiración lejana, la seguridad una preocupación diaria y las oportunidades una promesa pendiente.

Y aquí está la sentencia final: la Revolución Mexicana no necesita más ceremonias que sustituyan a los resultados, ni Colosio necesita más homenajes que repitan sus palabras sin atender su significado. Ambos nos recuerdan que el verdadero sentido del poder público consiste en servir a la sociedad y garantizar derechos, no solamente en administrar discursos, símbolos y conmemoraciones.

Porque el día en que los mexicanos puedan vivir con seguridad, acceder efectivamente a la justicia, encontrar oportunidades y ejercer sus derechos sin depender de privilegios ni influencias, entonces podremos decir que una parte sustancial de aquellas demandas históricas ha encontrado respuesta.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com