México, 27 Feb. (Notimex).- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCADF) informó a la ALDF el estatus de juicios laborales iniciados en 2002 contra el Bufete Industrial S.A., y que a la fecha no han concluido por diversas razones.

En la reunión con funcionarias de la junta, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Eguren Cornejo, señaló las irregularidades con que operaba la empresa Bufete Industrial S.A., y las demandas que desde 2002 hicieron más de 100 trabajadores.

Por ello, el legislador del partido blanquiazul solicitó a los funcionarios de la Junta aclarar la situación jurídica, que lleva más de 10 años, para que haga justicia en beneficio de los ex trabajadores de esa empresa.

Recordó que a pesar de que desde 2004 la JLCADF emitió una sentencia favorable a los ex trabajadores de la empresa para el pago de su liquidación, hasta la fecha no se les ha entregado ningún recurso económico.

Eguren Conejo precisó que con base en el expediente 376/2002, emitido por la Junta, cada uno de los ex empleados de la empresa, que cerró en 2002, tendrá que recibir la cantidad de 500 mil pesos, más el recuento de los salarios caídos hasta el cumplimiento del pago.

Sin embargo, aun cuando la JLCADF favoreció con un primer pago de 82 millones de pesos y otro de nueve millones a los ex trabajadores de la industria constructora, ésta evade su responsabilidad, abundó el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erasto Ensástiga, reconoció la presencia de las tres representantes de la JLCA, que por ser un órgano autónomo no está obligado a acudir a esas reuniones.

A su vez, la secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta, Teresita de Jesús Oñate, y las titulares de las Juntas número 13 y 14, Laura Villar Naranjo y María Teresa Cabello Arellano, respectivamente, explicaron el estado de cada expediente.

Las funcionarias informaron a los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social que un expediente está inactivo desde 2010 y podría ser archivado si el promovente no lo reactiva.

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